Donald Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional en Illinois en medio de nuevos incidentes con agentes migratorios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump activó un plan para federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, según informó el gobernador demócrata JB Pritzker. La notificación fue realizada por el Pentágono el sábado por la mañana, aunque no se precisó ni el destino ni la fecha de despliegue, en un contexto de tensión creciente ante la amenaza recurrente de Trump de enviar tropas a Chicago.

En un comunicado, el gobernador Pritzker calificó la acción como “absolutamente escandalosa y antiestadounidense”, asegurando que el Departamento de Guerra de la administración Trump le dio un ultimátum para convocar a las tropas estatales, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, el gobierno federal tomaría el control directamente. El gobernador enfatizó que considera la medida una imposición que vulnera la autonomía del estado y que extraerá a los efectivos de la Guardia Nacional de sus familias y puestos de trabajo regulares.

La intensificación de la presencia federal en Illinois ocurre tras estrategias similares implementadas en otras ciudades del país, entre ellas Baltimore y Memphis. Previamente, Trump había desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y llevó a cabo una intervención federal en Washington DC. Pritzker describió el movimiento como una “actuación fabricada” que poco tiene que ver con la seguridad real y mucho con la intención de control político por parte de la Casa Blanca.

El foco de la tensión ha sido la protección de la instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, a las afueras de Chicago. Según el gobernador, las fuerzas estatales, de condados y locales coordinan desde hace semanas medidas para mantener la seguridad del lugar, convertido en objetivo recurrente durante el recrudecimiento de la política migratoria federal. El viernes, autoridades federales reportaron la detención de trece manifestantes cerca de la infraestructura de ICE.

En este contexto, una mujer fue baleada por agentes de la Patrulla Fronteriza el sábado por la mañana en Chicago, lo que marca el segundo caso de uso de armas de fuego por parte de agentes federales en menos de un mes. El tiroteo ocurrió en el área de South Side después de que los agentes fueran supuestamente acorralados por varios vehículos.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo en un comunicado que los agentes se vieron obligados a disparar tras ser embestidos por una conductora que portaba un arma semiautomática. La mujer, ciudadana estadounidense, había sido incluida en un boletín de inteligencia de las autoridades migratorias la semana pasada por divulgar información confidencial de agentes en línea. Ningún agente resultó herido.

McLaughlin afirmó que la mujer condujo por sí misma al hospital, aunque el Departamento de Bomberos de Chicago dijo al Chicago Sun Times que fue encontrada herida en la vía pública y trasladada en ambulancia. Grupos de defensa de los inmigrantes acusaron a los agentes de causar un accidente automovilístico en el mismo vecindario del tiroteo.

El primer incidente había ocurrido el 12 de septiembre, cuando el mexicano Silverio Villegas-González, de 38 años, murió tras ser baleado por un agente del ICE durante una redada. Aunque la agencia sostuvo que el inmigrante intentó atropellar a un oficial, un video policial posterior mostró que el supuesto agente herido reconocía que sus lesiones “no eran graves”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el lunes pasado la creación de una “Fuerza Especial de Protección del ICE”, desplegada por el Departamento de Justicia para proteger estas instalaciones y arrestar a “agitadores violentos”, en palabras de la funcionaria. En una publicación en la red social X, Bondi aseguró que el operativo busca presentar cargos federales graves contra los sospechosos de amenazas o actos violentos y respaldó su mensaje presentando un memorando dirigido a directivos del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y los Marshals.

El documento, que cita inicialmente al presidente Trump, plantea la existencia de una “nueva era de violencia política extrema” presuntamente impulsada por campañas organizadas de intimidación y radicalización, con el objetivo de “silenciar discursos opuestos, influir en políticas y obstaculizar el funcionamiento de la sociedad democrática”. Bondi citó el aumento del 1000% en los ataques contra agentes de ICE desde el 21 de enero de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, así como diversos incidentes, entre ellos el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk y recientes atentados que afectan a figuras políticas.

Durante el fin de semana pasado, se registró una concentración de más de 200 personas bloqueando el acceso a un centro de procesamiento de ICE en el área metropolitana de Chicago. Según Bondi, los manifestantes corearon consignas ofensivas y trataron de irrumpir en propiedad federal. La fiscal general denunció además que tanto Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han calificado a los agentes federales con términos despectivos.

El despliegue federal no se limita a Illinois. En Portland, Oregon, el presidente Trump reivindicó la próxima llegada de tropas federales, alegando que la ciudad se encuentra “devastada por la guerra”. Autoridades estatales y locales se opusieron activamente mediante demandas judiciales, cuyo desenlace sigue pendiente tras una audiencia celebrada el viernes por la jueza Karin J. Immergut. Mientras esperan la resolución judicial, unidades de la Guardia Nacional continúan con su entrenamiento en la costa de Oregon ante una inminente movilización.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el domingo de la detención de once manifestantes frente al centro de detención de ICE en Chicago, en paralelo a las declaraciones de Johnson y Pritzker que denunciaban el despliegue de agentes enmascarados en la ciudad como actos de intimidación. Como parte de la respuesta federal, Bondi aseguró que la nueva fuerza especial operará en cualquier lugar donde los cuerpos federales sean amenazados y advirtió que el proceso legal alcanzará no solo a los autores materiales de los disturbios, sino a quienes financien, coordinen o inciten actos de violencia.

La expansión de la estrategia federal ha alcanzado también a ciudades como Washington, Seattle y Los Ángeles, en el marco de una política migratoria mucho más estricta impulsada por la administración Trump. En respuesta, diversas autoridades locales han iniciado acciones legales para frenar la intervención directa del gobierno federal en sus jurisdicciones.

(Con información de AP, EFE y EP)