Hombres en Texas presentan demandas alegando daño por el aborto realizado a sus parejas sin su consentimiento

El sistema judicial de Texas enfrenta desafíos inéditos tras la presentación de demandas por parte de hombres que alegan haber sido perjudicados por el aborto de sus parejas.

Según información de The Wall Street Journal (WSJ), organizaciones y abogados antiaborto han impulsado esta estrategia legal que coloca en el centro el derecho de los padres a ser considerados en las decisiones reproductivas.

En los últimos meses, esposos, novios y exparejas han iniciado acciones legales argumentando daño emocional y la privación del derecho de paternidad después de interrupciones de embarazos.

Estas demandas apuntan no solo contra las mujeres, sino también contra médicos, familiares y proveedores de píldoras abortivas, especialmente en contextos de telemedicina y envío interestatal de medicamentos.

Muchas de las demandas provienen de Texas, donde la ley permite a un progenitor denunciar por muerte injusta en casos de aborto. El abogado Jonathan F. Mitchell, figura clave en la promulgación de la ley SB 8, figura entre los principales impulsores de estas acciones judiciales. SB 8 autoriza a civiles a presentar demandas por abortos realizados después de la sexta semana de gestación.

Líderes antiaborto sostienen que los hombres afectados por abortos tienen un reclamo legítimo por daño moral y por la “muerte injusta” de un hijo no nacido. Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, sostuvo: “estamos empezando a ver que los padres sienten que pueden alzar la voz y hablar sobre sus derechos y los del niño”.

En una de las demandas recientes, Jerry Rodriguez acusa al exesposo y a la madre de su pareja de obligarla a interrumpir dos embarazos con medicamentos prescritos por una médica de California. Rodríguez sostiene: “mi novia estaba feliz de estar embarazada, pero su exesposo adquirió los medicamentos abortivos y la presionó para tomar las pastillas", un testimonio citado por The Wall Street Journal.

El denunciante, que busca una indemnización millonaria y medidas judiciales para prohibir nuevos envíos de fármacos, asegura que plantea su reclamo “en nombre de padres actuales y futuros de hijos no nacidos’.

El avance de estas demandas formaría parte, según la investigación del WSJ, de una estrategia del movimiento antiaborto para desafiar la legalidad de las píldoras abortivas por correspondencia y sortear leyes de protección promulgadas en estados gobernados por demócratas.

Organizaciones como Texas Right to Life han activado sus redes de apoyo para identificar hombres y mujeres dispuestos a unirse a este tipo de litigios. John Seago, presidente de la entidad, confirmó al medio estadounidense que operan campañas para “reclutar personas para esta causa”.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se ha sumado al movimiento impulsando procesos contra profesionales de otros estados. En una de estas acciones, la justicia texana concedió una sentencia de 100.000 dólares contra una médica de Nueva York implicada en el suministro de fármacos a una joven que no informó al padre de su embarazo, una decisión que las autoridades de Nueva York se han negado a ejecutar bajo sus leyes de protección para proveedores.

Las estrategias judiciales para ampliar el derecho de los padres en casos de aborto no se limitan al ámbito civil. El Legislativo texano analiza una propuesta que abriría la posibilidad a cualquier ciudadano, incluso sin relación directa con la mujer embarazada, a reclamar indemnizaciones de al menos 100.000 dólares contra quienes colaboren en la adquisición de medicamentos abortivos para residentes del estado.

The Wall Street Journal informa que estas iniciativas abren una nueva etapa en la disputa legal por el derecho al aborto en Estados Unidos, ubicando el foco en hombres que afirman haber visto vulnerados sus derechos de paternidad.

El desenlace de estos juicios podría tener implicancias nacionales, tanto para la legislación de salud reproductiva como para el equilibrio entre los derechos individuales de quienes se ven afectados por decisiones sobre el embarazo.