Este estado de EEUU castiga el bullying con suspensión de licencia: la nueva ley busca frenar el acoso juvenil

La legislación, aprobada por ambas cámaras estatales y firmada por el gobernador, impide que adolescentes implicados en casos verificados de hostigamiento escolar accedan al permiso de manejo por un periodo de doce meses

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Tennessee suspenderá licencias de conducir
Tennessee suspenderá licencias de conducir a menores condenados por bullying o ciberacoso desde 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Tennessee incorporó a partir del 1 de julio de 2025 una legislación que sanciona a menores de edad culpables de acoso escolar o ciberacoso mediante la suspensión de sus privilegios de conducción, según datos oficiales de la Asamblea General de Tennessee (HB1025). La disposición busca enfrentar el impacto del bullying en la vida escolar y social de los jóvenes a través del sistema judicial de menores.

La House Bill 1025 fue aprobada con amplio margen por ambas cámaras legislativas y promulgada por el gobernador Bill Lee. Según la documentación de la Cámara de Representantes y el Senado estatal, esta norma prevé que cualquier menor declarado culpable por un tribunal juvenil de bullying o ciberbullying tendrá suspendido el derecho a conducir o solicitar una licencia de conducir durante un periodo de doce meses. El Departamento de Seguridad y Administración de Vehículos Motorizados ejecuta la medida a partir de la notificación judicial conforme al procedimiento legislativo vigente.

La introducción de la sanción responde a solicitudes formuladas por instituciones escolares, asociaciones de familias y organismos estatales encargados de la protección de la infancia, que en los últimos años han reportado un aumento de incidentes relacionados con el acoso. El texto legal señala que la medida busca proporcionar consecuencias inmediatas y significativas para los adolescentes responsables de conductas perjudiciales en el entorno educativo, con el objetivo de reducir la reincidencia y evitar daños a largo plazo.

¿En qué consiste la nueva ley de Tennessee contra el bullying?

La normativa establece que las personas menores de 18 años sentenciadas por acoso escolar o ciberacoso pueden perder la licencia de conducir hasta por un año. La sanción se aplica tanto a quienes ya poseen el permiso como a quienes tenían previsto solicitarlo en ese periodo. El tribunal de menores responsable del caso debe comunicar la decisión al Departamento de Seguridad, que procede a ejecutar la suspensión denunciada por la autoridad judicial.

De acuerdo con la Asamblea General de Tennessee, la ley HB1025 busca cubrir los vacíos identificados en la aplicación de medidas disciplinarias tradicionales. Las definiciones legales de bullying y ciberbullying utilizadas fueron actualizadas el año anterior por la legislatura estatal, permitiendo a los tribunales un marco uniforme de referencia al sancionar conductas y clarificar procedimientos.

La normativa detalla que la revocación solo aplica para incidentes ocurridos después de la entrada en vigor de la ley, sin afectación retroactiva sobre expedientes previos. El proceso requiere la notificación formal a tutores legales, que pueden recibir asesoría sobre los recursos disponibles para enfrentar el procedimiento judicial y tramitar licencias restringidas cuando la ley lo permita.

La ley HB1025 prevé sanciones
La ley HB1025 prevé sanciones de hasta un año sin licencia para adolescentes culpables de acoso escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué requisitos exige la licencia restringida en casos de bullying en Tennessee?

La HB1025 admite que infractores primerizos soliciten una licencia restringida para no verse completamente privados de acceso a la conducción. Los interesados deben iniciar la solicitud en el plazo de diez días posteriores al fallo judicial, acompañando la tasa de veinte dólares y cumpliendo los requisitos de edad y los exámenes viales habituales.

El permiso restringido permite conducir solo para actividades esenciales como rutas hacia la escuela, el trabajo o servicios religiosos. El juez responsable del caso debe autorizar trayectos específicos y horarios según cada situación. El Departamento de Seguridad estatal mantiene actualizado el registro de beneficiarios de estas licencias y de las restricciones impuestas en cada caso.

