El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones financieras contra una red de empresas e individuos en distintos países por su presunta colaboración con el programa de fabricación de misiles balísticos y drones de Irán.
El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su lista a 32 entidades y personas ubicadas en Irán, China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Turquía y la India. Esta decisión, explicada por la Administración de Donald Trump como un respaldo a la reciente reimposición de sanciones internacionales, busca aislar aún más a la República Islámica y frenar su desarrollo nuclear y militar.
El anuncio se produce después de que el Consejo de Seguridad de la ONU restableciera en septiembre seis resoluciones de sanciones adoptadas entre 2006 y 2010. Según argumentaron los miembros del Consejo, Irán no ha cumplido con los compromisos de control de su programa nuclear asumidos en el acuerdo firmado en 2015. Esta postura internacional es consecuencia directa de una escalada de tensiones: Washington abandonó el acuerdo nuclear con Irán en 2018, durante el primer mandato de Trump, y volvió a imponer sanciones. Ante esto, Teherán aceleró su desarrollo atómico y, tras la ruptura de negociaciones en junio, Estados Unidos también se sumó a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares iraníes ocurridos ese mismo mes.
En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense instó a todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cumplir sus obligaciones internacionales. Mediante un comunicado, la institución afirmó: “Estados Unidos continuará utilizando todos los medios disponibles, incluidas las sanciones contra entidades con sede en terceros países, para exponer, interrumpir y contrarrestar la adquisición por parte de Irán de equipos y artículos para sus programas de misiles balísticos y drones, que ponen en peligro la seguridad regional y la estabilidad internacional”.
Las sanciones reimpuestas por las potencias europeas y la ONU congelan activos iraníes en el extranjero, prohíben acuerdos de armas y penalizan cualquier desarrollo relacionado con misiles balísticos, profundizando el aislamiento político y agravando la crisis económica interna en la República Islámica.
De acuerdo con informes recientes, la capacidad de supervisión internacional sobre el programa nuclear iraní se ha visto limitada por el agravamiento del conflicto. Según reveló el miércoles la agencia The Associated Press al acceder a un documento confidencial, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha podido verificar el estado de las reservas de uranio de Irán cercanas al grado armamentístico desde los ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio. El organismo señala que “perdió la continuidad del conocimiento en relación con los inventarios previamente declarados de material nuclear en Irán” en las instalaciones afectadas durante los doce días de enfrentamientos armados. El OIEA subraya la urgencia de resolver este problema.
Según el último informe publicado por el organismo en septiembre, Irán mantiene una reserva de 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza. Técnicamente, este material se encuentra a un paso de los niveles necesarios para la fabricación de armas nucleares, que requieren una pureza del 90%. Rafael Grossi, director general del OIEA, advirtió en una entrevista con The Associated Press que tal reserva podría permitir a Irán construir hasta diez bombas nucleares si así lo decidiera, aunque recalcó que esto no implica que Teherán posea dicho armamento.
Desde Teherán, las autoridades insisten en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos, pero tanto el OIEA como diversas naciones occidentales sostienen que existió un programa organizado de armas nucleares en Irán hasta el año 2003.
(Con información de AP y EFE)
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