En los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, situados en Comodoro Py, se juzgan —entre otros— los casos de corrupción cometidos por funcionarios o ex funcionarios de la administración central.
En uno de ellos, el Tribunal Oral federal 1, se tendrá que juzgar al ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, entre otros por una defraudación realizada en la mina de carbón de Río Turbio. El juicio aún no tiene fecha. Pero está en la fase preparación y de digitalización de la documentación.
La causa se inició en 2016 para investigar el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. Ese caso estuvo a cargo del juez Luis Rodríguez.
En julio de 2017, el fiscal del caso Carlos Stornelli pidió el desafuero y la detención de De Vido, junto a otras personas, acusándolos de haber firmado cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron millones de pesos. Stornelli había planteado que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron fondos públicos que terminaron en los bolsillos de distintas personas y no en el proyecto que se debía financiar. Fue por esta causa que a De Vido que era diputado, le quitaron los fueros y estuvo detenido.
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Cuando elevó el caso a juicio, Rodríguez señaló que en la causa se había investigado “una maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en adelante MINPLAN) y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (en adelante YCRT)—, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (en adelante UTN) y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz” (en adelante “Fundación”)”.
Ese caso será analizado por los jueces Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Michilini. Grünberg, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, le envió un oficio a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Magistratura para pedirle recursos.
En ese oficio le hizo saber de los pocos recursos con los que cuenta el Tribunal donde se tiene que hacer ese juicio y otro conexo vinculado también a Río Turbo. El oficio enviado a Rosatti señala: “Este Tribunal sólo cuenta con medios propios —gastos de funcionamiento otorgados por el Consejo de la Magistratura— para abastecer a personal de planta —en total 34 personas—, por ejemplo, con dos dispenser de agua fría/calor”.
“Además —agrega el escrito—, cabe mencionar que el espacio donde se encuentra reservada la documentación de la causa ‘De Vido, Miguel Ángel s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público’ y una de sus conexas ‘Pérez Osuna, Atanacio y otros s/ defraudación’, respecto de la cual se requirió colaboración para la digitalización, fue proporcionado por dicho Consejo el 26 de abril de 2022″.
El juez hace una descripción de las condiciones en las que le dieron el lugar para digitalizar el material probatorio de la causa: “Brevemente, corresponde decir que el espacio asignado no contaba con electricidad, red wifi, escritorios, sillas, ni computadoras. Asimismo, la documentación fue acondicionada con cajas que se compraron y otras que se consiguieron”.
Grünberg plantea que el TOF 1 no tiene recursos para adquirir lo que necesitan los empleados del Consejo que se encargan de pasar de papel a soporte digital la documentación del expediente: “De lo expuesto, surge con claridad que esta dependencia no cuenta con la logística suficiente para afrontar la compra de insumos —agua, ventilador, etc.— para las personas asignadas por el Consejo para las tareas de digitalización, en el espacio antes señalado”.
El juez concluye con un pedido a Rosatti para que se asignen recursos específicos para esa tarea: “Habida cuenta de lo manifestado, se solicita, que, de corresponder, se arbitren los medios necesarios para abastecer al personal dependiente del Consejo que colabora con la tarea indicada con los insumos que aquellos requieran”.
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