Así es la vida en Guantánamo más de dos décadas después de los atentados del 11-S

La base naval de Guantánamo Bay, en Cuba, mantiene vigente uno de los procesos judiciales más complejos y prolongados de la historia reciente de Estados Unidos: el caso por los atentados del 11 de septiembre.

Tras 24 años de los ataques, cinco detenidos acusados de conspirar con los secuestradores siguen bajo proceso, sin que aún exista fecha establecida para el inicio del juicio.

De acuerdo con The New York Times, este procedimiento ha enfrentado obstáculos legales, retrasos y cuestionamientos sobre derechos humanos que han marcado la operación del centro de detención desde su apertura.

El penal de Guantánamo fue inaugurado el 11 de enero de 2002, cuatro meses después de los atentados del 11-S. En sus primeros seis años de funcionamiento, aproximadamente 780 personas pasaron por el centro de detención, aunque solo cerca de 30 fueron acusadas formalmente de crímenes de guerra, según cifras citadas por The New York Times. En la actualidad, 15 prisioneros permanecen en la instalación, con la mayoría sin cargos concretos por su relación con los ataques.

Las instalaciones abarcan 116 kilómetros cuadrados e incluyen no solo la prisión de máxima seguridad, sino también un puerto militar, un aeropuerto, barriadas para familias de empleados, escuelas y diversos servicios civiles.

El área de reclusión está separada de las zonas residenciales y bajo estrictas medidas de seguridad. Cerca de 800 militares y empleados civiles estadounidenses están asignados directamente a tareas de detención, lo que crea una proporción de más de 50 trabajadores por cada prisionero.

El caso dirigido contra cinco acusados de conspirar y ejecutar los atentados del 11-S ha estado en fase previa durante 18 años. Khalid Shaikh Mohammed, identificado como el autor intelectual y organizador logístico de los ataques, es el rostro más conocido del expediente.

Su detención ocurrió en 2003 y se le sometió a tortura con el fin de obtener información adicional sobre complots terroristas, según The New York Times. Fue transferido a Guantánamo en septiembre de 2006 tras un periodo de confinamiento solitario en prisiones secretas de la CIA.

No existe una fecha confirmada para el inicio del juicio. El proceso ya fue supervisado por cinco jueces. La última presencia de los acusados ante un tribunal ocurrió en enero, y la próxima audiencia está programada para diciembre.

El caso se ha fragmentado debido a cuestiones médicas y legales. Ramzi bin al-Shibh fue declarado mentalmente incapaz para enfrentar juicio en 2023; su defensa vincula la situación a las torturas sufridas durante su detención.

Las autoridades buscan revertir ese fallo para reintegrar a bin al-Shibh al proceso conjunto. Por otro lado, se invalidaron confesiones de Ammar al-Baluchi al considerarlas resultado de tortura, una decisión recurrida por la fiscalía militar.

En el verano boreal de 2024, tres de los procesados alcanzaron un pacto para evitar la pena de muerte y recibir condenas de cadena perpetua. Sin embargo, el entonces secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, anuló el acuerdo en pocos días, abriendo más incertidumbre legal.

La base de Guantánamo aloja 4.500 personas, entre ellas familias militares estadounidenses, contratistas de Jamaica y Filipinas, y contingentes que permanecen por periodos limitados. El complejo cuenta con una escuela para hijos de marinos, campos deportivos, restaurantes y playas destinadas solo para residentes.

El coste financiero del penal ha sido considerable. Mantener abierta la prisión fuera del territorio continental estadounidense, con el objetivo de limitar el acceso de los detenidos a tribunales federales, ha significado miles de millones de dólares en gastos para el erario.

Durante la administración de Barack Obama, existió una propuesta para clausurar el penal y trasladar a los últimos internos a territorio estadounidense, pero el Congreso de Estados Unidos bloqueó la iniciativa.

De los actuales internos, solo unos pocos fueron vinculados directamente a los atentados del 11-S. Además de los cinco implicados centrales, se encuentra un ciudadano saudí implicado en el ataque al destructor USS Cole en 2000, procesado para juicio el próximo año.

Hay tres detenidos considerados “demasiado peligrosos” para ser liberados y otros tres a disposición de terceros países dispuestos a supervisar sus actividades si son transferidos.

Un ciudadano yemení cumple cadena perpetua por producir material de reclutamiento vinculado a Al Qaeda y un iraquí cumple condena por liderar fuerzas opuestas durante la invasión aliada a Afganistán.

Las audiencias realizadas en el complejo judicial de la base, conocido como Camp Justice, apenas cuentan con público. Fiestas de aniversario y carreras conmemorativas celebradas en años anteriores han cedido su lugar a ceremonias internas y proyecciones de cine. El acceso de periodistas fue restringido a partir de 2019.

Menos de 180 familiares de víctimas han viajado a la base para observar el proceso, mientras que el resto sigue las audiencias mediante circuito cerrado desde la costa este de Estados Unidos, destaca The New York Times.