El abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), pidió hoy que se cite a declaración indagatoria en la justicia argentina al dictador venezolano, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad. El pedido fue hecho ante el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos tras las elecciones presidenciales de ayer en Venezuela que según el gobierno ganó Maduro y en las que la oposición denunció fraude.
En la causa se investigan distintos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores. El juez Ramos ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.
La querella ya reclamó la indagatoria de Maduro “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin debida justificación”, según el escrito que presentaron y al que accedió Infobae. El pedido de indagatoria se basa ten res informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.
El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.
Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.
El último de los informes de la Misión, incorporado a la causa, identifica los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas. Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Y el detalle sobre las condiciones de alojamiento: la “privación de alimentos y agua”, obligarlos a comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.
El pedido de indagatoria se centra en lo que se conoce como justicia universal que permite juzgar en un país los crímenes de lesa humanidad que se cometen en otro pero que no se investigan. “La Ley 26.200 de Argentina, que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece que los tribunales argentinos podrán ejercer la jurisdicción respecto de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el extranjero, siempre que así se establezca en los tratados y convenciones internacionales de los que sea parte Argentina. Argentina es parte de los Convenios de Ginebra y los Protocolos I y II, que obligan a la Argentina a juzgar o extraditar a autores de graves violaciones infracciones a las convenciones que se encuentren en el territorio del país”, explicó la querella para sostener el planteo.
Los acusadores apuntaron a Maduro “como así también los mandos altos, medios y bajos de su gobierno que participaron en los delitos de lesa humanidad denunciados, podrían ser penalmente responsables”.
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