Esta es la nueva ley de Texas que entrará en vigor en septiembre y cambiará las reglas para migrantes

El estado de Texas aplicará a partir del 1 de septiembre de 2025 una reforma penal que fija en diez años la condena mínima obligatoria para personas indocumentadas condenadas por homicidio involuntario por intoxicación. Esta ley, llamada Ley Grayson y registrada como HB 2017, afecta a migrantes sin residencia legal y surge como respuesta a un accidente fatal ocurrido en 2024. El gobernador Greg Abbott promulgó la medida tras su aprobación por ambas cámaras de la Legislatura texana, según registros institucionales y reportes de ABC News.

De acuerdo con la Legislatura de Texas, la Ley Grayson introduce un endurecimiento del régimen de castigo en casos de homicidio por intoxicación cometidos por personas que no cuenten con permiso migratorio. El texto legislativo precisa que, además de la condena mínima establecida, quienes sean declarados culpables no tendrán acceso a supervisión comunitaria, sentencia diferida, libertad condicional o supervisión obligatoria mientras no se hayan completado los diez años de prisión. Esta condición elimina la posibilidad de acumulación de créditos penitenciarios por buena conducta antes de ese periodo.

La promulgación de la medida se concretó a finales de junio de 2025, siguiendo una votación mayoritaria en ambas cámaras estatales. El proceso legislativo se aceleró tras la muerte de un ciudadano local en un accidente protagonizado por un conductor intoxicado sin autorización migratoria, lo que produjo repercusión pública y presión sobre el poder legislativo. El caso, ampliamente reportado por medios estadounidenses, funcionó como detonante para la elaboración de la nueva normativa.

La Ley Grayson modifica la sección 49.08 del Código Penal de Texas. Según documentos oficiales, cualquier persona sin residencia legal que sea condenada por homicidio involuntario por intoxicación enfrentará una pena privativa de libertad de al menos diez años, en contraste con los dos años mínimos que contemplaba el régimen anterior para este delito. Además, esta modificación eleva el grado del delito, pasando de grave de segundo grado a grave de primer grado cuando se trate de acusados indocumentados.

En términos prácticos, la ley restringe el acceso a medidas alternativas a la privación efectiva de la libertad. No será posible que el sentenciado recurra a programas de supervisión comunitaria, ni a mecanismos de sentencia diferida o a libertad condicional, antes de haber cumplido la condena mínima dispuesta. Tampoco se descontarán días de prisión por acumulación de créditos de buena conducta en ese periodo, quedando la libertad anticipada fuera del alcance durante esos primeros diez años.

El ámbito de aplicación de la ley incluye a quienes conduzcan un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o drogas, así como a operadores de aeronaves, embarcaciones o atracciones de feria en situaciones de intoxicación. Los elementos que fundamentan el agravamiento de la pena son, según los documentos oficiales citados, la carencia de estatus migratorio legal y la comisión del delito a partir del 1 de septiembre de 2025.

La motivación de la Ley Grayson se originó en el accidente que costó la vida a Grayson Davis, un joven de 29 años, quien falleció tras ser impactado por un conductor que transitaba en sentido contrario bajo la influencia del alcohol. De acuerdo con la investigación, el responsable no contaba con residencia legal en Estados Unidos y tenía antecedentes por manejo en estado de ebriedad en el estado de Kansas.

Este episodio provocó un debate entre sectores legislativos, la comunidad y familiares de víctimas de hechos similares, según reportó ABC News. La respuesta fue la aceleración de una iniciativa de reforma que permitiera imposibilitar salidas alternativas para personas en situación migratoria irregular declaradas culpables de homicidio por intoxicación. En pocos meses, la propuesta fue tramitada, votada y posteriormente promulgada por el gobernador Abbott.

Durante el proceso, distintos sectores dentro de la Legislatura texana defendieron la iniciativa como una respuesta a la demanda ciudadana de endurecimiento de las penas en contextos de alta gravedad, especialmente en casos donde convergen delitos viales con estancia migratoria irregular.

