La presentación de un diagnóstico sobre la Independencia del Poder Judicial en Argentina, un trabajo realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) junto a Cyrus R. Vance Center For International Justice y la Comisión Pro Bono, derivó en fuertes críticas al juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.
“Cada proyecto de reforma de alguna legislación solo obedece a algún resultado adverso del poder de turno. Por ejemplo, el juicio politico contra todos los integrantes de la Corte Suprema, que se lleva a cabo de manera desprolija y con falta de respeto para muchas de las personas que declararon”, sostuvo Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados. Y destacó que el juicio político estuvo precedido por un intento de reforma del número de integrantes del máximo tribunal.
Por su parte, Miguel Caminos, ex presidente de la Asociación de Magistrados y ex presidente de la FLAM, destacó la “presión del poder politico sobre la Corte Suprema” y mencionó la polémica sobre la continuidad de la jueza de Casación Ana María Figueroa, que se mantiene en su cargo luego de cumplir 75 años. “Los jueces debemos retirarnos a los 75 años. Pasa con el 99,9% de los jueces. Hay una jueza que cumplió 75 años, sin embargo decidió esperar que el Senado tome una decisión. No tengo dudas que si se consigue el acuerdo, sus fallos van a estar en interés de los que lucharon por su acuerdo”, opinó.
El gobierno nacional, a través del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, le pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que frene cualquier decisión sobre la continuidad de la jueza Figueroa. Es más, el oficialismo busca ahora negociar en el Senado el tratamiento del pliego de la magistrada para apoyar la reforma a la Ley de Alquileres.
Durante la presentación del informe, Caminos también mencionó la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que siguen batallando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay un interés politico para que estos jueces no intervengan en las causas. Se ha buscado el desprestigio frente a la población de cualquier tribunal que falla en contra del poder político. No hay posibilidad de una justicia independiente si los jueces no lo son en su totalidad. Los gobiernos populistas tratan de sostener que la Justicia debe responder a las posiciones mayoritarias de la población”, opinó Caminos.
Caminos y Gallo Tagle fueron algunos de los expositores durante la presentación del diagnóstico sobre la Independencia del Sistema Judicial en Argentina. El documento fue elaborado por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) como parte del proyecto de fortalecimiento de la judicatura independiente, con el apoyo de la Fundación Tinker y la participación de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de Buenos Aires.
El documento está limitado al Poder Judicial de la Nación. Entre otras cosas, analiza los procesos de selección de magistrados y jueces, la capacitación de los empleados, el manejo del Presupuesto del Poder Judicial, y los casos de corrupción dentro del Poder Judicial, entre otros temas. En este punto, se destacan los casos de los jueces Walter Bento, Eduardo Freiler, y Raúl Juan Reynoso.
“La Auditoría llevada adelante por el CM respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción. Actualmente existe un Observatorio de la Corrupción del Centro de Información Judicial dependiente de la CSJN que lleva un registro de las causas en trámite y las terminadas”, dice el documento.
“Este diagnóstico es parte de un conjunto de diagnósticos que se hicieron en America Latina en materia de independencia judicial. No es un análisis exhaustivo sino que brindamos herramientas de análisis”, explicó Ezequiel Allende.
Por su parte, la presidenta de la FLAM, Adriana Orocú, sostuvo que “todos los diagnósticos reflejan un intento de cooptación de los poderes políticos”. “Hay que elevar una alerta y tomar decisiones en conjunto”, dijo.
“Vemos con preocupación lo que pasa en algunos países de América Latina, la independencia dede ser una preocupación de toda la comunidad jurídica, no solo de los jueces y juezas”, agregó Jaime Chavez, representante del Vance Center.
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