Un juzgado federal de Río Grande ordenó la detención de una persona sospechada de administrar prostíbulos en esa ciudad luego de una serie de allanamientos en distintos domicilios donde fueron rescatadas siete mujeres que serían víctimas de trata con fines de explotación sexual, según se informó oficialmente.
La investigación estuvo a cargo de la fiscalía y se inició con una denuncia anónima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate. En ese marco, se le encomendó a la Gendarmería Nacional desarrollar tareas de observación en una vivienda señalada en el llamado, donde sus efectivos hallaron una gran concurrencia de hombres que entraban y salían del lugar y a mujeres con elementos de aseo personal y ropas que llevaban para realizar sus servicios. Luego llegó otra denuncia y el hilo de los indicios dio con un hombre que ya había sido investigado en otras causas por el mismo delito.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación comenzó el pasado 7 de abril, luego de que una mujer se comunicara con la línea 145 del Programa Nacional de Rescate para denunciar una presunta situación de trata con fines de explotación sexual en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. En ese llamado señaló que “hacía dos meses, en un domicilio del barrio AGP, funcionaba un ‘prostíbulo’, que abría diariamente desde las 23:30 hasta las 08:00″.
De ese modo, se inició la instrucción que quedó en cabeza del fiscal federal Marcelo Rapoport, en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La primera medida fue solicitarle a la Gendarmería Nacional que realizara tareas de observación en la vivienda denunciada. Así, los efectivos se instalaron en la zona y pudieron ver “la entrada y salida concurrente de gran cantidad de hombres y el ingreso habitual al lugar de seis mujeres con bolsas, mochilas y carteras, dentro de las cuales (...) llevaban elementos de aseo personal y ropas para cambiarse dentro del lugar y estar acorde a los ‘servicios’ que brindaban a sus ‘clientes’”, comunicó el MPF.
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Por su parte, nada en ese lugar justificaba tanto movimiento de gente: no había carteles ni anuncios que indicaran o señalaran que allí se encontraba funcionando algún tipo de bar o local nocturno. Más aún, de la pesquisa realizada surgieron además grandes cantidades de envases vacíos de distintas bebidas alcohólicas, así como preservativos usados, geles íntimos y otros objetos que sirvieron como indicios de un posible caso de trata de personas.
Casi al mismo tiempo llegó una nueva denuncia respecto a otra vivienda de la zona, cuya investigación constató la presencia de cuatro presuntas víctimas mujeres y la identificación de un hombre que concurría a los dos domicilios denunciados y que ya había sido investigado por el delito de trata en anteriores causas. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del sospechoso y el allanamiento de las dos viviendas investigadas junto al de un tercer lugar: un local que aparecía en la documentación personal que se le secuestró al imputado en el marco de las tareas investigativas.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la jueza Mariel Boruto, titular del Juzgado Federal de Río Grande, quien dispuso la puesta en práctica de los allanamientos a través del Escuadrón 62 de la Gendarmería Nacional. De todas estas diligencias resultaron rescatadas siete mujeres, que serían víctimas de trata con fines de explotación sexual. A su vez se dispuso la detención del imputado y se corroboró que su local estaba deshabilitado.
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