La ley se dirige puntualmente a personas que, al momento de cometer un homicidio por intoxicación, se encuentren sin residencia migratoria regular. El marco normativo comprende actos cometidos mientras se conduce un vehículo de motor, una embarcación, una aeronave o una atracción de feria bajo el efecto de alcohol, sustancias controladas u otras drogas.

Según los registros de la Legislatura de Texas y plataformas como LegiScan, el endurecimiento de penas solo podrá aplicarse a delitos cometidos a partir del 1 de septiembre de 2025. Procesos ya iniciados o hechos ocurridos antes de esa fecha seguirán rigiéndose bajo el régimen anterior, donde los beneficios penitenciarios eran más amplios.

En los casos que abarca la Ley Grayson, el acusado no podrá solicitar revisión de su sentencia para obtener beneficios por buena conducta, ni escapar a la privación de libertad antes de completar la década establecida por ley.

Previamente a la entrada en vigor de esta reforma, las personas condenadas por homicidio involuntario por intoxicación en Texas enfrentaban condenas cuyo mínimo era de dos años, independientemente del estatus migratorio del acusado. Así lo indicaba el Código Penal estatal, que además otorgaba acceso a supervisión comunitaria, libertad condicional u otros programas para disminuir el tiempo efectivo en prisión si se acreditaba buen comportamiento.

Para quienes no tenían residencia legal, aunque la condena podía ser más severa en ocasiones por agravantes específicas, no existía obligación de cumplir diez años de prisión antes de evaluar su elegibilidad para beneficios penitenciarios. Desde septiembre de 2025, la situación cambia radicalmente para este grupo conforme a la nueva regulación.

La implementación de la Ley Grayson ha generado un importante seguimiento institucional. Las autoridades estatales, citadas por ABC News, argumentan que la ley representa una iniciativa destinada a fortalecer la respuesta penal en delitos viales graves cometidos por inmigrantes indocumentados. Documentos de la Legislatura texana explican que se desplegarán campañas informativas y procesos de capacitación dirigidos tanto a los cuerpos policiales como al personal judicial, para asegurar la adecuada aplicación de los nuevos criterios punitivos.

El endurecimiento de sanciones hacia inmigrantes indocumentados en Texas ha suscitado expectación en otros estados, donde existen iniciativas legislativas similares en discusión o análisis. El antecedente de la Ley Grayson se observa ya como referencia posible para nuevos proyectos en contextos estatales con alta presencia de población migrante.

Quienes ejerzan la defensa penal en Texas deberán tomar en cuenta desde septiembre la imposibilidad de negociar penas alternativas a los diez años de prisión efectiva en estos casos, generando una modificación relevante para la estrategia de litigio y la interpretación judicial de estos delitos.

Durante las sesiones legislativas y en el acto de promulgación, funcionarios texanos sostuvieron que la Ley Grayson es una medida estrictamente jurídica, orientada a evitar que hechos similares se repitan. El gobernador Abbott hizo énfasis en el objetivo de asegurar consecuencias penales claras para quienes combinen estancia en el país sin papeles y homicidios por intoxicación.

Asimismo, la Legislatura publicó reportes institucionales señalando que la divulgación de la nueva normativa tendrá prioridad para garantizar que operadores judiciales, personal de prisiones y comunidad conozcan los alcances y restricciones del nuevo marco legal.

Con la nueva legislación, la comunidad migrante sin autorización de residencia en Texas queda expuesta a un régimen penal endurecido, perdiendo derechos antes considerados en el proceso penitenciario, como la revisión periódica de conducta y la adaptación de sentencia. Los casos judiciales abiertos luego del 1 de septiembre de 2025 se analizarán conforme a las nuevas restricciones, limitando la discrecionalidad de jueces para dictar beneficios o medidas alternativas.

El sistema judicial también deberá adaptarse a los parámetros estrictos fijados por la Ley Grayson, que impide flexibilidad en la evaluación de condena para este tipo de delitos cuando se trata de personas sin residencia legal. Las autoridades han confirmado que la capacitación institucional seguirá adelante para disipar dudas de interpretación y aplicación en los tribunales de todo el estado.

Quedan por verse los efectos a largo plazo en la comunidad afectada y en posibles propuestas legislativas en otros estados, en un contexto nacional donde la relación entre migración y política penal continúa generando debate.