Ron DeSantis firmó una ley que cambia el acceso a las playas de Florida: ¿cuáles son los cambios?

El gobernador Ron DeSantis firmó la Ley SB 1622 que redefine el acceso público a las playas y los procedimientos de restauración costera en condados específicos del Golfo de México, según información de la Oficina del Gobernador y el Senado de Florida. Esta legislación revoca una norma de 2018 que había restringido el reconocimiento local del uso recreativo tradicional de las playas. Con la nueva ley, se facilita que autoridades locales vuelvan a adoptar ordenanzas que respalden actividades recreativas habituales como caminar, pescar o nadar en la zona arenosa, sin necesidad de procesos judiciales exhaustivos para cada propiedad.

La legislación establece que, para aquellos condados del Golfo con menos de 275.000 habitantes y al menos tres municipios, el control de erosión quedará determinado por la línea de pleamar media (mean high-water line, MHWL), según un levantamiento oficial realizado por el Consejo de Fideicomisarios del Fondo de Mejoramiento Interno. Esto permitirá que, ante costas críticamente erosionadas, se pueda proceder con obras de restauración sin que sea necesario establecer previamente una línea específica de control de erosión mediante procedimientos adicionales, como se exigía anteriormente.

La acción legislativa también otorga a la Florida Department of Environmental Protection (DEP) la potestad para ejecutar proyectos de restauración en las zonas identificadas como críticamente erosionadas en el informe oficial de agosto de 2024, de acuerdo con la información difundida por la Oficina de Ron DeSantis. Esta medida elimina la exigencia de servidumbre pública para las obras de restauración desarrolladas bajo esta nueva normativa, pero aclara que cualquier terreno añadido al litoral por esos proyectos continuará siendo considerado propiedad soberana del estado.

El texto legal revoca formalmente la sección 163.035 de los Estatutos de Florida, la cual obligaba a los gobiernos locales a obtener dictámenes judiciales individualizados para respaldar la vigencia del “uso consuetudinario recreativo” sobre las playas, según el Senado de Florida. Con la derogación, se devuelve autonomía a los gobiernos municipales y de condado para refrendar el acceso público tradicional al litoral, que había sido limitado, desde 2018, por motivos legales y litigios entre particulares y entidades locales.

La ley establece que la voluntad estatal no es expropiar o restringir el uso legítimo de la propiedad privada ribereña o sumergida. No existe intención alguna por parte del gobierno de Florida de privar a los propietarios de sus derechos de uso y disfrute reconocidos por la Constitución del estado. Esta aclaración busca asegurar que las reformas para restaurar playas y preservar el acceso público no significarán una extensión de la propiedad estatal más allá de lo ya estipulado por la ley.

La normativa determina que será la línea de pleamar media el punto de referencia para definir el límite entre bienes públicos y privados en playas erosionadas en los condados elegidos. Para áreas donde aún no se haya establecido una línea formal de control de erosión, el Consejo de Fideicomisarios deberá adoptarla mediante resolución, registrando tanto la decisión como el plano respectivo en los registros oficiales del condado afectado.

Desde el año 2019, Florida ha destinado más de 550 millones de dólares a la recuperación y mantenimiento de playas. Tras el paso de los huracanes Ian, Nicole e Idalia, el estado movilizó fondos adicionales para responder a los daños. El presupuesto estatal de 2025 incluye una suma extra de 53 millones de dólares orientados a la restauración costera, tras el impacto de los huracanes Helene, Milton y Debby.

Según la Oficina del Gobernador, las playas y las zonas marinas adyacentes generan un impacto en el turismo de más de 50.000 millones de dólares anuales, sostienen más de 900.000 empleos y actúan como primera barrera natural ante las tormentas tropicales y huracanes. La nueva legislación establece un marco estable para responder de manera eficiente a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos que inciden en el litoral del estado.