El fiscal federal de Bahía Blanca Horacio Azzolin pidió hoy la indagatoria del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Ramiro Díaz Lacava por los delitos de amenazas en un contexto de violencia, maltrato laboral y violencia de género, por amenazas agravadas, por lesiones y por lesiones graves en perjuicio de funcionarios y empleados del tribunal y por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido se plasmó en un dictamen de 204 páginas al que accedió Infobae que repasa las pericias psicológicas a los empleados que concluyeron que sufrieron “lesiones a la salud psicológica, física y/o integral”. Ahora el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric deberá resolver si cita a indagatoria a Díaz Lacava.
“Las conductas desplegadas por el juez Dr. Pablo Ramiro Díaz Lacava contra las personas que son sus inferiores jerárquicos directos e indirectos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, funcionarias/os y empleadas/os, ha rebalsado cualquier umbral lógico, todo extremo de tolerancia, respeto y obediencia en función del cargo y lo ha sido en un claro marco de violencia psicológica, física y simbólica, maltrato, acoso y hostigamiento laboral, también denominado con el anglicismo mobbing”, sostuvo la Fiscalía.
La causa penal se inició en abril pasado por una denuncia que presentaron los secretarios del tribunal Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, Ricardo Javier Sequeira y Alina Laura Trento y que fue avalada por los otros dos jueces Marcos Aguerrido y José Tripputi.
Los funcionarios denunciaron a Díaz Lacava por “gritos, actos de agresión verbal directa, portazos, patadas y golpes al mobiliario; incesantes interrogatorios en su despacho, amenazas de sumarios y sanciones con el fin de amedrentarnos”, lo que obligó a muchos a tomarse licencia psiquiátrica. Inclusive relataron que una mañana desde la calle el juez arrojó una piedra que entró por una de las ventanas del tribunal y pasó a escasos centímetros de la cabeza de uno de los secretarios. Luego contaron que el magistrado entró riéndose y dijo que había sido una broma.
Con la denuncia presentada, el juez Baric le prohibió a Díaz Lacava el ingreso al tribunal y dispuso una restricción de acercamiento de 300 metros con los empleados y funcionarios. Luego la Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó la decisión pero dispuso que el juez pueda entrar al tribunal por la tarde -fuera del horario judicial y cuando ya no estén los empleados- y redujo la prohibición de acercamiento a 50 metros.
El fiscal Azzolin pidió la indagatoria pero también que Díaz Lacava “la realización de examen mental obligatorio previsto por art. 78 del CPPN” y que se le pida al Consejo de la Magistratura de la Nación “la remisión de copias de las evaluaciones psicológicas que se le hubieren realizado al imputado” cuando el magistrado concursó para el cargo en el que asumió en 2012. En el Consejo tramita una denuncia por mal desempeño contra Díaz Lacava.
Las víctimas declararon como testigos en la causa y fueron sometidas a pericias psicológicas que determinaron los padecimientos que sufrieron. Eso fue resaltado por el fiscal en su pedido de indagatoria. Señaló que de los testimonios se vislumbran “los sentimientos de miedo, angustia, dolor, sorpresa, desesperación, enojo, desconfianza, desilusión, tristeza e incertidumbre”.
“Hemos dado acabada cuenta y relacionado la existencia de indicios precisos, graves y concordantes que permiten afirmar con el grado de certeza requerido para la etapa procesal que se transita que, en las condiciones de tiempo, modo y lugar señaladas para cada uno de los casos, el juez de cámara Dr. Pablo Ramiro Díaz Lacava provocó mediante su exclusivo, deliberado y continuado accionar, lesiones a la salud psicológica, física y/o integral -nuevamente, según cada caso- de las víctimas”, sostuvo la acusación.
Pero la fiscalía también resaltó que tras la denuncia el juez continuó con un “un hostigamiento continuo al personal del Tribunal Oral” y “con permanentes amenazas a quien ejerce la presidencia del Tribunal Oral, Dr. Aguerrido, de efectuar denuncias penales en su contra”.
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