La OEA aprobó una resolución que exige a la dictadura de Nicaragua que ponga “fin a las represalias” y garantice los derechos humanos

(Desde Washington, Estados Unidos) La OEA aprobó hoy una resolución que exige al régimen de Nicaragua terminar con la represión ilegal y reinstaurar el derecho al voto, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminaron para perpetuarse en el poder.

La resolución fue presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, y estuvo a punto de caer por la oposición geopolítica de Brasil, México y Uruguay.

Los representantes diplomáticos de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi se oponían a las propuestas de la iniciativa que impactaban en intereses de seguridad y negocios que vinculan a Nicaragua con China, Rusia e Irán.

Brasil, México y Uruguay, alegando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países, rechazaban esas disposiciones.

Pero una larga y compleja negociación resolvió la crisis diplomática y permitió que -por unanimidad- se aprobara la resolución que cuestiona al régimen sandinista.

La resolución de la OEA exige lo siguiente a Ortega y Murillo:

1. “Restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua.
2. Poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada;
3. Restaurar la nacionalidad, el acceso a los registros civiles y todos los derechos relacionados a todas las personas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y permitir su regreso seguro y voluntario sin temor a represalias incluidos, entre otros a líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas, y defensores de derechos humanos.
4. Restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir que los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las personas empresarias y otras organizaciones del sector privado disueltas reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos.
5. Restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político incluyendo mediante la revocación de aquellas disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente en 2025 y 2026, que subviertan la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político o los derechos protegidos internacionalmente, y la toma de medidas concretas para restaurar esas garantías.
6. Establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble.
7. Proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva.
8. Interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad".

Además de las exigencias básicas al régimen sandinista, la resolución de la OEA establece la creación de un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”, “entablar un diálogo con todo el espectro de los sectores políticos” y “elaborar y entregar recomendaciones” en un plazo de 60 días para evitar que los dictadores Ortega y Murillo consoliden sus decisiones autoritarias.

El 19 de julio, durante un acto oficial para reivindicar a la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que se iban a abolir los derechos electorales en Nicaragua.

“No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder. (...) Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. ¡Jamás, jamás, jamás!”, anunció el dictador nicaraguense.

El primero de septiembre, bajo las órdenes de Ortega-Murillo, se aprobó en la Asamblea Nacional de Nicaragua esta reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el período presidencial de seis a siete años.

Esta decisión política implicó que no hubiera elecciones presidenciales el próximo 1 de noviembre, y que los dictadores Ortega y Murillo tengan la posibilidad de mantenerse en el poder hasta 2033.

Desde una perspectiva formal, el régimen necesita una segunda votación, que será el 18 de enero 2027. Si a ese momento, la OEA no puede frenar la ofensiva totalitaria de Ortega y Murillo, Nicaragua profundizará su crisis institucional.

Rosa María Payá, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un discurso que describió sin eufemismo el aparato represivo de Nicaragua y sus vínculos profundos con China, Rusia e Irán.

“Quiero ser clara. La situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional, y no solo un problema interno. Nicaragua es un Estado policial, y su clima de miedo se extiende a otros países mediante”, señaló Payá.

Y completó:

“El sistema interamericano conoce de cerca el impacto de la represión transnacional: esta región ya vivió la Operación Cóndor y dijo ´nunca más´“.