La protección de los adolescentes que permanecen en centros pedagógicos de internamiento vuelve a generar preocupación entre organismos defensores de derechos humanos, luego de que se conocieran denuncias relacionadas con presuntas agresiones sexuales en perjuicio de menores.
Ante esta situación, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, hizo un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez y refuercen las medidas destinadas a garantizar la seguridad de los adolescentes que se encuentran bajo custodia estatal.
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El pronunciamiento surgió a raíz de información divulgada por medios de comunicación sobre un supuesto abuso sexual contra un menor en conflicto con la ley, que habría sido cometido por un integrante del personal de custodia de un Centro Pedagógico de Internamiento.
El Conadeh aclaró que, mientras las autoridades competentes no concluyan las investigaciones, no corresponde establecer anticipadamente la responsabilidad de la persona señalada. La institución recordó que cualquier proceso debe desarrollarse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Sin embargo, consideró que la naturaleza de las denuncias obliga a las instituciones estatales a adoptar medidas inmediatas para proteger a los posibles afectados y evitar que puedan presentarse nuevos riesgos.
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Menores y responsabilidad del Estado
La institución recordó que ingresar a un centro pedagógico de internamiento no significa que los menores pierdan sus derechos humanos. Por el contrario, al encontrarse bajo custodia estatal, las autoridades adquieren una responsabilidad especial de garantizar su bienestar.
Esa obligación incluye proteger su vida, integridad física, psicológica y sexual, dignidad y seguridad, de acuerdo con el planteamiento del organismo.
Investigación sin revictimización
El organismo recomendó que los adolescentes que pudieran haber sido afectados reciban atención médica, psicológica y jurídica, tomando en consideración la edad y las circunstancias particulares de los menores.
El Conadeh también pidió evitar cualquier práctica que pueda generar una nueva afectación emocional o exponer innecesariamente a las posibles víctimas durante las investigaciones.
La institución considera que la respuesta de las autoridades debe enfocarse tanto en esclarecer los hechos como en garantizar la seguridad de los adolescentes mientras se determina lo ocurrido.
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El Conadeh pidió al Ministerio Público actuar de oficio y desarrollar las investigaciones necesarias para establecer si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.
La investigación deberá determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados y establecer, conforme a la legislación vigente, las responsabilidades que correspondan. Mientras ese proceso avanza, el Conadeh considera indispensable que se mantengan medidas de protección para los adolescentes.
Refuerzo de controles en el INAMI
El llamado también está dirigido al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), al que el Conadeh recomendó fortalecer la supervisión en los diferentes centros pedagógicos del país.
La propuesta contempla mejorar los mecanismos de vigilancia en establecimientos como Sagrado Corazón, Jalteva, Nuevo Jalteva, El Carmen y Carmen Intermedio.
El organismo considera que la supervisión debe abarcar los distintos espacios donde permanecen los adolescentes, incluidos dormitorios, baños, áreas recreativas, aulas, talleres y otros sectores, con el fin de reducir situaciones en las que un menor pueda quedar expuesto a riesgos sin vigilancia adecuada.
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El Conadeh señaló la necesidad de establecer mecanismos seguros y confidenciales para que los adolescentes puedan informar sobre posibles hechos de violencia. Esos canales deben ser accesibles y permitir una respuesta rápida ante cualquier señal de riesgo o denuncia.
El organismo considera que los menores deben tener la posibilidad de comunicar situaciones que afecten su integridad sin temor a represalias y bajo condiciones que garanticen la confidencialidad de la información.
La institución planteó también la necesidad de fortalecer el papel de los orientadores sociales dentro de los establecimientos, con el objetivo de que el personal cuente con la preparación necesaria para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley y de que existan controles adecuados sobre quienes tienen responsabilidades de custodia.
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COIPRODEN suma su preocupación
La Red de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) también reaccionó ante las denuncias conocidas en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen. La organización señaló que las presuntas agresiones sexuales habrían afectado a dos adolescentes.
La posición se suma al llamado para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y garanticen medidas de protección para los menores, y vuelve a poner bajo atención las condiciones en las que permanecen los adolescentes privados de libertad y los mecanismos disponibles para prevenir y denunciar posibles abusos dentro de los centros.
El organismo advirtió que los adolescentes no deberían enfrentar nuevas vulneraciones mientras cumplen las medidas de internamiento establecidas por las autoridades, y consideró necesario que las instituciones revisen los sistemas generales de prevención y vigilancia existentes en los establecimientos, más allá de investigar cada denuncia de manera individual.
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