Los Ángeles busca prohibir que las fuerzas del orden oculten su identidad durante operativos

El debate sobre la transparencia y la identificación de los agentes del orden público cobró intensidad en Los Ángeles en el contexto de las recientes redadas de inmigración, episodios que, según los supervisores del condado, “erosionan la confianza pública y plantean serios problemas de seguridad”, en palabras de la supervisora Hilda Solis.

La Junta de Supervisores avanzó con una votación 4 a 0, con una abstención, para solicitar al abogado del condado que prepare una ordenanza que prohíba a los agentes de cualquier nivel —local, estatal o federal— cubrir sus rostros o identidades mientras desempeñan sus funciones, salvo excepciones justificadas por razones médicas o durante operaciones encubiertas.

Janice Hahn, coautora de la iniciativa, detalló que acciones recientes han provocado temor en la comunidad: “En todo el condado, hombres con equipo táctico, pasamontañas, sin placas ni nombres, sacan a la gente de sus autos, los golpean y los separan de sus familias. Así no deberían operar las fuerzas del orden en una democracia”, según declaraciones recogidas por The Associated Press (AP).

Desde inicios de junio, el sur de California ha registrado una intensificación de redadas migratorias —que han dejado cientos de detenidos— y la presencia de fuerzas militares como la Guardia Nacional y la Infantería de Marina; según AP, aproximadamente la mitad de las tropas de la Guardia Nacional y la totalidad de la Infantería de Marina ya se retiraron en las últimas semanas.

El abogado del condado tiene ahora 60 días para presentar el texto definitivo que podría modificar la operativa policial en el condado más poblado de Estados Unidos.

No obstante, la viabilidad de aplicar esta ordenanza a agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), permanece en debate. Hahn reconoció esta dificultad: “En última instancia, podría tener que ser decidido por un tribunal”.

El análisis legal del experto Erwin Chemerinsky, decano de la facultad de derecho de la Universidad de California, Berkeley, apuntó que la regulación debe ser general para tener futuro ante los jueces: “La clave es que debe aplicarse a todas las fuerzas del orden. No puede aplicarse únicamente a las federales”.

Para Chemerinsky, solo una prohibición federal resolvería el asunto sin conflictos de constitucionalidad, ya que el Congreso posee la potestad de establecer cómo deben operar las agencias federales.

El director interino de ICE, Todd Lyons, se expresó con contundencia al respecto el mes pasado: “Lamento que la gente se sienta ofendida por el uso de máscaras, pero no voy a permitir que mis oficiales y agentes salgan y arriesguen sus vidas, sus familias, porque a la gente no le gusta lo que es la aplicación de la ley migratoria”.

El debate se extiende también al ámbito estatal y federal. Una propuesta de ley está pendiente en la legislatura de California, que buscaría impedir que la policía —sea local, estatal o federal— oculte su rostro durante operativos en la entidad. Además, un proyecto similar fue presentado en el Congreso federal por los senadores demócratas Alex Padilla y Cory Booker. De prosperar en el Congreso, Chemerinsky subrayó que esta legislación sería “claramente constitucional”.

Solis resumió el sentir de la Junta sobre las expectativas en la conducta policial: “El uso de máscaras, equipo táctico y la negativa a mostrar identificación no solo es alarmante y confuso, sino que erosiona la confianza pública y plantea serios problemas de seguridad”. Mientras avanza este proceso legislativo y legal, Los Ángeles se prepara para un debate que podría sentar precedentes a nivel nacional sobre la visibilidad y la rendición de cuentas de las autoridades.