La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la actualización de los embargos dictada por el tribunal oral que juzgará en el caso Skanska, la primera causa de corrupción del kirchnerismo en la que participan -entre otros- el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López por presuntos pagos de sobornos en obras tendientes a expandir la capacidad de transporte de gas natural en el país.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, recientemente confirmado para llevar adelante el juicio oral, había dispuesto la actualización del monto de los embargos de todos los imputados en el caso donde se juzgará si en ocasión y con motivo de la construcción de dos gasoductos, la empresa sueca “Skanska” realizó o no el pago de sobornos a funcionarios públicos junto a la utilización de facturas apócrifas para encubrirlos. También el debate penal analizará si durante el proceso de contratación y construcción de las obras tendientes a expandir la capacidad de transporte de gas natural se produjeron otros hechos irregulares en perjuicio de la Administración.
Junto con De Vido y López, serán juzgados entre otros el ex gerente del Fideicomiso Banco Nación, Néstor Ulloa, y Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la firma que había reconocido en una auditoría interna el pago de sobornos a funcionarios. La causa, que engloba delitos de cohecho y administración fraudulenta, había sido enviada a juicio oral en octubre de 2019 por parte del juez federal Sebastián Casanello.
La decisión del TOF 4 porteño dispuso la actualización de los montos de los embargos en virtud del tiempo transcurrido desde que se habían ordenando, en el año 2017. En ese sentido, tras considerar que durante el periodo transcurrido el peso se despreció a causa de la inflación, ordenó que en los embargos de los imputados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública pasaran de $34.594.947,30 pesos a $150.752.273. Mientras que los recaídos bajo los acusados por delitos de cohecho pasaron de $ 14.500.000 a $44.610.366,50.
Tal resolución, dictada por los jueces Guillermo Costabel, Marta Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorrini, fue impugnada por las defensas de un conjunto de imputados, dentro de las cuales se encontró Julio De Vido y José López, y de ese modo el expediente recayó en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Ángela E. Ledesma, quienes por mayoría decidieron declarar como inadmisibles los recursos de casación interpuestos.
Para decidir de esa forma, la mayoría compuesta por Borinsky y Carbajo consideró que la decisión del tribunal oral no se trata de “una sentencia definitiva” y que las defensas no lograron acreditar “un supuesto de arbitrariedad manifiesta o la existencia de una cuestión federal” que habilite la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio. “(...) Sus respectivas impugnaciones casatorias no pueden considerarse suficientemente fundadas para habilitar el tratamiento de la cuestión de fondo por esta Cámara”, expresaron. Por su parte, la jueza Ledesma sentó su disidencia con la solución propuesta por entender que el caso presentaba “una cuestión federal vinculada con la medida de cautela real”.
El resto de los imputados que presentaron la impugnación de la actualización del embargo fueron Mario Alberto Piantoni, Jorge Norberto Roldán, Renato Francisco Cecchi, Walter Domingo Cecchi, Alfredo Norberto Greco, Alejandro Porcelli, Daniel Nodar, Danimiro Kovacic, Blas Luis Antonio Pierotti, Alejandro Tettamanti, Gustavo Vago, Juan Cruz Ferrari, Juan Carlos Bos, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Pedro Varni y Roberto Antonio Zareba, Alejandro Juan Gerlero y Adrián Félix López y la firma Pecom Servicios Energía S.A. –antes Skanska S.A.-.
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