El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, pidió el lunes al fiscal general Todd Blanche documentos sobre una estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que permitió seguir cargamentos de fentanilo sin incautarlos de inmediato en Nuevo México. La táctica buscaba llegar a redes de tráfico más amplias, pero, según AP, parte de esas pastillas llegó a las calles durante la crisis de sobredosis por opioides sintéticos.
La revisión legislativa se sumó a dos frentes. Denunciantes de la DEA aseguraron que recibieron órdenes de no interceptar cientos de miles de pastillas en Nuevo México. El fiscal general estatal, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia por documentos del caso.
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El inspector general del departamento anunció una revisión nacional sobre estas políticas y las investigaciones con escuchas telefónicas.
La investigación del Congreso de Estados Unidos apunta a una práctica de la DEA sobre fentanilo
La estrategia bajo examen consistía en monitorear envíos importantes de fentanilo sin decomisarlos en el momento para reunir pruebas y avanzar sobre organizaciones criminales más grandes. Esa práctica, conocida en inglés como letting drugs “walk” (dejar que las drogas “caminen”), describe la decisión de dejar que la droga continúe su recorrido bajo vigilancia.
Según informó AP, la pesquisa del Congreso se abrió dos meses después de que la agencia revelara que agentes de la DEA siguieron repetidamente cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025 sin impedir que parte de la droga llegara a la calle.
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Comer sostuvo en su carta que una política que ordene no interceptar envíos significativos pudo causar “daños considerables”.
El Departamento de Justicia modificó en 2024 la norma sobre incautación de fentanilo
La política vigente desde 2017 indicaba que los agentes debían incautar o impedir la distribución de fentanilo tan pronto como fuera posible. Esa regla fijaba como prioridad evitar que la sustancia circulara.
De acuerdo con la investigación citada por AP, el Departamento de Justicia reescribió esa norma en 2024 y otorgó mayor discreción a los investigadores para preservar operaciones en curso. Ese cambio quedó bajo análisis porque los republicanos sostienen que pudo facilitar que grandes cantidades de fentanilo no fueran decomisadas de inmediato.
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Los denunciantes de la DEA y el caso de Albuquerque reforzaron las objeciones en Nuevo México
Los denunciantes de la DEA indicaron que recibieron órdenes para no interceptar cientos de miles de pastillas en Nuevo México. Entre ellos figura un exsupervisor que trabajó en una de las investigaciones y que luego cuestionó el manejo del caso. Según su testimonio citado por AP, la red investigada podría haberse desarticulado antes.
La investigación periodística también señaló que la práctica continuó durante el segundo mandato de Donald Trump en la etapa previa al mayor decomiso de fentanilo anunciado por la DEA en mayo de 2025. En esa operación, las autoridades secuestraron cerca de tres millones de pastillas, aunque otras cantidades no fueron decomisadas.
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En Albuquerque, agentes observaron a correos de droga entrar en hoteles con mochilas que, según la investigación, podían contener hasta 100.000 pastillas de fentanilo.
La demanda de Raúl Torrez y la revisión federal ampliaron la investigación sobre tráfico de drogas
Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para forzar la entrega de documentos sobre estas operaciones. Su reclamo coincide en parte con los registros pedidos por el comité que preside Comer.
El caso también abrió una revisión de alcance nacional. En agosto de 2026, el inspector general del Departamento de Justicia anunció que examinará estas políticas y pesquisas con escuchas telefónicas para determinar si la misma táctica se usó en otras partes de Estados Unidos. El administrador de la DEA, Terry Cole, respaldó esa revisión y dijo, en declaraciones a Fox News que las investigaciones de la agencia son extensas, complejas y se realizan bajo la ley.
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Por ahora, siguen abiertas la pesquisa del Congreso, la demanda de Nuevo México y la revisión interna del gobierno federal.
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