La defensa de Luigi Mangione, principal acusado por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, presentaron una moción de 114 páginas con el objetivo de anular la posibilidad de pena de muerte.
Según NBC News, los abogados argumentan que Mangione ha sido expuesto públicamente “como si fuera un jefe de cartel capturado o un villano de cómic”, lo que afectó sus derechos constitucionales desde el inicio de la investigación.
El documento, interpuesto en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que existe una motivación “puramente política” detrás del interés federal en buscar la pena capital para el acusado.
La defensa remarca en la presentación judicial que “el caso de Mangione adquirió un reconocimiento internacional abrumador debido a la presencia mediática propiciada por filtraciones de la policía de Nueva York, conferencias de prensa y la visibilidad de los problemas relacionados con el sistema de salud”.
De acuerdo con NBC News, insisten en que la acusación ha sido instrumentalizada por la nueva administración federal para demostrar el distanciamiento con las políticas previas y promover un “nuevo y agresivo enfoque respecto al uso de la pena de muerte”.
El asesinato de Thompson
Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre del año pasado, cuando un hombre enmascarado asesinó a Brian Thompson, de 50 años, en pleno Midtown de Manhattan. El ataque sucedió horas antes de la intervención pública prevista del directivo en una conferencia de inversores de UnitedHealth Group.
Mangione, de 27 años, fue capturado tras una búsqueda que abarcó varios días y enfrenta varios cargos federales y estatales, incluyendo asesinato en segundo grado. Mangione se declaró inocente de todos los cargos. La fiscal general, Pam Bondi, ordenó a los procuradores federales solicitar la pena máxima tras la detención de Mangione.
La defensa sostiene que se han utilizado mecanismos fuera de lo común, como declaraciones oficiales en televisión, redes sociales y la organización de una “perp walk” –una exposición pública del detenido ante la prensa– acompañada de altos funcionarios policiales y el alcalde Eric Adams.
La presentación asegura que este despliegue de medios incumple con los derechos constitucionales del acusado, protegidos por la Quinta y la Octava Enmienda, al favorecer una percepción negativa y predisponer a la opinión pública y al jurado antes del juicio.
En los procedimientos judiciales recientes, el juez estatal Gregory Carro desestimó los cargos por terrorismo contra Mangione, aunque dejó en pie las acusaciones de asesinato en segundo grado. Mientras tanto, el acusado sigue enfrentando causas federales y estatales en Nueva York y Pensilvania.
Los abogados de Mangione también denuncian que el gobierno permitió la conformación de un gran jurado sin evaluar adecuadamente la posible influencia de las declaraciones públicas de las autoridades. Según la presentación, “se negó información clave para decidir sobre la pertinencia de buscar una condena capital”, hecho que, de acuerdo con la defensa, “afecta de manera fatal la legalidad del proceso”.
La defensa arguye que la pena de muerte está siendo impuesta de manera arbitraria y que la legislación federal que regula el proceso carece de procedimientos constitucionales válidos.
No es la primera vez que la defensa intenta frenar el avance de la pena máxima. En abril, objetaron la instrucción de la fiscalía argumentando que obedecía a un acto político. En ese momento también denunciaron irregularidades en la instrucción de cargos capitales, según relató NBC News.
La respuesta oficial de las oficinas de Pam Bondi y Eric Adams todavía no se ha hecho pública. Las autoridades federales disponen hasta el 31 de octubre para emitir su postura formal. Por su parte, Mangione volverá a comparecer ante la justicia federal el 5 de diciembre, tras el comienzo de las audiencias previas en el fuero estatal. Ninguna de las causas tiene aún una fecha de inicio de juicio.
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