El incumplimiento de las condiciones determinadas para la licencia puede acarrear sanciones más gravosas, como la revocación total del permiso especial y la ampliación del periodo de suspensión general para conducir, de acuerdo al procedimiento establecido por las autoridades viales estatales.

¿Por qué se promulgó la ley HB1025 en Tennessee para frenar el bullying?

El debate legislativo que precedió a la aprobación de la HB1025 partió de un incremento documentado en denuncias de bullying y ciberbullying en centros educativos públicos y privados. Datos del Departamento de Educación de Tennessee en su informe de 2024 dieron cuenta de 5.200 incidentes confirmados, lo que motivó la evaluación de nuevas alternativas de sanción y prevención dentro de la política juvenil estatal.

El representante estatal Lowell Russell, principal impulsor de la medida, precisó en intervenciones registradas en la Asamblea General que el recurso a la suspensión del privilegio de conducir responde a la valoración social que otorgan adolescentes y familias a este derecho. Legisladores consultaron a expertos en infancia y salud mental para definir estrategias que impactaran en la conducta de los posibles infractores y reforzaran la protección de las víctimas.

La HB1025 continúa la línea de reformas iniciada el año anterior con la redefinición de los conceptos legales clave de acoso, hostigamiento y vías de denuncia, estipulados en la HB3014. Ambos cuerpos legales dotan a los jueces y directivos escolares de herramientas normativas para gestionar incidentes en el marco de la ley.

El tribunal de menores notificará
El tribunal de menores notificará al Departamento de Seguridad para ejecutar la suspensión de la licencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estadísticas y contexto sobre bullying y medidas disciplinarias en Tennessee

El entorno legislativo que originó la ley partió de un contexto de aumento de reportes de hostigamiento en el ámbito escolar. El Departamento de Educación identificó una tendencia al alza en los casos notificados durante los tres cursos previos a la norma. Las estadísticas mostraron diferencias según localización geográfica y tipo de escuela, así como una expansión de las modalidades de acoso a través de redes sociales y plataformas digitales.

El Gobierno de Tennessee consideró, a través de informes remitidos a la Asamblea General, que las sanciones convencionales no resultaban suficientemente disuasorias. Entre las alternativas evaluadas, el control temporal del acceso a la licencia de conducir fue señalado como una medida capaz de generar un fuerte incentivo al cumplimiento de la normativa escolar y de convivencia.

La implementación de la nueva ley se acompaña de campañas informativas organizadas por el Departamento de Seguridad y el Departamento de Educación en escuelas y comunidades del estado. Éstas buscan familiarizar a familias, estudiantes y personal docente con las consecuencias legales de la participación en episodios de acoso y con los mecanismos para ejercer el derecho de defensa y apelación ante los tribunales de menores.

¿Qué implicaciones tiene la suspensión de licencias de conducir en menores sancionados por bullying?

La suspensión de la licencia—o la denegación de su emisión—opera desde la notificación del tribunal de menores hasta la expiración del periodo determinado por la sentencia. La revocación solo afecta derechos de conducción y no impide el acceso a otros servicios públicos ni restringe otros derechos civiles de los sancionados, según el corpus legal del estado.

La confidencialidad de los expedientes relacionados con sanciones por bullying está garantizada por normas estatales, y el acceso a la información queda restringido a autoridades de seguridad vial y a los tribunales implicados. No existen registros de que la suspensión de la licencia sea utilizada para limitar oportunidades laborales o educativas de los menores implicados, en función de la protección de datos y derechos en la normativa vigente.

Los órganos estatales responsables mantienen sistemas de capacitación continua para jueces, agentes escolares y funcionarios administrativos encargados de la aplicación de la ley. Además, el seguimiento estadístico de los efectos de la norma se actualiza anualmente y es remitido a la Asamblea General para su evaluación.