
El gobierno de Estados Unidos confirmó la intención de implementar modificaciones en el examen de ciudadanía y el proceso de selección de visas H-1B, herramientas claves en el sistema migratorio norteamericano.
De acuerdo con declaraciones de Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la prueba utilizada actualmente para acceder a la nacionalidad resulta “demasiado sencilla”, mientras que el programa de visas requiere ajustes para priorizar a quienes reciban salarios más elevados.
Edlow, citado por The New York Times, sostuvo que el examen no cumple el objetivo de medir el conocimiento cívico real de los solicitantes. “Siento que el examen de ciudadanía no es muy difícil en este momento, permite que los inmigrantes que buscan naturalizarse memoricen fácilmente las preguntas y respuestas,” explicó el director de USCIS. Para Edlow, esto se aleja del espíritu con el que la ley fue concebida.
Examen de ciudadanía
El examen de ciudadanía fue estandarizado en 2008 durante el mandato del presidente George W. Bush. Desde entonces, los candidatos deben responder correctamente seis de diez preguntas, seleccionadas de una lista de 100. En el período más reciente, el número de preguntas se incrementó a 128 y la cantidad requerida de respuestas correctas se elevó a 12 de 20.

Sin embargo, la administración siguiente revirtió esos cambios en 2021 después de recibir comentarios críticos y tras identificar limitaciones en la dificultad y pertinencia de la prueba. Un rediseño posterior fue cancelado en 2024 tras evaluaciones públicas negativas.
El actual gobierno nacional considera regresar a un formato similar al utilizado en 2020. Edlow dejó en claro que la finalidad es impedir que el proceso de naturalización dependa únicamente de la memorización de respuestas, promoviendo un enfoque más riguroso en la evaluación de conocimientos cívicos fundamentales.
El ámbito laboral también figura entre las prioridades del gobierno estadounidense. Las autoridades buscan ajustar el funcionamiento de la visa H-1B, utilizada principalmente por trabajadores extranjeros calificados en sectores tecnológicos y científicos.
El programa ha sido objeto de controversia por la supuesta preferencia de algunas empresas hacia empleados extranjeros, con ofertas salariales menores que las correspondientes a trabajadores nacionales.

Según Edlow, el H-1B debe “complementar, no suplir, a la economía, los negocios y los trabajadores estadounidenses”. Al respecto, subrayó la necesidad de que el sistema respalde a empresas dispuestas a ofrecer mejores sueldos, en vez de servir para contratar mano de obra extranjera a menor costo.
Actualmente, la selección de beneficiarios de H-1B se realiza mediante sorteo al azar. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de USCIS, evalúa la posibilidad de reemplazar esta modalidad por un mecanismo ponderado, que otorgue prioridad a quienes tengan ofertas salariales más altas y experiencia relevante.
En 2024, el Institute for Progress, centro de estudios independiente, planteó eliminar el sorteo, argumentando que valorar los salarios o la experiencia podría aumentar el impacto económico del programa H-1B en un 88%.
Estas propuestas han suscitado debate entre expertos académicos y defensores del sector empresarial. David Bier, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, advirtió que “asignar visas H-1B únicamente a las ofertas más altas favorecería a trabajadores mayores que podrían jubilarse o dejar el país, mientras elimina la vía principal para que graduados universitarios permanezcan en Estados Unidos”. Además, Bier cuestionó la percepción oficial sobre el examen de ciudadanía: “La mayoría de estadounidenses no aprobaría ese examen”.

Por su parte, Connor O’Brien, investigador del Economic Innovation Group, afirmó que “el H-1B es la herramienta principal para atraer talento calificado y, con solo 85,000 visas anuales, otorgarlas mediante sorteo al azar representa una oportunidad perdida para captar profesionales necesarios que beneficiarían a empresas y comunidades en Estados Unidos”.
Aunque parte de la opinión pública apuesta por limitar la inmigración en favor de una política laboral más nacionalista, Edlow sostuvo que una inmigración gestionada de manera adecuada puede beneficiar la competitividad del país.
“Debe ser netamente positiva y, si consideramos a los que vienen para impulsar agendas económicas o beneficiar el interés nacional, eso es justamente en lo que debemos centrarnos,” indicó el director de USCIS.
El gobierno estadounidense requiere la aprobación de otras agencias federales y, en varias áreas, el aval del Congreso para avanzar con estas reformas. Actualmente, los legisladores estudian iniciativas bipartidistas para actualizar el marco legal que regula la inmigración en el país.
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