La sanzione contro José Israel Torres Gutiérrez, consistente in una squalifica di 10 anni dal lavoro nel servizio pubblico, così come l'obbligo di pagare una multa di 370 milioni di pesos per le irregolarità subite nell'ex Ministero dello Sviluppo Sociale (Sedesol), è rimasta ferma.
Dopo una revisione dell'elenco dei funzionari sanzionati per il loro rapporto con la cosiddetta operazione «master scam», è stato confermato che la sanzione imposta a Torres Gutiérrez è mantenuta nonostante le sfide che ha presentato davanti a varie istanze fino a raggiungere la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) .
Il Ministero del Servizio Pubblico (SFP) ha riferito che la sanzione finanziaria di oltre 370 milioni di pesos imposta a questo ex dipendente pubblico dall'organismo di controllo interno (ICO) dell'agenzia, che ora si chiama Segretariato del Welfare, era ferma.
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