Un fallo de la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón dejó abierta la puerta para salgan miles de presos en la provincia de Buenos Aires. En el caso concreto, el tribunal permitió que se otorgue la domiciliaria, de manera inmediata, a un hombre acusado de un intento de asesinato pese a que la medida no estaba firme y que no se le había colocado la pulsera electrónica, dos de los requisitos que exige el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
El caso que motivó el polémico fallo tramita en el juzgado de Garantías 6 de Morón y tiene como protagonista a Santiago Martínez, quien está acusado de haber atacado a Nicolás García (20), porque estaba charlando con su ex novia. El hecho tuvo lugar el 12 de noviembre del año pasado en un boliche de Hurlingham. Martínez lo agredió con una copa rota y lo dejó al borde de la muerte.
En un primer momento, Martínez fue acusado de intento de homicidio y quedó detenido en una comisaría. Pero en marzo la Cámara cambió la calificación a “lesiones graves”, apartándose de su propia jurisprudencia.
A partir de ese momento, la defensa de Martínez reclamó la libertad morigerada, lo que fue rechazado en primera instancia. Al momento de decidir, la Sala I decidió dejarlo en libertad de manera automática pese a que la resolución no estaba firme y que todavía no se le había colocado una pulsera electrónica, lo que se concretó el 21 de abril.
Con ese antecedente, el abogado Fernando Sicilia presentó un habeas corpus y reclamó que “con los mismos argumentos que han dado los jueces de dicha Sala I en esta causa, resuelvan todos los juzgados de Garantías que se ejecuten de forma inmediata todas aquellas morigeraciones concedidas por algún órgano y apeladas, como así también todas aquellas que estén firmes, pero que no se hicieron efectivas por falta de pulseras de Monitoreo”. Dicho de otra manera, que se haga lugar al pedido de prisión domiciliaria de todos los detenidos que estén en las mismas condiciones del caso de Martínez.
Entre otros argumentos, Sicilia sostuvo que se debe aplicar el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) consultadas por Infobae aclararon que “en este momento no hay faltante de pulseras”. Actualmente, hay un total de 3770 personas con ese dispositivo colocado. El dato corresponde a la provincia de Buenos Aires.
Las tobilleras electrónicas permiten mantener un monitoreo permanente de los casos de arrestos domiciliarios u otras modalidades de detención durante las 24 horas del día. Gracias a esta tecnología, las autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad pueden intervenir inmediatamente en caso de que se registre una alerta por incumplir la orden judicial.
Tras el habeas corpus presentado por el abogado Sicilia, el juez Ricardo Fraga le pidió a todos los magistrados de Morón que informen si tienen casos de “morigerados con espera de la efectivización de la medida por parte de la Dirección General de Monitoreo electrónico perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense”. Con las respuestas, se determinó que en esa jurisdicción solo aplicaba el caso de Gregorio Diaz, detenido por tenencia de droga.
Por ese motivo, el juez hizo lugar este martes al habeas corpus y dispuso que se efectivize su arresto domiciliario aunque no esté disponible la tobillera. El fallo destaca que hace un mes venía esperando ese beneficio.
Pero la polémica arrancó con el fallo de la Sala I de Morón, integrada por los jueces Fernando Bellido, Diego Grau y Fabián Cardoso. “Con este fallo, solo con la concesión por parte de algún órgano judicial, debería hacerse efectiva en forma inmediata la domiciliaria. Por otro lado, en un gran porcentaje se impone como medida que los detenidos beneficiados con prisión domiciliaria posean pulsera electrónica para su control, siendo que muchas veces se demora su traslado al domicilio por falta de estas”, se quejaron los abogados que representan a Nicolás García.
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