Cierre de gobierno en Estados Unidos: cuándo ocurre y qué servicios se ven afectados

Estados Unidos se prepara para un posible cierre del gobierno federal a partir del 1 de octubre de 2025, en medio de desacuerdos persistentes entre miembros del Congreso sobre la aprobación de fondos. La falta de consenso antes del inicio del nuevo año fiscal podría dejar a miles de empleados públicos sin remuneración y limitar funciones esenciales en el país.

El proceso presupuestario en Estados Unidos requiere que el Congreso apruebe anualmente una serie de doce leyes de asignaciones, piezas clave para mantener la operatividad de las diferentes agencias federales.

De acuerdo con Reuters, los legisladores suelen recurrir a un solo paquete legislativo conocido como “proyecto omnibus” para acelerar la aprobación, especialmente cuando se aproxima la fecha límite. Este año, ninguna de las doce leyes ha sido promulgada antes del plazo legal, lo cual amenaza con detener parcial o totalmente la maquinaria estatal.

En la actualidad, los partidos se muestran inflexibles en sus propuestas de solución. Mientras los republicanos han propuesto extender la financiación hasta el 21 de noviembre para ganar tiempo en la negociación, los demócratas sugieren mantener el Estado operativo solo durante octubre, junto a disposiciones sanitarias y limitaciones a la capacidad del presidente Donald Trump para retener fondos, algo que los republicanos consideran inaceptable.

Según información recogida por The Associated Press, el estancamiento de las partes ha incrementado el riesgo de un cierre a partir del miércoles 1 de octubre, mientras se aguarda una reunión clave entre líderes del Congreso y el presidente en la Casa Blanca.

Un cierre del gobierno ocurre cuando una o varias agencias federales no reciben autorización presupuestaria y deben suspender sus operaciones. La ley conocida como Ley contra el déficit (Antideficiency Act) obliga a las dependencias afectadas a paralizar funciones no esenciales, impidiendo que el Departamento del Tesoro desembolse recursos que no hayan sido aprobados legalmente.

“El Tesoro no puede pagar dinero si no hay una ley que disponga quién recibe ese dinero”, explicó Matt Glassman, investigador del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, citado por CBS News.

Según el Antideficiency Act, existen tres excepciones que permiten la continuidad parcial de las actividades. Se garantizan los servicios que protegen vidas y propiedades, así como los vinculados al proceso constitucional: el presidente, su gabinete y miembros del Congreso siguen en funciones.

Han sido catalogados como trabajadores esenciales los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas, empleados de hospitales federales, personal de control de tráfico aéreo y empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre otros. Cada agencia define internamente a qué empleados mantiene operando.

El gobierno recomendó a las agencias, mediante un memorando de la Oficina de Presupuesto y Gestión, considerar despidos definitivos en programas que dependan de fondos discrecionales agotados a partir del 1 de octubre o que carezcan de fuentes alternativas de financiamiento.

Durante un cierre gubernamental, los empleados indispensables permanecen en sus puestos sin percibir salario hasta la restitución de fondos, mientras que las posiciones no esenciales suelen ser suspendidas. No obstante, estos trabajadores tienen garantizado el pago retroactivo una vez que finaliza el paro, como establece una ley de 2019.

Las secuelas económicas resultan notables: un reporte del Senado estimó que entre 2013 y 2019 la suma desembolsada en salarios retroactivos y costos asociados fue de unos 4.000 millones de dólares, de los cuales 3.700 millones correspondieron a pagos para empleados forzados a dejar de trabajar.

De acuerdo con The Associated Press, algunos servicios continúan operando durante un cierre, como los pagos de Seguridad Social, Medicare y Medicaid, ya que se financian mediante asignaciones permanentes.

Sin embargo, el personal administrativo de estas agencias podría verse afectado, lo que provocaría demoras en la atención al público. Matt Glassman advirtió que “cualquier interacción de atención al público con el gobierno federal podría verse afectada”.

El cierre también impacta sobre otras áreas. El servicio postal opera con normalidad al ser autofinanciado, pero la gestión de parques nacionales ha mostrado problemas durante cierres previos, como vandalismo y reducción en servicios a visitantes en 2018-2019. El cierre más largo, registrado entre diciembre de 2018 y enero de 2019, se extendió durante 34 días y afectó a nueve departamentos ejecutivos y cerca de 800.000 empleados.

Resulta habitual que, para evitar cierres, el Congreso de Estados Unidos apruebe resoluciones continuas que extienden temporalmente el presupuesto al nivel vigente, concediendo más tiempo a negociaciones sobre nuevas partidas. Sin embargo, este mecanismo enfrenta trabas políticas cuando las medidas contienen condiciones que alguna de las partes no acepta.

“Lo cierto es que la mayoría de las personas no notará grandes diferencias si el cierre dura poco”, explicó Maya MacGuineas, presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget, en diálogo con Reuters. “Quienes programaron vacaciones en parques nacionales sí lo lamentarán, pero la vida cotidiana para muchos usuarios del gobierno se mantendrá sin alteraciones evidentes. Esto puede cambiar si la suspensión se prolonga”, matizó.

El récord previo de cierre se remonta a los años 1995 y 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, cuyo enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, paralizó el Estado durante 21 días.