Llegan los primeros migrantes detenidos al “Alligator Alcatraz” de Florida

El estado de Florida comenzó a trasladar migrantes a una nueva instalación de detención situada en una zona remota de los Everglades, en el sur del estado, en un aeropuerto previamente utilizado para entrenamiento. La instalación, que ya ha comenzado a recibir internos, ha sido bautizada por las autoridades como la “Alligator Alcatraz”.

“Hay gente allí”, declaró Jae Williams, secretario de prensa del fiscal general estatal republicano James Uthmeier, en entrevista con The Associated Press. El anuncio ocurre en medio de una intensificación de las políticas estatales contra la migración irregular impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.

El propio Uthmeier compartió un mensaje el pasado miércoles 2 de julio, a través de una publicación en la red social X (antes Twitter) donde escribió: “Alligator Alcatraz registrará a cientos de inmigrantes ilegales criminales esta noche. Próxima parada: regresar al lugar de donde vinieron”. Según AP, Uthmeier es identificado como el principal artífice de esta nueva medida de detención.

El centro, ubicado en lo profundo de los Everglades, fue construido en tan solo ocho días por la División de Gestión de Emergencias de Florida. La infraestructura se encuentra dentro de un aeropuerto utilizado anteriormente para fines de entrenamiento, lo que refuerza su aislamiento del entorno urbano. Según el gobernador DeSantis, tendrá una capacidad inicial para alojar hasta 3.000 migrantes.

Las características de seguridad del sitio han sido subrayadas por las autoridades: cuenta con más de 200 cámaras de vigilancia, 8.500 metros de alambre de púas, y una dotación de 400 agentes de seguridad. Estas cifras reflejan una operación diseñada para impedir cualquier intento de fuga o intervención externa.

Hasta la tarde del jueves, tanto la oficina del gobernador DeSantis como la propia División de Gestión de Emergencias no habían respondido a solicitudes adicionales de información por parte de The Associated Press.

Pese a la magnitud de la operación, las autoridades no han hecho pública ninguna información sobre las condiciones de detención dentro del centro, ni sobre los protocolos aplicados a los migrantes allí recluidos. Tampoco se ha especificado si los detenidos han tenido acceso a asistencia legal, atención médica o contacto con sus familiares.

La ausencia de transparencia ha generado interrogantes sobre el respeto al debido proceso y el cumplimiento de normas mínimas de derechos humanos. Aunque se confirmó que el centro ya está operativo, las autoridades no han revelado cuántas personas han sido trasladadas hasta ahora, ni su procedencia.

En sus declaraciones, Jae Williams evitó ofrecer detalles sobre el número de migrantes ingresados, las fechas de traslado o los motivos específicos por los que fueron detenidos. El mensaje oficial ha sido breve y centrado en el carácter disuasorio de la medida.

La decisión de abrir este centro de detención se inscribe dentro de una política migratoria más amplia impulsada por el gobernador Ron DeSantis, caracterizada por una retórica de confrontación con el gobierno federal y por medidas de control implementadas directamente por el aparato estatal.

Aunque la construcción del centro tomó apenas ochos días, las autoridades no han detallado los costos de la obra, los fondos empleados ni los contratistas involucrados. La rapidez con la que fue habilitado el sitio ha generado dudas sobre los estándares seguidos en materia de construcción y operación penitenciaria.

El uso de un lenguaje simbólicamente fuerte —como el término “Alligator Alcatraz”— forma parte del discurso oficial, orientado a destacar el aislamiento y la severidad del nuevo centro. Sin embargo, hasta el momento no se ha ofrecido ninguna evaluación sobre el impacto legal, humanitario o logístico de esta instalación.

Al tratarse de una instalación ubicada en una zona remota de los pantanos de Florida, no existe acceso público al lugar, y no se ha permitido el ingreso de prensa ni de organizaciones independientes para verificar las condiciones en que se encuentran los detenidos.

El modelo adoptado sugiere una estrategia diseñada para marcar un precedente en el tratamiento estatal de la migración. No obstante, la falta de información verificable impide conocer la situación real al interior del centro, así como las vías legales a las que puedan acceder quienes se encuentran allí recluidos.

Hasta la fecha, las únicas fuentes disponibles sobre esta operación han sido declaraciones oficiales como las de Jae Williams y publicaciones en redes sociales como las de Uthmeier, citadas por The Associated Press. La respuesta institucional ha sido limitada o inexistente ante las solicitudes de datos adicionales sobre los procedimientos internos del centro o la identidad de los migrantes detenidos.