Luego de reclamar la detención de Leonardo Fariña por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, el fiscal de ese juicio, Abel Córdoba, reclamó que se apliquen “medidas coercitivas” sobre la mayoría de los condenados. En concreto, pidió que le coloquen una tobillera electrónica, para monitorear sus movimientos, a Fabián Rossi, Julio Mendoza (ex presidente de Austral Construcciones), César Fernández, Juan Alberto De Rasis, Eduardo Castro, y el empresario Carlos Molinari. La decisión está en manos del presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, elegido como juez de ejecución.
En un dictamen de 13 páginas, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal también pidió que le coloquen una tobillera con GPS a Lázaro Báez, al abogado Jorge Chueco y a Daniel Pérez Gadín, pero esos condenados ya son monitoreados hace tiempo, confirmaron fuentes judiciales.
“En los casos en que ha recaído sentencia condenatoria, con revisión de la alzada, entendemos que los riesgos procesales se han incrementado notablemente por los cual se hace necesario el mantenimiento o la imposición de medidas de coerción para neutralizarlos y garantizar, de algún modo, la ejecución de las sanciones aplicadas”, justificó el fiscal del juicio.
En el caso de Báez, además de una pulsera electrónica con un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia, el fiscal Córdoba también reclamó que se le imponga la obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal y que se mantenga la prohibición de salida del país. Pero su situación no se modificará, en lo inmediato, porque está cumpliendo con prisión domiciliaria en una quinta de San Vicente y tiene la pulsera desde que dejó la cárcel de Ezeiza.
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En el caso de Martín Báez, el fiscal no reclamó ninguna medida ya que acaba de acceder a la libertad condicional. El mayor de los hijos del empresario K estuvo cuatro años y medio detenido: primero en la cárcel y luego en prisión domiciliaria.
Para el resto de los condenados a penas de prisión efectivas, el fiscal reclamó medidas de coerción. “Nos encontramos ante penas graves que resultan un motivo suficiente para acreditar el peligro de fuga ya que se ha tenido en cuenta al momento de legislar tanto las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena aplicada o a aplicar y la imposibilidad de condenación condicional”, explicó en su dictamen.
Córdoba ya había pedido la semana pasada la detención de Leonardo Fariña para que cumpla con la pena de 3 años y 6 meses que le impuso Casación. El arrepentido ya estuvo en prisión 2 años y 20 días, por lo que le restaría cumplir 1 año, 5 meses, y 10 días, pero su defensa argumenta que en tres meses estaría habilitado para reclamar la libertad condicional. Hay otro elemento: el fallo de Casación ya dijo que el cumplimiento de la pena no se hace efectiva cuando la condena restante es menor a 6 meses.
La defensa de Fariña, que fue autorizado a viajar a España por cuestiones laborales, ya había pedido que se cumpla con una donación a un geriátrico de la ciudad de La Plata, al Patronato de Liberados y a la Dirección Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
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De los condenados a penas de prisión efectivas, los únicos que no tenían tobilleras son Fabián Rossi, Julio Mendoza (ex presidente de Austral Construcciones), César Fernández, Juan Alberto De Rasis, Eduardo Castro, y el empresario Carlos Molinari, que pagó el casamiento de Fariña con Karina Jelinek. Hasta ahora, esas personas solo tenían prohibido salir del país.
Rossi recibió una condena de 4 años y 6 meses, al igual que Castro, Fernández y De Rasis. Según la Justicia, “intervino en varios tramos de la maniobra de lavado, abrió cuentas en diversos bancos en el extranjero con poder para ello y ordenó el giro de millonarias sumas de dinero en varias ocasiones”. Además, aparecía en el famoso video, dentro de La Rosadita, donde se contaban alrededor de cinco millones de dólares.
La decisión, tanto de la situación de Fariña como del resto de los condenados, quedó a cargo del presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel. Antes de opinar, debe escuchar a las querellas de la AFIP y de la UIF.
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