Apenas un rato después de haber contestado al juez federal Sebastián Casanello un informe con el detalle del plan de distribución de los alimentos almacenados y la decisión de convocar a gobiernos provinciales para repartirlo, el Ministerio de Capital Humano sorprendió al presentar un recurso de apelación para que la Cámara Federal de Casación Penal rechace el fallo que confirmó la medida cautelar, eje del debate y posterior a una escandalosa audiencia que protagonizaron el dirigente Juan Grabois y la subsecretaria legal del organismo, Leila Gianni. Si bien cumplieron para evitar denuncias penales, los abogados del Gobierno insistieron en acusar al Poder Judicial de querer entrometerse en la administración.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el informe a Casanello se presentó después de las 15 de ayer. A las 20.52 se agregó al expediente la apelación a la orden dada por el juez y la Cámara Federal. En el escrito, al que accedió este medio, la cartera que conduce Sandra Pettovello insistió en reclamar que se revoque la decisión judicial que encomendó al Ministerio de Capital Humano a elaborar un plan de distribución de alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino.
“Sin perjuicio del recurso de Casación que aquí se interpone, se informe que esta parte ha efectuado un presentación judicial ante el juez de grado mediante el cual se acompañó un plan de distribución. Ello con la finalidad de que la conducta de los funcionarios intervinientes no pueda dar lugar a la eventual imputación de algún delito en atención a los términos en que fue dictada la sentencia que recurro. Pero dicha presentación no implica en modo alguno un consentimiento de la resolución”, afirma la presentación a la que accedió Infobae. Y añadió que “tampoco puede entenderse como justificación en abstracta la cuestión traída a conocimiento” ya que la apelación se fundamenta “en la posición asumida por el Poder Judicial”.
Se trata de un nuevo capítulo en la denuncia que Grabois impulsó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Al mismo tiempo que se presentó una denuncia en Comodoro Py, también se hicieron presentaciones en el fuero en lo contencioso administrativo. Hace dos meses, el medio El Destape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. En aquel momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.
En ese contexto, la fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficialmente, y el juez Casanello dictó el 27 de mayo una cautelar para que le informara un plan para la distribución de los alimentos. Eso fue apelado por el Gobierno. La audiencia ante la Cámara Federal se convirtió en un escándalo que terminó con Grabois y Gianni denunciados por el tribunal.
La Cámara Federal confirmó en duros términos la resolución de Casanello y advirtió al Gobierno que no cumplirlo implicaba una desobediencia. Ahora, Capital Humano entregó -tras una intimación- a Casanello un programa, pero insistió en defender su criterio. Hablaron de la división de poderes y afirmaron que “el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no a suponer que un juez sustituya a la administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios”
Las críticas no solo apuntaron esta vez a Casanello sino a los jueces de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. “La decisión de la Cámara de Apelaciones implica sustituir la voluntad de la administración en la elección de la política de acopio y distribución alimentaria y finalidad de los alimentos -que pueden ser, como en el caso de autos, para situaciones de emergencia- transgrediendo el sistema republicano el gobierno y la separación de poderes que esto conlleva”, dijo. Y añadió: “La Cámara, al igual que el instructor, pretende ocupar el rol de la administración”.
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