Juez federal impidió revocar el Estatus de Protección Temporal a migrantes de Venezuela y Haití en EEUU

Un juez federal en San Francisco, Edward Chen, prohibió al gobierno federal cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Venezuela y Haití, según informó Newsweek. La decisión, emitida este viernes, sostiene que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus facultades legales al intentar poner fin a la protección para aproximadamente un millón de personas. El fallo ofrece un nuevo respiro a cientos de miles de inmigrantes cuyo futuro en Estados Unidos permanecía incierto tras los intentos del Ejecutivo de revocar un derecho que les permitía residir y trabajar legalmente en el país.

La determinación del tribunal afecta directamente a 600.000 venezolanos cuyas protecciones temporales estaban por vencer el 10 de septiembre o que ya habían expirado en abril. Este grupo mantiene la posibilidad de laborar y permanecer en EEUU al amparo del TPS. Asimismo, el fallo cubre a los inmigrantes de Haití, a quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya les había anulado esa condición. La sentencia se fundamenta, según Newsweek, en la manera en que el gobierno actual gestionó el proceso para rescindir esas medidas.

El juez Chen, nombrado por el expresidente Barack Obama, criticó el procedimiento empleado por el gobierno federal y Noem, argumentando que se realizó de forma “arbitraria y caprichosa”. En su fallo incluido por Newsweek, señaló: “Por primera vez en los 35 años de historia del programa TPS, el gobierno federal y la secretaria Noem adoptaron el acto extraordinario y poco habitual de anular extensiones previamente concedidas, extensiones que habían sido otorgadas a Venezuela y Haití por la administración anterior”.

El juez subrayó que las decisiones del gobierno federal para acabar con las extensiones del TPS se tomaron sin que haya constancia de consultas a otros organismos gubernamentales ni la realización de una evaluación interna. Según las palabras recogidas por Newsweek, Chen sostuvo que DHS empezó a preparar la revocación del estatus solo unos días después del inicio del nuevo mandato presidencial, sin analizar de forma más profunda el impacto de esas acciones.

En el razonamiento del juez, se sostiene que la ley no otorga a la Secretaría de Seguridad Nacional margen para revocar de manera unilateral extensiones del TPS ya aprobadas, como “el Noveno Circuito ha indicado con firmeza”. De ese modo, la resolución avala el argumento de los demandantes, quienes acusaron a Noem de tomar decisiones de manera “arbitraria y caprichosa”, sin seguir los debidos procesos administrativos ni considerar a fondo el contexto humanitario de los países afectados.

En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que sostuvo: “Durante décadas el programa TPS ha sido abusado, explotado y politizado como una especie de amnistía de facto”, según declaraciones recogidas por Newsweek. La entidad añadió que considerar la protección durante tanto tiempo resulta peligroso, dada la presencia de “millones de inmigrantes ilegales sin ser examinados” bajo la actual administración. La secretaria Noem afirmó que explorará toda vía legal para anular la medida y garantizar, según sus palabras, “la seguridad de los estadounidenses”.

Noem declaró que “la gente gobierna bajo Dios”, y consideró que los “jueces activistas no elegidos” no pueden bloquear “la voluntad del pueblo estadounidense” para establecer un país seguro. Además, DHS, junto al Departamento de Estado, sostiene que las condiciones en Venezuela y Haití han mejorado lo suficiente para repatriar a sus nacionales.

Las organizaciones defensoras de inmigrantes argumentan que la situación en Venezuela y Haití continúa siendo peligrosa y que no existe garantía para el retorno seguro de quienes se verían afectados por la cancelación del TPS. Newsweek citó a Myal Greene, presidente de World Relief, quien declaró: “La administración anuncia la deportación de inmigrantes que están ilegalmente en el país, pero muchos estadounidenses ignoran que la mayoría de quienes hoy enfrentan esa amenaza estaban protegidos legalmente por el TPS o el permiso humanitario hasta que estos fueron anulados”. Greene advirtió del riesgo de deportar personas a países bajo regímenes no reconocidos por EEUU y con graves crisis humanitarias.

De acuerdo con lo que indicó Newsweek, el fallo de Chen no cubre todos los casos: los venezolanos amparados bajo una designación especial de TPS en 2021 se enfrentarán a la revocación de ese estatus en noviembre, según anunció el DHS. Por tanto, persisten incertidumbres para distintos grupos de inmigrantes.

El juez Chen manifestó en su dictamen que es altamente probable que el gobierno federal apele la decisión. El desarrollo del proceso legal se mantiene en seguimiento por parte de las instituciones y organizaciones implicadas, mientras miles de ciudadanos de Venezuela y Haití observan con atención qué sucederá con su situación migratoria.