La entrega equivocada de un cadáver a una familia en julio de 2020 llegó a juicio contra Byron Eduardo Ulín Ortiz, trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), acusado de incumplimiento de deberes. Durante su declaración, el tanatólogo atribuyó lo ocurrido a deficiencias en los controles de identificación, falta de equipo y carga laboral en la morgue de Guatemala.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, presidido por el juez Saúl Álvarez. La acusación del Ministerio Público (MP)sostiene que Ulín Ortiz entregó a una familia un cuerpo distinto del que correspondía al expediente.
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Mientras que el cadáver que estaba siendo reclamado que debía permanecer bajo resguardo de la morgue, pero fue enviado al Cementerio de la Verbena e inhumado como XX, según los antecedentes expuestos durante el proceso.
El cuerpo entregado llevaba al menos dos meses en la morgue
De acuerdo con la Fiscalía, el cadáver entregado estaba identificado como XX, llevaba al menos dos meses en las instalaciones del Inacif y presentaba descomposición. La acusación señaló además que el cuerpo carecía de brazalete u otros elementos que permitieran confirmar su identidad antes de la entrega.
Ulín Ortiz ofreció una versión distinta. Dijo que el 22 de julio de 2020 recibió la asignación de preparar nueve cadáveres para una inhumación prevista para el día siguiente. En medio de esa labor, una familia llegó a reclamar uno de los cuerpos que se encontraban en la morgue.
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El acusado declaró que, al revisar un cadáver procedente del cuarto frío, advirtió que tenía más de dos meses de permanencia en la institución y que no portaba brazaletes de identificación. También afirmó que buscó documentos u otros elementos dentro de la bolsa, pero no encontró información que permitiera establecer de quién se trataba.
La falta de una cámara fotográfica quedó bajo discusión
El tanatólogo afirmó que el área no contaba con una cámara institucional para documentar el procedimiento de individualización de los cadáveres. Según explicó, solicitó una a los médicos forenses de turno, aunque no se la facilitaron porque las memorias de los equipos estaban ocupadas con material de otros casos.
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“Nosotros no contábamos con una cámara fotográfica”, declaró Ulín Ortiz ante el tribunal. Añadió que sus superiores conocían esa carencia y que no utilizó su teléfono celular por temor a contaminarlo, debido a que los hechos ocurrieron durante la pandemia de covid-19.
Según su relato, recibió instrucciones de no entregar el cadáver sin identificación hasta realizar un estudio de huellas para confirmar su identidad. Dijo que comunicó esa decisión a los familiares, quienes habrían aceptado regresar al día siguiente.
Mientras atendía ese caso, quedaron dos cadáveres pendientes de preparación para la inhumación. Ulín Ortiz sostuvo que sus compañeros se apoyaron a trabajar en ellos y les aceptó la oferta pero les pidió a esperar antes de continuar porque no estaba identificado, pero ellos se ofrecieron a completar el trabajo.
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Un cadáver ya estaba embolsado cuando volvió a la sala
El acusado relató que, cuando regresó a la sala de necropsias, uno de los cuerpos ya estaba embolsado. Aseguró que quiso abrir la bolsa para verificar el brazalete, pero sus compañeros le indicaron que el procedimiento se había realizado de forma correcta.
Ulín Ortiz declaró que colocó la hoja de individualización en la bolsa y que, al terminar su turno al día siguiente, los cadáveres serían trasladados al Cementerio de la Verbena, el cual resguarda los cuerpos que no son identificados. Más tarde, recibió una llamada que le informó que en la morgue habían detectado el envío de un cuerpo equivocado.
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El trabajador también cuestionó el proceso administrativo que abrió el Inacif. Afirmó que pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad para respaldar su versión, pero aseguró que la solicitud se realizó un año después, pese a que las imágenes solo permanecían almacenadas durante tres meses.
El juicio continuará con la declaración de peritos y testigos propuestos por las partes.
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