El sindicalista Sergio Otero, que participó de la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) tras la detención de Marcelo Balcedo, fue arrestado ayer a la tarde cuando estaba haciendo la fila para votar. El juez federal Ernesto Kreplak había ordenado su detención unos días antes por una serie de maniobras ilegales cuando estaba al frente del gremio. La Policía no lo había podido encontrar en varios domicilios, por lo que se organizó un operativo en una escuela de Ituzaingó donde tenía que votar.
Otero había participado de la conducción del SOEME que ganó las elecciones internas en agosto de 2019, con la lista “Azul y Blanca”, supuestamente enfrentada al grupo de Balcedo. Esa lista, la única que fue habilitada, postuló a Antonio Di Marco como secretario general.
El sector que impulsa Balcedo decidió dar una batalla judicial con presentaciones y amparos ante el fuero laboral, lo que desencadenó un cruce por la competencia entre la jueza laboral Analía Vigano y el juez Kreplak, que investigó y procesó a Balcedo por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.
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Pero la gestión de Di Marco y Otero (ex secretario de Finanzas) duró apenas seis meses porque el Ministerio de Trabajo no convalidó los comicios y luego la Cámara del Trabajo volvió a intervenir el SOEME, que cuenta con unos 24 mil afiliados, la mayoría en la provincia de Buenos Aires.
Hace unos meses, el actual interventor presentó una denuncia penal contra Di Marco, Otero, y otra persona que estaba al frente de la obra social. Se los acusaba, entre otras cosas, de cobrar cheques por ventanilla desde una cuenta registrada en el Banco Comafi y de librar cheques para proveedores que no estaban registrados. En total, la defraudación supera los $21 millones.
Además, la denuncia penal apuntaba a dos contrataciones sospechosas realizadas durante la pandemia. Uno de los contratos fue con la empresa BOXONTOP SRL. La Justicia detectó que en mayo de 2020 esa firma recibió un pago por $5.800.000, un monto que no tiene relación con los servicios prestados. El otro acuerdo fue celebrado con la firma “CREATIVA GROUP SAS”, que vendió barbijos y alcohol en gel por $7.810.000. Los productos nunca habrían llegado al gremio. Esa misma empresa le facturó al sindicato “ servicios de marketing y redes sociales” por otros $200.000.
Otero venía haciendo campaña a favor de Unión por la Patria. Su último mensaje en las redes fue para retuitear a Cristina Kirchner, cuando se cruzó con Mauricio Macri por la intervención del FMI. Ahora cayó preso cuando estaba votando y deberá explicar las maniobras fraudulentas, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
En cambio, Di Marco, el ex secretario general, no se presentó a sufragar y sigue siendo buscado por la Policía aunque su abogado ya se puso a disposición ante el juzgado federal de La Plata que conduce Kreplak.
El SOEME había estado intervenido desde la detención de Balcedo, en enero de 2018, hasta fines de 2019. Tras las elecciones fallidas, se retomó la intervención, que sigue vigente hasta hoy.
Balcedo todavía no pudo ser indagado por la justicia argentina, ni siquiera a través de videoconferencia. Actualmente está cumpliendo un acuerdo judicial con la justicia de Uruguay y recién en 2024 podría activarse su extradición al país.
El juez Kreplak constató que durante la gestión de Balcedo se desviaron unos 500 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2017. Gran parte de la fortuna terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. Pero también se detectó que el dinero terminó en las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.
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La causa que motivó la detención de Balcedo está en juicio desde mediados del año pasado. En ese proceso están acusados la madre del ex sindicalista, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del SOEME. También aparece Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de ellos fueron hallados en la mansión “El Gran Chaparral”, donde Balcedo fue detenido y luego cumplió con su prisión domiciliaria.
En 2020, Balcedo y su esposa llegaron a un acuerdo con Fiscalía de Uruguay y lograron recuperar parte de sus bienes. El sindicalista recibió una pena de cuatro años y ocho meses por un delito de lavado de activos, uno de contrabando y otro por tráfico de armas, pero hace tiempo se sometió al régimen de libertad vigilada.
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