
Casi seis años después de su muerte, el joven mapuche Rafael Nahuel tendrá justicia. El Tribunal Oral Federal de General Roca comunicó este miércoles que finalmente el juicio oral por el crimen, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi durante un operativo de desalojo llevado a cabo por el Grupo Albatros, de Prefectura, comenzará el 14 de agosto.
El debate oral tendrá en el banquillo de los acusados a cinco agentes de este comando especial, en ese momento bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se les imputa el asesinato del joven de 21 años durante una persecución en la montaña. Para la Secretaría de Derechos Humanos, que se constituyó en marzo del 2021 como parte querellante en la causa, los Albatros dispararon decenas de municiones de plomo cuando los integrantes de la comunidad que se buscaba desalojar ya habían abandonado el terreno bajo custodia.
Los prefectos llegarán a juicio imputados por la fiscalía como coautores de “homicidio por exceso en la legítima defensa”, aunque la Secretaría de Derechos Humanos buscará probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, desde la hipótesis de que no existió la legítima defensa.
La hipótesis de la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little, que hizo la instrucción del caso, es que el prefecto Sergio Guillermo Cavia disparó la bala que provocó la muerte de Nahuel en medio de un enfrentamiento entre la fuerza y gente de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que -según su perspectiva- recuperó predios que son propiedad de la Administración de Parques Nacionales en Villa Mascardi.

También están acusados Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García como participes necesarios. Todos están defendidos por los abogados Marcelo Hugo Rochetti (ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad bonaerense cuando estuvo a cargo de Cristian Ritondo), Anabella Ethel Schmidt y Alejandra Elvira Bussetti.
Cómo fue el hecho
Según las pericias hechas por el Centro Atómico de Bariloche incorporadas al expediente, sobre las manos de los agentes en búsqueda de rastros de pólvora se pudo detectar a estos cinco -de un grupo de ocho agentes- como los involucrados. Entre todos dispararon al menos 114 veces.
Rafael Nahuel murió como consecuencia de un balazo recibido por Prefectura en su glúteo izquierdo. La bala atravesó el cuerpo y se alojó en su axila derecha, lo que le provocó la muerte. Según contó la vocera de la comunidad mapuche, Soraya Maicoño, a este medio, mientras agonizaba, Nahuel le dijo a sus amigos: “No me entreguen a los blancos”.
A pesar de que Nahuel murió de espaldas a los que disparaban y no se hallaron armas entre sus pertenencias ni rastros de pólvora en sus manos, la investigación judicial hecha por la fiscal le hace pensar que fue un enfrentamiento y no un operativo represivo. Eso es porque Lautaro González y Fausto Jones Huala, hermano del lonko Facundo, recientemente detenido, se hallaron mínimos restos de bario, plomo y antimonio en sus manos, los elementos que dan indicio de disparos.
Según la consideración del juez federal de Bariloche Gustavo Zapata, que comandó la causa durante la investigación, los agentes tuvieron “necesidad de defenderse” dado que fueron atacados con gomeras, piedras e incluso “lanzas”.

A pesar de que Patricia Bullrich repitió infinidad de veces que los ocupantes del predio usaron armas de fuego, no se encontraron rastros de disparos, ni vainas servidas ni mucho menos las propias armas en la escena del crimen ni en los allanamientos.
Los prefectos involucrados declararon que sufrieron un ataque “virulento” y que si bien empezaron con el intento de repeler las agresiones con balas de pintura luego incrementaron la reacción y pasaron al uso de armas letales, incluidas algunas de altísima potencia como el subfusil MP5, que lleva cargadores de 30 municiones y dispara en ráfaga.
“A mi modo de ver, los imputados pudieron considerar que su vida y la de sus compañeros estaban en peligro”, escribió en su fallo el juez Zapata. La Secretaría de Derechos Humanos cuestiona esta visión y considera que si bala que mató a Rafael Nahuel le ingresó por la espalda implica una situación de escape y no de agresión al momento del disparo mortal. Por eso probablemente irá en el juicio de agosto a buscar que sean condenados por homicidio calificado sin atenuantes.
“El asesinato de Rafael Nahuel es un caso paradigmático de violencia institucional. Es la consecuencia directa de estos discursos muy peligrosos de ‘meter bala’, que terminan con la vida de personas. Salir a perseguir pibes disparando balas de plomo es lo que no debe hacer un Estado de derecho. Mataron a Rafael y podrían haber matado a dos más, que terminaron con heridas en sus brazos”, destacó en un comunicado emitido tras conocerse la fecha del juicio Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
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