El bloqueo político en Estados Unidos mantiene paralizado al Gobierno federal por noveno día consecutivo, con el Senado incapaz de aprobar un acuerdo que permita reabrir la administración. Las votaciones de este jueves volvieron a estancarse, sin que ninguna de las dos propuestas —una republicana y otra demócrata— lograra el apoyo mínimo de 60 senadores necesario para avanzar.
El presidente Donald Trump, lejos de suavizar su postura, redobló su desafío y advirtió que castigará financieramente a los estados gobernados por demócratas si el partido no cede. “Solo vamos a recortar los programas demócratas, lo siento”, dijo durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. “Así que tendrán una muestra de su propia medicina”.
La disputa se centra en los términos del nuevo presupuesto federal. Los republicanos, que dominan la Cámara de Representantes, exigen aprobar una prórroga hasta el 21 de noviembre sin condiciones, mientras los demócratas del Senado reclaman que cualquier acuerdo incluya la extensión de los créditos fiscales que subsidian los planes del Obamacare, así como la restitución de fondos para los medios públicos y la reversión de los recortes en Medicaid, el seguro de salud para los más vulnerables.
El pulso refleja el profundo deterioro institucional del Congreso estadounidense. Pese a siete rondas de votaciones, ningún senador modificó su posición respecto a la semana anterior. La dinámica, según analistas del Washington Post y de Politico, demuestra que ni la presión económica ni el desgaste público están forzando concesiones de peso.
El cierre del Gobierno —el primero desde 2019— ha provocado la suspensión de servicios federales, la paralización de proyectos públicos y el envío de miles de trabajadores a sus casas sin sueldo. Si el bloqueo se mantiene, más de dos millones de empleados federales podrían dejar de cobrar su salario la próxima semana, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Trump ha tratado de capitalizar la crisis, culpando a los demócratas de “usar a los ciudadanos como rehenes políticos”. Pero la estrategia también comporta riesgos: cada día que pasa sin acuerdo erosiona la percepción de estabilidad de su Administración y alimenta el malestar en sectores moderados de su propio partido, temerosos de un coste electoral en 2026.
El líder republicano de la Cámara, Mike Johnson, acusó al senador Chuck Schumer, jefe de la bancada demócrata, de frivolizar con la situación. “Es impresionante lo insensible que puede ser al jugar con el sustento de los estadounidenses”, dijo en conferencia de prensa. Schumer, sin embargo, mantuvo el tono desafiante y aseguró que “cada día es mejor para nosotros”, en alusión al desgaste político que, a su juicio, enfrenta la Casa Blanca.
Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto y Gestión del Gobierno ya ha suspendido proyectos en varios estados demócratas, aunque sin ejecutar por ahora los despidos masivos que Trump había insinuado. La medida busca aumentar la presión sobre los senadores del partido opositor, pero ha despertado críticas de juristas que advierten sobre un posible abuso de poder.
El cierre también amenaza con ralentizar la economía. Moody’s ha advertido que, si la parálisis se prolonga, podría afectar el crecimiento del PIB en el último trimestre del año, recortando entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales. Las agencias de calificación observan con preocupación la posibilidad de un impago parcial de obligaciones estatales si el Congreso no aprueba nuevas partidas de gasto.
El trasfondo de la disputa combina factores ideológicos y tácticos. Para los demócratas, ceder sin garantías sobre la salud pública y los subsidios sociales sería aceptar una erosión del legado de Barack Obama en pleno año preelectoral. Para los republicanos, renunciar a la disciplina fiscal en un contexto de déficit creciente equivaldría a traicionar a su base conservadora.
La Cámara de Representantes permanece en receso desde que empezó el cierre. Johnson lo justifica como una forma de evitar “tensiones improductivas” mientras se busca un consenso, aunque fuentes legislativas interpretan la decisión como una maniobra para impedir que se vote una solución intermedia que pudiera dividir a los republicanos.
Con las posiciones atrincheradas y la opinión pública cada vez más impaciente, Washington vuelve a ser escenario de un enfrentamiento que combina cálculo electoral y bloqueo institucional. La crisis expone una fractura política que trasciende los partidos y que pone en cuestión la capacidad de Estados Unidos para gobernarse a sí mismo en tiempos de polarización extrema.
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