La agrupación Poder Ciudadano Guatemala presenta una reforma constitucional para rediseñar el sistema de justicia

Poder Ciudadano Guatemala presentó una propuesta de reforma constitucional para el sector justicia que modificaría más de 20 artículos de la Carta Magna y rediseñaría la selección, permanencia y remoción de jueces, magistrados y otras altas autoridades, con una ruta que exige al menos cinco mil firmas, 107 votos en el Congreso de la República y una consulta popular que la agrupación busca hacer coincidir con las elecciones de 2027.

La iniciativa afectaría el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. El punto de partida es un diagnóstico sobre fallas estructurales del modelo actual, en especial del sistema de comisiones de postulación para elegir magistrados.

Según la propuesta, ese mecanismo ha sido vulnerable a negociaciones opacas, conflictos de interés y captura por actores políticos, económicos o ilícitos.

El proyecto elimina las comisiones de postulación y crea un órgano permanente de administración judicial

La propuesta establece que ese Consejo tenga siete miembros. Uno sería designado por la Corte Suprema de Justicia, tres provendrían de los cuerpos de magistrados de apelaciones, jueces de primera instancia y jueces de paz mediante concurso público de oposición, y los otros tres serían especialistas externos en finanzas públicas o administración pública elegidos por los cuatro consejeros anteriores.

La presidencia se asignaría por sorteo público cada tres años. Ese mismo mecanismo de sorteo aparece en otros tramos del diseño institucional con el objetivo de impedir nombramientos dirigidos.

Se propone modificar la duración de los mandatos judiciales. Guatemala tiene hoy períodos de cinco años para magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, y la reforma propone llevarlos a 12 años sin reelección para la Corte Suprema, con renovación por tercios cada cuatro años.

La Corte de Constitucionalidad pasaría de cinco a 15 magistrados y tendría renovación parcial

En el caso de la Corte de Constitucionalidad, el cambio sería aún mayor: pasaría de cinco a 15 magistrados distribuidos en tres salas y también tendría renovación parcial cada cuatro años. Para la primera integración bajo el nuevo modelo, los mandatos iniciales serían de cuatro, ocho y 12 años, definidos por sorteo público.

Los magistrados de la Corte de Apelaciones dejarían de ser electos por el Congreso y pasarían a ser funcionarios de carrera. Serían seleccionados por el Consejo mediante concurso público de oposición y conservarían estabilidad hasta la edad obligatoria de retiro, fijada en 75 años.

El Fiscal General perdería la actual dependencia de la potestad presidencial de remoción

La propuesta introduce un régimen constitucional uniforme de remoción para integrantes de la Corte Suprema, del Consejo, de la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General y el Contralor General de Cuentas. La separación del cargo solo procedería por condena penal ejecutoriada o por faltas muy graves definidas en la Constitución.

El procedimiento quedaría a cargo de una comisión de cinco diputados seleccionados por sorteo y requeriría el voto favorable de dos tercios del total de diputados. La autoridad removida tendría la posibilidad de recurrir ante la Corte de Constitucionalidad.

Para el Ministerio Público, el proyecto elimina la facultad presidencial de destituir al Fiscal General por “causa justificada debidamente establecida”, una fórmula que la agrupación describe como un instrumento de presión. En su lugar, el cargo quedaría sometido al régimen uniforme del artículo 206 bis.

Edgar Ortiz, quien dirige la agrupación civil, explicó en un video publicado en la red social de la agrupación, la ruta prevista para activar la reforma: “Si ustedes ven el artículo doscientos setenta y siete, literal D de la Constitución, dice que cinco mil ciudadanos tienen el derecho de proponerle al Congreso una reforma constitucional. Así que paso número uno: vamos a recoger por lo menos cinco mil firmas para llevar la propuesta al Congreso. Una vez la presentemos al Congreso, esta debe ser aprobada por ciento siete votos de los ciento sesenta diputados”.

El dirigente añadió que todavía faltaría la ratificación ciudadana. “El pueblo debe aprobar esta reforma en consulta popular”, dijo, y planteó que sería importante que el Congreso la apruebe pronto para incluirla como una sexta papeleta en las elecciones de 2027.

La recolección de firmas comenzará el 4 de julio, de acuerdo con la convocatoria de Poder Ciudadano Guatemala. La propuesta puede consultarse durante junio de 2026 en el sitio poderciudadano.gp.