Integrante de Backstreet Boys demanda a Florida tras sufrir acoso e invasiones en su casa de playa

Brian Littrell, uno de los integrantes del grupo musical Backstreet Boys, inició una disputa legal en el condado de Walton, Florida, por la presunta falta de protección policial ante el ingreso reiterado de personas no autorizadas a su propiedad privada frente a la playa. La controversia pone en foco el enfrentamiento histórico entre propiedades privadas de alto valor y el derecho al libre acceso a las playas, un tema recurrente en la normativa estatal y las ordenanzas locales en Florida. Según AP News, el caso suma nuevos antecedentes a la discusión jurídica sobre los límites entre el derecho privado y el acceso público en zonas costeras de Estados Unidos.

El conflicto fue formalizado mediante una demanda en la que la empresa de Littrell, BLB Beach Hut LLC, solicita a la justicia local la expedición de un mandamus, que ordene a la Oficina del Sheriff del Condado de Walton actuar ante los reclamos de invasiones. Los documentos presentados por la defensa detallan la instalación de carteles de “prohibido el paso”, así como la delimitación de la propiedad con mobiliario, aunque afirman que dichas acciones no lograron frenar la presencia diaria de extraños en el terreno privado. El propio Littrell manifestó, a través de su abogado y en entrevistas con medios estadounidenses, que la familia optó por contratar seguridad privada ante la insuficiente respuesta oficial.

El caso ocurre bajo un marco legal donde la normativa de Florida establece que toda la franja de arena por debajo de la línea de pleamar es de dominio público, mientras que la superficie entre la línea de pleamar y las viviendas pertenece generalmente a propietarios privados. Sin embargo, algunas jurisdicciones han aprobado normas que permiten el uso público de playas privadas cuando existe un historial documentado de acceso. El condado de Walton ha sido escenario de enfrentamientos legales similares y la resolución de este expediente podría incidir en asuntos relacionados en la región.

Brian Littrell, a través de BLB Beach Hut LLC, pidió a un tribunal local que ordene a la Oficina del Sheriff del Condado de Walton intervenir ante los ingresos no autorizados a su propiedad. En la demanda, el grupo legal de Littrell señala que el departamento rechazó varias veces actuar ante el reporte de intrusos y tampoco implementó advertencias o sanciones, aun después de completar las autorizaciones administrativas exigidas. Según Fox News, miembros de la familia y administradores del inmueble intentaron resolver la situación por sus propios medios, sin lograr una solución definitiva.

La empresa denunció diversos incidentes, como la dispersión de documentos legales en la playa y situaciones de hostigamiento y daños al mobiliario, y detalló que los llamados a la policía en múltiples oportunidades no se tradujeron en medidas para preservar la integridad de la propiedad privada. La familia Littrell recurrió finalmente a la contratación de una empresa de seguridad para resguardar la zona en conflicto.

Portavoces de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton informaron a AP News y NBC News que la postura oficial es no emitir comentarios acerca de litigios vigentes. En sus pronunciamientos institucionales reiteraron que toda intervención o atención a denuncias se efectúa bajo criterios de profesionalismo y servicios a la ciudadanía, conforme a la política vigente en el departamento.

AP News reportó que la normativa estatal en Florida establece que la arena situada por debajo de la línea de pleamar pertenece al dominio público, lo que garantiza acceso abierto a residentes y turistas. En contraposición, los propietarios de viviendas frente al mar suelen poseer el terreno hasta dicha línea. Sin embargo, algunos condados, entre ellos Walton, han promulgado ordenanzas que autorizan, bajo ciertas condiciones, el uso público de franjas privadas si existe un antecedente histórico de acceso.

En 2018, una ley estatal estableció que cualquier cambio normativo sobre el uso de playas debía notificarse a los propietarios y, en caso de controversia, sería un tribunal el encargado de resolver el carácter de acceso histórico. Este año, el control regulatorio volvió a los condados tras una modificación impulsada por el gobernador Ron DeSantis y firmada en Santa Rosa Beach, donde se encuentra la vivienda de Littrell, señaló Fox News.

El condado de Walton ha sido escenario de conflictos previos entre residentes de zonas costeras y grupos defensores del acceso público. NBC News señaló que en los últimos años, el avance del desarrollo inmobiliario y la presencia de figuras reconocidas aumentó la presión sobre los límites entre el uso recreativo del espacio y la propiedad privada. Estos enfrentamientos motivaron ajustes en regulaciones y la intervención de organizaciones de defensa de derechos ciudadanos, que buscan precisar los términos legales para evitar medidas unilaterales tanto de propietarios como de las autoridades locales.

AP News también remarcó que la resolución de este caso podría influir en otras disputas activas en el estado, ya que se debate la eficacia de los mecanismos legales disponibles para propietarios ante el uso libre de playas con trayectoria de acceso histórico.

La controversia agregó elementos al debate legislativo y social sobre los derechos y el control del espacio privado frente a la importancia del acceso público a las playas. Fox News informó que Littrell y su abogado remarcaron que la empresa completó todos los trámites legales y administrativos solicitados por las autoridades para proteger la propiedad, aunque insisten en que no recibieron una respuesta suficiente pese a la documentación presentada.

En distintas declaraciones, la familia argumenta que su principal intención es el uso pacífico de la propiedad, sin restringir el acceso a las áreas de dominio público según la legislación vigente, pero exigiendo respeto a los límites reconocidos por la ley.

El expediente permanece pendiente de una decisión sobre la solicitud de mandamus, mientras otros residentes, defensores del acceso ciudadano a la playa y propietarios de la región continúan atentos al desarrollo del proceso.