La Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó la declaración indagatoria de seis directivos de una empresa agroquímica y de ocho funcionarios de dos órganos de control provinciales, a quienes les atribuyó responsabilidad por la contaminación ambiental del río Paraná y del suelo de la zona. La investigación a cargo del fiscal Matías Di Lello se inició en 2014 por una denuncia de los vecinos del lugar, y a raíz de distintos muestreos se determinó la presencia de atrazina en el agua y de cipermetrina y trifluralina en el suelo, todos compuestos peligrosos para la salud y catalogados como desechos prohibidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
De acuerdo a un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación comenzó el 3 de junio de 2014 luego de una presentación de los vecinos de los barrios Química y Ponce de León de la ciudad nicoleña, al noreste de la provincia de Buenos Aires. En sus reclamos consignaron que desde hace años la planta local de ATANOR S.A. —dedicada a vender productos para la protección de cultivos— “generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados”.
En base a esa descripción, se ordenaron una serie de muestreos químicos cuyos resultados dieron la presencia de atrazina en el agua y de cipermetrina y trifluralina en el suelo, elementos catalogados por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos como desechos prohibidos. Por tal razón, el fiscal Di Lello se presentó ante el Juzgado Federal de San Nicolás, en cabeza de Carlos Villafuerte Ruzo, y solicitó la indagatoria de seis directivos de la empresa, a quienes les endilgó, en sus calidades de directivos y encargados de la planta, “haber contaminado —por lo menos hasta el 16 de julio de 2020— el curso del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire”, informó el MPF.
Según la hipótesis de la acusación, el daño ambiental se habría producido a través del “esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos (...) lo cual puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León” de la ciudad lindera con la provincia de Santa Fe.
A su vez, el llamado a prestar declaración también recayó sobre cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control ambiental, que fueron imputados por “haber incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios” de dicho órgano de contralor. En esa línea, Di Lello les atribuye omisiones respecto a la fiscalización y ejecución de la política ambiental e incumplimientos respecto a la preservación de los recursos naturales y al desarrollo de acciones que puedan tutelar el cuidado de los componentes del medio ambiente —agua, aire y suelo—.
Por último, el representante del Ministerio Público le requirió al juez de San Nicolás que ordene las indagatorias de tres funcionarios de la Autoridad del Agua, un organismo de supervisión provincial —contemplado en la ley 12.257— encargado de reglamentar y vigilar las actividades y obras relativas al estudio, uso, y conservación de ese recurso. En ese orden, Di Lello indicó que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, comunicó el MPF.
La investigación procura dar con las responsabilidades relacionadas al cuidado del medio ambiente contempladas en los delitos contra la salud pública del Código Penal y la ley de Residuos Peligrosos. Además se investigan infracciones a la ley 22.421 de Conservación de Fauna la Silvestre.
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