Edna Kay Hinkle sostiene que la historia de su familia es una muestra del silencio y la desprotección que, durante generaciones, enfrentaron los habitantes del sur de Nuevo México tras el estallido de la primera bomba atómica en 1945.
Los constantes desplazamientos a ciudades lejanas, como Las Cruces o Albuquerque, para acceder a tratamientos médicos acentuaron la precariedad de comunidades ya empobrecidas.
Según detalló USA Today, Hinkle, de 71 años y sobreviviente de varios cánceres, afirma: “La gente de aquí, muchos son muy pobres. No podían costearse la gasolina para ir a Las Cruces o Albuquerque [por tratamiento]. Hay personas para las que esto significa millones, multimillonarios”.
Años de lucha por recibir compensación
A casi ochenta años de la Prueba Trinity —el primer ensayo nuclear del mundo, realizado el 16 de julio de 1945 en el desierto de Jornada del Muerto—, una ampliación en la legislación federal vuelve elegibles para recibir compensaciones económicas a los residentes de la Cuenca de Tularosa que padecieron enfermedades relacionadas con la radiación.
La reciente reforma incluida en el proyecto de ley fiscal republicano extiende el alcance de la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación (RECA), aprobada originalmente en 1990 y hasta ahora limitada solo a afectados en ciertas zonas de Nevada, Utah y Arizona. Por primera vez, se suma a damnificados del sur de Nuevo México y a habitantes de tierras navajo en Arizona.
El 16 de julio de 1945 a las 5:30 horas, una luminosa y cegadora luz atravesó el cielo del desierto Jornada del Muerto, precediendo un estruendo que despertó abruptamente a Jess Gililland, de enotnces 14 años, a 43 kilómetros del epicentro.
En los días siguientes, el polvo radiactivo comenzó a cubrir infraestructuras, cultivos, animales y la tierra misma. Según recopila USA Today, la familia Gililland y casi todos sus vecinos sufrieron posteriormente enfermedades poco comunes, casi siempre distintos tipos de cáncer. No recibieron advertencias de las autoridades; no hubo evacuación ni información sobre los posibles peligros de la exposición radiactiva.
La selección del sitio de la prueba obedeció, según la Oficina de Historia y Patrimonio del Departamento de Energía de EEUU, tanto a la relativa soledad del lugar como a la previsibilidad de los vientos que, se suponía, limitarían la dispersión del material radiactivo.
Pese a que los oficiales del Ejército ubicaron los domicilios de miles de personas en un radio de 64 kilómetros respecto al centro de la explosión y desarrollaron planes para evacuarlas, nunca los aplicaron.
Tras el estallido, la milicia estadounidense atribuyó lo visto a un accidente con municiones y pirotecnia y retuvo la información incluso ante la población que presenció la nube atómica. Solo un mes después, al hacerse público el ataque a Hiroshima, los residentes supieron la verdad, cuando ya habían ingerido sustancias radiactivas que contaminaban agua, aire y alimentos.
Aún se desconoce cuántas personas podrían beneficiarse
Henry Herrera, quien tenía 11 años al momento de la explosión, describió en una carta años después cómo la ceniza negra cubrió su localidad, incluidos los tendederos donde su madre colgaba la ropa: “Esta se extendió por todo nuestro pueblo y cubrió nuestra aldea con radiación. Nuestra agua estaba contaminada porque solo teníamos agua de lluvia de la cisterna y de los canales. Todo lo que consumíamos estaba cargado de radiación”, relató Herrera, fallecido en 2022 a los 87 años, según publicó el medio.
El alcance del daño superó las fronteras estatales. Una investigación publicada en 2023 por las universidades de Princeton y de Colorado Boulder comprobó que el material radiactivo liberado por la Prueba Trinity se esparció por 46 de los 48 estados continentales de EEUU, así como por México y Canadá.
El estudio halló además que el mismo patrón se repitió tras los 100 ensayos nucleares atmosféricos posteriores ejecutados en Nevada: todo el país, Canadá y México recibieron partículas radiactivas.
La cifra precisa de beneficiarios potenciales de la compensación es incierta. Tina Cordova, cofundadora del Consorcio de Downwinders de la Cuenca de Tularosa, calcula que más de 10.000 personas han padecido consecuencias sanitarias vinculadas a la Prueba Trinity.
El pueblo de Tularosa podría presentar “miles de solicitudes, siendo que su población nunca ha superado los 3.000 habitantes”, remarcó Cordova en diálogo con USA Today, e insistió en que síntomas y enfermedades persisten en descendientes que migraron a otras regiones.
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