Ciudadanos podrán demandar por pastillas abortivas en Texas con compensaciones de hasta 100.000 dólares

La legislatura de Texas aprobó una ley que autoriza a ciudadanos a demandar a fabricantes, distribuidores y remitentes de medicamentos abortivos, una medida implementada el 3 de septiembre de 2025 que refuerza las restricciones estatales sobre el acceso al aborto. La iniciativa, todavía pendiente de la firma del gobernador Greg Abbott, tiene el potencial de impactar a proveedores médicos y farmacéuticos tanto dentro como fuera del estado, así como a empresas de mensajería y plataformas de venta en línea de medicamentos.

Según reportó Associated Press y fue confirmado por documentos legislativos y el diario oficial del Senado de Texas, la ley faculta a residentes del estado para reclamar indemnizaciones civiles de hasta 100.000 dólares por cada caso en que se fabrique, envíe o suministre píldoras abortivas a una persona en Texas, un incremento considerable respecto al sistema previo de sanciones. Este monto íntegro sólo podrá ser exigido por la mujer embarazada, el padre biológico o familiares directos, mientras otros ciudadanos podrán solicitar hasta 10.000 dólares, destinándose el resto a organizaciones sin fines de lucro.

El nuevo marco legal se enmarca en una estrategia territorial de control del aborto posterior a la anulación de Roe v. Wade en 2022. Texas ya prohibía la mayoría de los abortos tras esa decisión del Tribunal Supremo, pero ahora apunta a frenar el suministro de medicamentos abortivos, un método que representa más de la mitad de los procedimientos de interrupción del embarazo en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La ley aprobada el 3 de septiembre de 2025 establece:

• Prohibición de fabricar, suministrar, transportar o distribuir medicamentos abortivos con destino a residentes en Texas, incluso si la acción ocurre fuera del territorio estatal, de acuerdo con la documentación legislativa oficial.
• Facultad para que cualquier ciudadano inicie demandas civiles contra presuntos infractores, con un tope de 100.000 dólares por caso exitoso.
• Exclusión de responsabilidad para las mujeres que consuman estos medicamentos, así como para trabajadores médicos que actúen por una emergencia de salud y transportistas que desconozcan el contenido de los envíos, según la biblioteca jurídica estatal.
• Prohibición de divulgar públicamente la identidad o datos médicos de las pacientes, atendiendo a estándares de privacidad médica.

Bajo la nueva regulación, pueden ser demandados:

• Fabricantes de medicamentos abortivos que comercialicen o suministren a residentes en Texas.
• Empresas de envío o transporte que entreguen estos medicamentos en el estado, si conocen el contenido de los envíos.
• Proveedores, médicos y farmacias que receten o entreguen las píldoras para abortos destinados a realizarse en Texas.
• Plataformas digitales o foros de venta en línea que permitan la adquisición de estos productos para usuarias en Texas.

Sin embargo, la ley excluye de responsabilidad a la mujer que consume el medicamento, a trabajadores médicos en casos de emergencia y a empleados postales que desconozcan la naturaleza de los paquetes, según los registros legislativos y reportes de Associated Press.

La ley permite que cualquier ciudadano residente en Texas pueda iniciar una demanda civil en tribunales estatales. Si el fallo resulta favorable, el demandante podrá recibir indemnizaciones de hasta 100.000 dólares, aunque sólo la mujer embarazada, el padre biológico o familiares directos pueden reclamar el monto completo. Otros ciudadanos recibirán hasta 10.000 dólares, y el resto del pago debe ser asignado a organizaciones benéficas establecidas en la ley.

La regulación define procedimientos para mantener la confidencialidad de las pacientes y limita la elegibilidad de demandantes para evitar abusos, según la documentación consultada por AP.

La norma amplía de manera sustancial el alcance de las restricciones anteriores al aborto. Desde la anulación de Roe v. Wade, Texas se cuenta entre los estados estadounidenses con mayores limitaciones, prohibiendo prácticamente todas las formas de aborto. Con la nueva ley, el acceso a medicamentos abortivos también queda sujeto a sanciones civiles severas, lo que podría desincentivar tanto la oferta local como el envío desde otros estados o países.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 50% de los abortos en Estados Unidos se realiza mediante medicamentos. El endurecimiento de las sanciones en Texas podría impactar directamente estas estadísticas. Organizaciones médicas y de derechos reproductivos han advertido que la medida podría generar litigios en jurisdicciones federales y fuera del estado, incluso afectar la disponibilidad de servicios vía telemedicina, como indicó Reuters.

La nueva legislación permite emprender acciones legales incluso contra proveedores y empresas que residan o ejerzan fuera de Texas si suministran medicamentos abortivos a personas en el estado. Esto significa que profesionales y compañías de otros territorios podrían enfrentar procesos en tribunales texanos.

En respuesta, estados como Nueva York y California han promulgado leyes “escudo” que buscan proteger a sus proveedores de sanciones por demandas originadas en estados con marcos restrictivos como Texas, según reportes de Reuters.

El texto aprobado entrará en vigor en diciembre de 2025 si es firmado por el gobernador Greg Abbott. Según fuentes oficiales, múltiples organizaciones ya se preparan para presentar impugnaciones judiciales, lo cual podría retrasar la aplicación efectiva del nuevo régimen hasta que los tribunales resuelvan su constitucionalidad.

Mientras tanto, clínicas, farmacias y plataformas digitales que proveen servicios a residentes en Texas analizan medidas preventivas y la posibilidad de modificar protocolos de atención y venta, acorde a información de AP.