Condenan a dos mexicanos por la tragedia de 53 migrantes hallados muertos en un tráiler en Texas

El 27 de junio de 2025, un tribunal federal de San Antonio dictó sentencias de prisión de por vida a dos ciudadanos mexicanos por su participación en la muerte de 53 migrantes, quienes fallecieron sofocados dentro de un camión de carga encontrado en Texas, en junio de 2022. El caso fue calificado como el episodio más mortífero de contrabando de personas en la frontera sur de Estados Unidos, según reportó Associated Press. El fallo judicial llega a tres años de los hechos y marca un precedente en los procesos penales contra redes transnacionales de tráfico de personas.

La investigación reveló que las víctimas, originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron trasladadas en condiciones insalubres y sin acceso a ventilación ni agua. El grupo pagó entre 12.000 y 15.000 dólares a la organización de contrabando por un trayecto que, en el último tramo, les obligó a soportar temperaturas superiores a los 38 grados Celsius, según los informes citados. Entre las víctimas mortales se encontraban seis menores y una mujer embarazada; solo once personas sobrevivieron a la travesía según Associated Press.

Felipe Orduña-Torres, identificado como líder de la célula operativa en Estados Unidos, recibió dos cadenas perpetuas más una sentencia adicional de 20 años que cumplirá de forma consecutiva. Armando Gonzáles-Ortega, su principal colaborador, fue sentenciado a 87 años y medio de prisión. Además, ambos imputados deberán pagar multas de 250.000 dólares cada uno. Esta resolución judicial subraya la magnitud del caso y el alcance transnacional de la red desmantelada.

El incidente se produjo el 27 de junio de 2022, cuando agentes localizaron un camión abandonado en las afueras de San Antonio. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron a 66 personas, la mayoría sin vida o en estado grave. El camión presentaba el sistema de aire acondicionado averiado y los migrantes habían permanecido durante varias horas en la caja cerrada, expuestos a temperaturas que superaron los 100 grados Fahrenheit (38 grados Celsius), según Fox News.

Las investigaciones demostraron que los migrantes golpearon y arañaron las paredes para intentar escapar o pedir auxilio. Al abrir el remolque, 48 personas ya habían fallecido y otras cinco murieron poco después en hospitales. Sólo once lograron sobrevivir, mayoría de ellos con secuelas físicas y psicológicas, de acuerdo con Associated Press. La policía reportó que entre los fallecidos había seis niños y una mujer embarazada.

La declaración de los agentes y los sobrevivientes fue determinante para reconstruir los hechos. El conductor del vehículo, Homero Zamorano Jr., fue encontrado escondido en la zona y posteriormente se declaró culpable en el proceso judicial, informó CBS News.

Felipe Orduña-Torres, de 32 años, fue señalado como el cabecilla de la operación dentro de Estados Unidos, mientras que Armando Gonzáles-Ortega, de 55 años, operaba como su principal asistente. Ambos actuaban bajo la estructura de una organización transnacional con ramificaciones en México, Guatemala y Honduras, indicó Associated Press.

La fiscalía reveló que la estructura criminal utilizaba casas, rutas, vehículos y tráileres compartidos para movilizar personas desde México hasta territorio estadounidense. Entre noviembre de 2021 y junio de 2022, la organización facilitó el ingreso irregular de más de 1.100 migrantes, obteniendo por esta actividad más de 13 millones de dólares. Cada migrante pagó entre 12.000 y 15.000 dólares, según cifras confirmadas por el Departamento de Justicia.

Los cargos presentados incluyeron conspiración para transportar migrantes con resultado de muerte, transporte de personas fallecidas y de migrantes que sufrieron lesiones graves. Durante el juicio, la fiscalía destacó que la organización puso en riesgo la vida de los migrantes a cambio de beneficio económico, según Fox News.

El tribunal dictó dos cadenas perpetuas y 20 años adicionales para Felipe Orduña-Torres; para Armando Gonzáles-Ortega, la condena fue de 87 años y medio de prisión. Ambos deberán pagar 250.000 dólares de multa y no podrán acceder a libertad condicional debido a la legislación federal, según CBS News. La sentencia se dictó exactamente tres años después de la tragedia y fue presenciada por familiares de las víctimas, quienes dieron sus testimonios vía videoconferencia desde México, Guatemala y Honduras.

Además, cinco personas más involucradas en la red se declararon culpables y esperan sentencia, incluido el conductor Homero Zamorano Jr. La acusación sigue su curso contra otros implicados en México y Guatemala. Un supuesto líder principal, Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, fue extraditado desde Guatemala y enfrenta cargos por facilitar el traslado de varios de los fallecidos, informó Fox News.

La muerte de los 53 migrantes en San Antonio figura como el incidente mortal más grave relacionado con el tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos. En las décadas previas, otros casos similares cobraron la vida de decenas de migrantes: en 2017, diez personas murieron en el remolque de un camión estacionado en un supermercado de San Antonio y, en 2003, fueron hallados 19 cuerpos en otro tráiler, en la misma región, detalla Associated Press.

Las autoridades estadounidenses subrayan que miles de migrantes han fallecido en los cruces fronterizos en las últimas décadas, lo que expone la magnitud de los riesgos a los que se enfrentan quienes recurren a las redes de tráfico para intentar ingresar a Estados Unidos.

Durante la audiencia de sentencia, el juez leyó íntegramente los nombres de las 53 víctimas fallecidas. Además, familiares conectados desde sus países de origen dieron testimonio sobre el impacto personal y familiar del incidente, según Associated Press.

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, señaló a Fox News que los sentenciados permanecerán en prisión por las consecuencias de sus acciones al transportar migrantes en condiciones inseguras y obtener un beneficio económico. El fiscal Justin Simmons indicó que el caso representa un aviso para quienes contemplan utilizar redes de tráfico de personas para cruzar la frontera.