En un fallo emitido de manera unánime, la Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos de Enrique Omar “Caballo” Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y una decena de dirigentes afines a esa entidad respecto a una causa donde se les endilga la comisión del delito de administración pública fraudulenta.
El 13 de junio de 2022, el Tribunal Oral Federal N°4 de la Capital Federal había absuelto a los 16 acusados por una serie de ilícitos presuntamente cometidos cuando Suárez encabezaba el SOMU. Con esa absolución, el TOF también levantó todas las medidas de restricción que pesaban sobre el líder sindical, entre ellas el uso de una tobillera que controlaba el perímetro de sus movimientos. La fiscalía representada por Juan García Elorrio había pedido condenas de seis años y ocho meses de prisión para Suárez y el resto de los encausados.
Cuatro meses después, en una decisión dividida, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa sentencia tras considerar que las absoluciones dictadas se basaron en un “análisis fragmentario” de la prueba del caso. De ese modo ordenó al tribunal de origen dictar una nueva sentencia teniendo en cuenta que la mayoría de las maniobras delictivas “se enmarcaron en un contexto de un uso abusivo de estructuras societarias” que estaban “íntimamente vinculadas”, ya que los acusados “de manera simultánea cumplían roles en las mismas” y eran “beneficiarios finales” de esas actividades.
El exlíder sindical estuvo bajo prisión preventiva durante tres años luego de una orden de detención en 2016 del juez federal Rodolfo Canicoba Corral en virtud de una denuncia de Gladys González, interventora del SOMU designada durante el gobierno de Mauricio Macri. A fines de diciembre de 2017, el magistrado Luis Rodríguez le concedió prisión domiciliaria con base en sus problemas de salud. Sin embargo, esa resolución fue revocada dos semanas más tarde y el “Caballo” Suárez volvió a prisión. Un año después, en abril de 2019, logró obtener una nueva prisión domiciliaria y a fines de ese año finalmente fue excarcelado por el TOF 4.
El sindicalista ejerció el cargo de secretario general del SOMU desde 1989 hasta abril de 2016, cuando quedó detenido. Fue uno de los gremialistas más cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner. El juicio en su contra comenzó en 2019 y en su alegato de cierre, el fiscal del caso le endilgó a Suárez una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas, tomando los recursos de los asociados o afiliados para la obtención de beneficios indebidos”.
Los jueces Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez del TOF 4 rechazaron por unanimidad las acusaciones del Ministerio Público Fiscal. Descartaron la comisión de la administración fraudulenta con sustento en una pericia contable que no arrojó resultados concluyentes respecto a una defraudación intencionada en el gremio. Consideraron que el imputado tampoco había cometido los delitos de asociación ilícita, coacciones agravadas y entorpecimiento de la navegación. Apelación mediante, el expediente llegó hasta el máximo tribunal penal del país, donde los camaristas Daniel Antonio Petrone y Juan Carlos Gemignani coincidieron en revocar la absolución del delito de administración pública fraudulenta en perjuicio del sindicato, la mutual y la obra social de Obreros Marítimos Unidos. El juez Mariano Borinsky optó por confirmar la absolución en virtud del beneficio de la duda.
Llegados los planteos en queja hasta la Corte, el Máximo Tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los desestimó por falta de sentencia definitiva. De esta manera, las actuaciones volverán al tribunal de origen para que se dicte una nueva sentencia ajustada a los lineamientos planteados por Casación.
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