El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva proclamación que amplía las restricciones de ingreso para ciudadanos de más de treinta países, basándose en preocupaciones de seguridad nacional, terrorismo y carencias en los procesos de control y verificación migratoria.
La medida, anunciada por la Casa Blanca, actualiza y extiende las limitaciones previas, añadiendo países a la lista, modificando el grado de restricción para otros y ajustando los criterios de excepción para ciertos tipos de visados.
El texto ratifica la suspensión total de entrada y emisión de visados a nacionales de doce países definidos como “de alto riesgo” —entre ellos Afganistán, Haití, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen— y agrega restricciones absolutas para Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria.
También afecta a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, resaltando la preocupación de Washington sobre la imposibilidad de realizar verificaciones confiables en zonas bajo control limitado o en conflicto.
Adicionalmente, el gobierno extiende restricciones completas a Laos y Sierra Leona, países que antes enfrentaban limitaciones parciales, alegando tasas elevadas de permanencia irregular y negativa a repatriar ciudadanos deportados.
En el plano parcial, incorpora a la lista a quince países más de África y Oceanía, entre ellos Angola, Benín, Gabón, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe, limitando el acceso a ciertos visados no inmigrantes, incluidos los de turismo, estudios y negocios.
En paralelo, continúan restricciones parciales para ciudadanos de Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.
Trump justificó la medida asegurando que “las restricciones de entrada y las limitaciones impuestas son necesarias para impedir el ingreso de personas sobre las que Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que suponen, garantizar la cooperación con gobiernos extranjeros y proteger a la nación de amenazas a la seguridad y el orden público”.
“Corresponde al presidente actuar para asegurarse de que quienes busquen ingresar a nuestro país no representen un peligro para el pueblo estadounidense”, se lee en el texto emitido por la Casa Blanca.
Informes del Departamento de Seguridad Nacional citados en la proclamación muestran tasas elevadas de sobreestadía de ciudadanos varios países, así como la negativa reiterada de algunos gobiernos a aceptar el retorno de sus ciudadanos sujetos a deportación.
“Estos factores demuestran un incumplimiento sistemático de las leyes migratorias estadounidenses y generan una carga adicional para los recursos de control”, indica el documento.
Desde la entrada en vigor de restricciones previas al inicio de su mandato, la administración Trump argumentó la necesidad de limitar viajes y migración desde jurisdicciones con niveles elevados de violencia, deficiencia en el registro de documentos civiles, corrupción, criminalidad e inestabilidad interna.
La proclamación detalla que, en varios de los países señalados, existen esquemas de ciudadanía por inversión y prácticas que dificultan la verificación de identidad o permiten evadir controles internacionales.
El decreto mantiene exenciones puntuales —como para residentes legales, titulares de visas ya emitidas, deportistas, diplomáticos y personas que ingresen bajo motivos de interés nacional para Estados Unidos— y dispone que se mantendrán los casos de excepción caso por caso. La norma también ajusta y limita la cobertura de visas familiares para evitar lo que describió como “riesgos demostrados de fraude”.
La proclamación remarca la intención de la Casa Blanca de continuar endureciendo el acceso a quienes no puedan ser verificados adecuadamente y de impulsar a los países afectados a mejorar sus procesos internos de control migratorio, documentación e intercambio de datos con autoridades estadounidenses.
El gobierno subrayó que la ampliación de la lista de restricciones es una respuesta a la dinámica internacional, que incluye presencia activa de grupos armados y terroristas, conflictos internos, y marcos legales débiles para el regreso de migrantes inadmisibles.
La proclamación es el último paso de una estrategia sostenida, defendida jurídicamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, centrada en la premisa de que “garantizar fronteras seguras es una condición fundamental para la seguridad nacional”.
Según datos oficiales, las restricciones más estrictas recaen sobre países africanos y asiáticos con altos índices de permanencia irregular, junto con aquellos implicados en actividades hostiles u operando desde regiones bajo control limitado y con antecedentes de terrorismo o inestabilidad.
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional revisarán periódicamente los compromisos de cada país para actualizar el alcance y la vigencia de las limitaciones en función del riesgo y la cooperación internacional.
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