
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar una pronta revisión de su caso y aportar nuevas pruebas en el marco de la demanda abierta contra el Estado argentino por la decisión que revocó sus traslados a la Cámara Federal porteña durante el gobierno de Mauricio Macri. “Ponemos en conocimiento de esta Comisión hechos nuevos que terminan demostrando las reales intenciones de una embozada maniobra de destitución selectiva de jueces”, dice el escrito al que accedió Infobae.
Con ironía sobre traslados “buenos” y traslados “malos”, la presentación habla de una “obsesión” de un sector del Consejo de la Magistratura para dar cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema sólo en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli, integrante del tribunal oral que tiene en sus manos la causa de los cuadernos, pese a que “arbitrariamente” Gerónimo Uztarroz, “el apoderado de un partido político que ejerce la representación del Presidente de la Nación en el Consejo de la Magistratura” habló de “treinta y pico” de casos de traslados a revisar.
“Tenemos entonces unos ‘supuestos’ treinta y tantos jueces trasladados, los ahora reconocidos por el personaje político. Y nos preguntamos entonces ¿qué pasa con el procedimiento para desplazarlos de los actuales cargos? Absolutamente nada. Solo se han iniciado dos procedimientos para reemplazar jueces invocando la sentencia de la Excma. Corte. Uno, el que nos involucra a nosotros dos; y el otro para desplazar al Juez Castelli. ¿Es una simple casualidad o una obsesión de la política?”, plantearon.

Fue en ese marco que Bruglia y Bertuzzi reportaron que el año pasado hubo solo dos reuniones en la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, en donde los consejeros “terminaron reconociendo que no hay una solución para aplicar a la situación de los jueces trasladados” y que el fallo de la Corte “resulta de imposible ejecución por la cantidad de problemas que genera”. Se adjuntaron así los videos de esas sesiones.
No obstante, solo se activaron los concursos de la Cámara Federal y del Tribunal Oral Federal 7, lo que -según la presentación- demuestra “la selectividad de la acción del Consejo que solo podría motivarse en cuestiones de clave política” y de “la grave equivocación del fallo que aquí impugnamos, que termina abriendo las puertas de desigualdad e inestabilidad para los magistrados por cuyas garantías debe velar”.
Bruglia y Bertuzzi quedaron en el ojo de la tormenta cuando en julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Gustavo Ustarroz pidió la revisión de una decena de traslados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py.
Bruglia y Bertuzzi acudieron en una presentación conjunta a los tribunales. En momentos de impulsos de reformas judiciales y de la puesta en marcha de la llamada “comisión Beraldi” y movilizaciones de la oposición contra esas decisiones, el caso escaló ante la Corte Suprema de Justicia, que tomó el caso, vía per saltum, y decidió terminar con el sistema de traslados.
El fallo sostuvo que Bruglia y Bertuzzi estaban en la Cámara Federal transitoriamente, pero también el resto de los jueces trasladados desde que en el 2000 el Consejo de la Magistratura puso en marcha ese sistema. Según la Corte, todos los trasladados debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado si querían ser titulares de un tribunal. Mientras tanto, Bruglia y Bertuzzi debían permanecer en la Cámara Federal hasta que avanzara el concurso por sus vacantes. A contramarcha de los reclamos del oficialismo, el concurso hasta ahora no ha avanzado.

El presidente Alberto Fernández llegó a decir que ambos “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”, luego de un fallo que dictaron el año pasado, junto a su colega Mariano Llorens, cuando dejaron en libertad a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, cuyas detenciones reclamaba la vicepresidenta Cristina Kirchner al involucrarlos con su intento de asesinato.
Por esas expresiones, tal como reveló Infobae, Bruglia decidió demandar civilmente al jefe de Estado por daños y perjuicios: advirtió la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables”.
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Ya en su demanda original, los jueces habían deslizado que ”el Presidente de la República Argentina” se encontraba “especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos, en donde también atacaron al fuero en lo contencioso administrativo y al fallo de la Corte Suprema “de una originalidad asombrosa, desconcertante”.
En su nueva presentación ante la CIDH, Bruglia y Bertuzzi insistieron en que “en 2019 asume la presidencia de la Nación Alberto Fernández y se desata el proceso persecutorio”. Y así afirmaron: “la democracia puede ser manipulada por extravagancias de la política, sus personajes e intereses. Es tal vez lo que aquí pareciera haber ocurrido”.
El escrito al que accedió Infobae resaltó que el sistema de traslados fue reglamentado en el 2000 y por ese mecanismo “no menos de 70″ magistrados cambiaron de tribunal si cumplían con las exigencias fijadas. “En nuestro caso cumplimos en exceso con todos los requisitos legales. No hubo ascensos ni ninguna ventaja o prerrogativa”, resaltaron, tras señalar que aunque se decía con mayoría simple fueron acompañados con “la votación de los dos tercios del cuerpo, incluidos los segmentos políticos del oficialismo y la oposición”.
Pero “la política comenzó una campaña de estigmatización -dijeron-. ¿El motivo? Tal vez una mezcla de venganza y deseos políticos de ocupar nuestros cargos. Quién sabe”.

Bruglia y Bertuzzi se quejaron de que “hasta el sistema periodístico” decía “fueron puestos a dedo por determinado presidente” solo porque el acto formal de todos los centenares de traslados lo firma el jefe de Estado. “Tenemos también decretos firmados por todos los presidentes de la historia, pero nunca nadie dijo que los traslados y demás nombramientos que un juez fue puesto a dedo por el presidente”.
“Paradojicamente, uno de de nosotros dos tuvo en su historia dos traslados. El primero con la firma de una presidenta de signo político totalmente enfrentado con quien firmó el segundo traslado. ¿El primero era bueno y el segundo era malo?”, se ironizó. En abril de 2010, la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que trasladaba al juez Bertuzzi desde el Tribunal Federal 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal 4, en Comodoro Py. En 2018, el presidente Macri firmó el decreto de traslado a la Cámara Federal porteña.
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