El Texas Children’s Hospital, en Houston, deberá implementar la primera clínica que revierte el cambio de género del país y abonar USD 10 millones al estado, tras un acuerdo legal impulsado por la fiscalía general de Texas.
La medida, cuyo objetivo es atender de forma gratuita durante 5 años a personas que hayan recibido tratamientos de transición de género, se produce después de tres años de investigaciones y bajo la presión de la legislación estatal que prohíbe terapias hormonales y bloqueadores de pubertad para menores trans.
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El acuerdo incluye la revocación de privilegios médicos de cinco profesionales de la salud; según detalló el hospital, en ese lapso entregó más de 5 millones de documentos tanto al estado como al Departamento de Justicia estadounidense.
El convenio, que aún no se hizo público en su totalidad ni revela los nombres de los profesionales involucrados, fue motivado para evitar litigios extensos y proteger recursos institucionales, tal como informó The Texas Tribune.
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La fiscalía estatal, liderada por Ken Paxton, sostiene que el hospital facturó a Medicaid intervenciones de transición de género supuestamente ilegales, que en algunos casos se habrían registrado tras modificar diagnósticos médicos.
La nueva clínica deberá proporcionar atención médica multidisciplinaria para quienes buscan interrumpir o revertir tratamientos de transición de género, abarcando desde la suspensión de terapias hormonales hasta cirugías reconstructivas.
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La institución anticipó que los servicios ofrecidos serán similares a los ya disponibles, aunque no especificó la modalidad ni el alcance exacto de la nueva clínica.
El acuerdo legal obliga a financiar la clínica gratuita durante cinco años
La creación de este espacio fue ordenada como resultado de una investigación iniciada en 2023 por la oficina del fiscal general. Ese año, el gobernador Greg Abbott promulgó la Ley del Senado 14 (Senate Bill 14), que prohíbe los tratamientos de afirmación de género para menores en Texas, abarcando bloqueadores hormonales, terapias de reemplazo y cirugías.
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El hospital sostuvo que la resolución resultó un desenlace “difícil”, pero necesario para resolver una controversia y asegurar recursos para la atención de sus pacientes.
De acuerdo con The Texas Tribune, la decisión posiciona al Texas Children’s Hospital en el centro del debate nacional sobre la atención sanitaria a personas transgénero durante la infancia y adolescencia. La nueva normativa, que veda cualquier tratamiento hormonal a personas menores trans, reduce la probabilidad de que numerosos adolescentes en Texas requieran revertir el cambio de género.
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La clínica, sin precedentes en Estados Unidos, será costeada por el hospital durante cinco años. Este gasto preocupa a la representante estatal de Houston, Molly Cook, quien advirtió a The Texas Tribune que podría implicar una reducción de recursos en áreas sensibles como la oncología pediátrica o la cardiología infantil.
Reacciones de especialistas y activistas ante la medida
Distintos referentes de entidades y agrupaciones señalaron sus dudas respecto a las repercusiones médicas y políticas del pacto legal.
Kellan Baker, asesor principal del Movement Advancement Project, el think tank especializado en derechos LGBTIQ+, sostuvo que las necesidades clínicas de revertir el cambio de género fueron atendidas de modo adecuado cuando cuentan con respaldo de salud mental. Asimismo, advirtió: “Los médicos deberían tomar las decisiones sobre la atención médica, no los políticos”.
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Desde Equality Texas, la organización de defensa de derechos, su director ejecutivo Brad Pritchett aseguró que el estado está “extorsionando a un sistema hospitalario para crear un recurso que nadie ha solicitado”. Además, afirmó que esta iniciativa “ignora la ciencia y los años de datos sobre los beneficios abrumadores de la atención afirmativa de género”.
El debate se intensifica ante las advertencias de expertos como la directora de políticas de la Transgender Education Network of Texas Andrea Segovia, quien indica que el deseo de revertir una transición rara vez responde a complicaciones médicas y suele estar determinado por problemas sociales, económicos o la ausencia de apoyo familiar. Segovia expresó su preocupación ante la posibilidad de que la clínica no incorpore un acompañamiento sólido en salud mental.
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La intervención directa del estado sobre la administración de la nueva clínica genera interrogantes sobre la independencia médica y la orientación científica de sus protocolos de actuación.
Por su parte, la representante estatal Jessica González, titular del Caucus LGBTQ en la Cámara de Texas, calificó el acuerdo de “vergonzoso” y lo identificó como parte de una campaña tendiente a “erradicar a las personas transgénero de la vida pública”.
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El contexto nacional: escasez de especialistas y respaldo de sociedades médicas
La presión sobre la atención sanitaria para menores trans se incrementó en Texas tras la aprobación de la Ley del Senado 14, provocando una reducción de especialistas en endocrinología pediátrica, según registra The Texas Tribune.
El fiscal general Paxton también promovió demandas para impedir que profesionales de la salud brinden atención afirmativa de género y presentó acciones legales contra el Children’s Health System of Texas.
Las principales asociaciones médicas, incluida la American Medical Association y la American Academy of Pediatrics, expresan su respaldo a la atención médica basada en la evidencia y reafirman la necesidad de garantizar el acceso a estos servicios para menores que los requieran.
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