En un caso iniciado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) N° 4 de San Martín condenó con penas de hasta nueve años de prisión a 10 personas por considerarlas responsables de integrar una banda dedicada al comercio de estupefacientes en distintos asentamientos de la zona norte del Gran Buenos Aires.
La resolución del TOCF, integrado por la jueza Nada Flores Vega y los jueces Esteban Rodríguez Eguers y Matías Manccini, puso énfasis principalmente en Joaquín Aquino, identificado como el líder de la red narcocriminal, quien bajo esos parámetros recibió una condena de 9 años de cárcel. Marcelo Humberto González y Lucas Nahuel Herrera fueron sentenciados a cumplir 8 años cada uno. Claudio Hernán Cisneros y Alberto Ramón Medina recibieron penas de 7 años, mientras que Belén Aldana Benítez fue condenada a 6 años y 9 meses de prisión. Julio César Ferrari, por su parte, obtuvo 4 años de prisión, y Marcelo David Acanuhe, Marcelo Julio Masimelli y Mónica Altamirano fueron condenados a 3 años cada uno.
Según quedó determinado durante el debate, la organización operaba en los asentamientos “Sarmiento”, “18″ y “Loyola” del partido de San Martín. Para el fiscal general Carlos Cearras, representante del Ministerio Público en el juicio oral, el modus operandi delictivo implicaba la participación de “satélites” y “custodios” que obstaculizaban las acciones de las autoridades y alertaban sobre posibles operativos policiales. La investigación, a su vez, se inició tras una denuncia de la PROCUNAR en cabeza del fiscal federal Diego Iglesias, y se basó en evidencia recopilada por medio de tareas de campo y vigilancia, seguimientos y análisis de inteligencia que dieron cuenta de las operatorias de venta que llevaba adelante el grupo.
Tras distintos informes de inteligencia labrados por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y en conjunto con una serie de allanamientos ordenados a principios de 2022, las autoridades lograron detectar a la organización criminal e incautarle un kilo de cocaína, 200 gramos de marihuana y armas de fuego. Sin embargo, no todos sus miembros pudieron ser identificados durante el desarrollo de esas actuaciones.
El acusador Cearras, titular de la Fiscalía N°4 ante los tribunales orales de San Martín, expresó durante su alegato de cierre que “a partir de la información que se fue colectando a través de tareas de visualización, seguimientos, fotografías, entrevistas y obtención de elementos de prueba, se logró establecer la existencia de domicilios y personas que se dedicaban de forma organizada al comercio de drogas al por menor”, informó este martes el Ministerio Público Fiscal.
Al momento de resolver, los jueces del caso determinaron que el imputado Aquino no solo organizaba la comercialización de estupefacientes, sino que también ejercía el rol de recaudador y distribuidor del material en los distintos puntos de venta ubicados en San Martín. Benítez, pareja de Aquino, colaboraba en las maniobras de distribución.
Medina, Altamirano, Herrera, Canhue, Massimelli, Ferrari, Cisneros y González, en tanto, desempeñaban múltiples funciones logísticas, incluyendo transporte, distribución, almacenamiento y control de los puntos de venta. De acuerdo al TOCF, la asociación se dedicó a la venta de droga desde una fecha indeterminada hasta el 2 de febrero de 2022.
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