Un juzgado federal de Río Grande ordenó la detención de una persona sospechada de administrar prostíbulos en esa ciudad luego de una serie de allanamientos en distintos domicilios donde fueron rescatadas siete mujeres que serían víctimas de trata con fines de explotación sexual, según se informó oficialmente.
La investigación estuvo a cargo de la fiscalía y se inició con una denuncia anónima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate. En ese marco, se le encomendó a la Gendarmería Nacional desarrollar tareas de observación en una vivienda señalada en el llamado, donde sus efectivos hallaron una gran concurrencia de hombres que entraban y salían del lugar y a mujeres con elementos de aseo personal y ropas que llevaban para realizar sus servicios. Luego llegó otra denuncia y el hilo de los indicios dio con un hombre que ya había sido investigado en otras causas por el mismo delito.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación comenzó el pasado 7 de abril, luego de que una mujer se comunicara con la línea 145 del Programa Nacional de Rescate para denunciar una presunta situación de trata con fines de explotación sexual en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. En ese llamado señaló que “hacía dos meses, en un domicilio del barrio AGP, funcionaba un ‘prostíbulo’, que abría diariamente desde las 23:30 hasta las 08:00″.
De ese modo, se inició la instrucción que quedó en cabeza del fiscal federal Marcelo Rapoport, en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La primera medida fue solicitarle a la Gendarmería Nacional que realizara tareas de observación en la vivienda denunciada. Así, los efectivos se instalaron en la zona y pudieron ver “la entrada y salida concurrente de gran cantidad de hombres y el ingreso habitual al lugar de seis mujeres con bolsas, mochilas y carteras, dentro de las cuales (...) llevaban elementos de aseo personal y ropas para cambiarse dentro del lugar y estar acorde a los ‘servicios’ que brindaban a sus ‘clientes’”, comunicó el MPF.
Te puede interesar: Trata de personas: cuáles son las zonas con más denuncias del país
Por su parte, nada en ese lugar justificaba tanto movimiento de gente: no había carteles ni anuncios que indicaran o señalaran que allí se encontraba funcionando algún tipo de bar o local nocturno. Más aún, de la pesquisa realizada surgieron además grandes cantidades de envases vacíos de distintas bebidas alcohólicas, así como preservativos usados, geles íntimos y otros objetos que sirvieron como indicios de un posible caso de trata de personas.
Casi al mismo tiempo llegó una nueva denuncia respecto a otra vivienda de la zona, cuya investigación constató la presencia de cuatro presuntas víctimas mujeres y la identificación de un hombre que concurría a los dos domicilios denunciados y que ya había sido investigado por el delito de trata en anteriores causas. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del sospechoso y el allanamiento de las dos viviendas investigadas junto al de un tercer lugar: un local que aparecía en la documentación personal que se le secuestró al imputado en el marco de las tareas investigativas.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la jueza Mariel Boruto, titular del Juzgado Federal de Río Grande, quien dispuso la puesta en práctica de los allanamientos a través del Escuadrón 62 de la Gendarmería Nacional. De todas estas diligencias resultaron rescatadas siete mujeres, que serían víctimas de trata con fines de explotación sexual. A su vez se dispuso la detención del imputado y se corroboró que su local estaba deshabilitado.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Coimas en Discapacidad: presentaron una denuncia para investigar por qué no le incautaron el celular en Aeroparque a uno de los empresarios involucrados
El juez federal Sebastián Casanello hizo la presentación por averiguación de delito luego que no se concretara a tiempo una orden para requerir el teléfono de Sergio Mastropietro en su arribo a la Argentina
ANDIS: indagarán a dos funcionarios del organismo que respondían a Miguel Ángel Calvete
Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González trabajaban en la Agencia de Discapacidad y los echaron cuando se destapó el caso. Por ahora, todos los imputados que se presentaron se negaron a declarar
Terrorismo y crimen organizado: la UBA lanzó un centro estratégico con apoyo de figuras del Poder Judicial y el Congreso
La apertura del nuevo instituto de estudios reunió a jueces, fiscales, legisladores, embajadores y especialistas. Se destacó un mensaje del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y un reconocimiento al canciller israelí Gideon Sa’ar
La Corte confirmó la condena contra Nicolás Carrizo, ex jefe de Los Copitos, por tenencia de dos DNI ajenos
El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme la sentencia a un año de prisión en suspenso en una causa derivada del atentado contra Cristina Kirchner
ANDIS: un empresario clave entró al país eludiendo Migraciones, que tenía la orden de secuestrar su celular
Se trata de Sergio Mastropietro, señalado por la acusación como un engranaje fundamental en el manejo del dinero negro de la presunta asociación ilícita. Regresó de Estados Unidos haciendo una ruta no prevista y dijo que perdió su teléfono dentro de Aeroparque
