El juez del Tribunal Oral Federal 7 Germán Castelli le envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, y a la vicepresidenta del organismo, Agustina Díaz Cordero, para pedirles “con caracter de urgente una audiencia personal” por la decisión del Consejo de avanzar en el concurso público para cubrir su cargo.
En la nota a la que accedió Infobae, Castelli señaló que hay un “irregular cumplimiento” de la situación y que “no están dadas las condiciones para ello”. El juez señaló que en la última reunión plenaria del Consejo se había decidido postergar el tratamiento del concurso por un pedido que presentó y que a pesar de eso se avanzó.
El juez recordó que hay en curso una denuncia penal por presuntas irregularidades en la conformación del jurado del concurso que tendrá que corregir el examen escrito y que por su caso tiene diversas presentaciones, entre ellas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“A todo ello cabe adelantar que, más allá de lo que surge de las presentaciones realizadas y conocidas por este Consejo, el arbitrario llamado a concurso en el Tribunal Oral Federal 7, constituye en las condiciones adelantadas un nuevo obstáculo formal para que el suscripto pueda participar y anotarse en el concurso”, señaló el juez.
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El Consejo abrió el concurso 479 para cubrir la vacante de Castelli luego del fallo de la Corte Suprema sobre su traslado. El organismo fijó la fecha para que los interesados se inscriban y para el examen escrito.
Ese lugar es clave. Se trata de uno de los cargos en el tribunal 7 que tiene la causa de los llamadas “cuadernos de la corrupción”. La mega causa de corrupción por el caso de coimas de empresarios de la construcción a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Son siete expedientes que tienen más de 100 imputados, 30 de ellos que declararon como arrepentidos. El caso está en la etapa de análisis de la prueba y todavía sin fecha de juicio oral. Los otros dos jueces del TOF 7 son Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.
Castelli fue designado juez de un Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y durante el gobierno de Macri fue trasladado a TOF 7 de Comodoro Py. También otros magistrados fueron desplazados a distintos cargos. Se trata de un mecanismo excepcional que el Consejo de la Magistratura siempre aplicó. Los casos más resonantes fueron los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal clave porque por allí pasan todas las causas de corrupción.
Cuando Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación buscó anular esos traslados. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, planteó que fueron nombramientos definitivos que no cumplían con los requisitos que fija la Constitución Nacional de llamado a concurso y designación del Senado.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli iniciaron causas judiciales para defender sus traslados. La Corte Suprema primero resolvió en el caso de Bruglia y Bertuzzi y dijo que los traslados no eran definitivos sino que se mantenían hasta tanto se haga el proceso de selección que fija la Constitución. Así, el Consejo abrió el concurso para reemplazar a los dos camaristas y que ya está terminado.
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Pero no se pudo avanzar en la aprobación por la falta de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición. Todo indica que así seguirá hasta el próximo gobierno. Lo mismo ocurre con otras vacantes en Comodoro Py (la de lo juzgados de primera instancia y de tribunales orales).
En octubre del año pasado, la Corte Suprema tomó la misma decisión sobre el caso de Castelli. Los tres jueces realizaron planteos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los ataques a su estabilidad como magistrados.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Consejo abrió el concurso para cubrir el lugar de Castelli. La puesta en marcha del proceso se demoró y ahora la Comisión de Selección del organismo fijó las fechas para los primeros pasos. El 7 de agosto vence el plazo para inscribirse en el concurso mientras que el 4 de octubre, a las 8:30 horas en un lugar a definir, es el examen escrito. La Comisión también estableció que el 20 de septiembre es el plazo que los inscriptos tienen para confirmar si irán a la prueba.
Esa decisión es la que Castelli cuestiona y por la pidió una reunión con Rosatti.
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