Redada migratoria en Nebraska: detiene a 76 migrantes y DHS ahora va por los “dealers de identidades robadas”

Setenta y seis trabajadores fueron detenidos este mes en lo que se ha convertido en la mayor redada migratoria en un centro laboral del estado de Nebraska. La operación, encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se desarrolló en la planta procesadora de carne Glenn Valley Foods en Omaha y estuvo relacionada con una investigación sobre un presunto esquema de robo de identidad a gran escala.

La redada ocurrió el 10 de junio, tras una investigación de tres meses liderada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Durante cuatro horas, decenas de agentes federales, estatales y locales ejecutaron una orden de registro civil, revisaron autorizaciones de empleo y detuvieron a trabajadores sospechosos de usar documentos fraudulentos para obtener empleo en la instalación.

Según explicó el agente especial adjunto a cargo de HSI en Nebraska, Elhrick Cerdan, al medio NBC News, la prioridad ese día fue “la seguridad de los agentes y de todas las personas presentes, ya fueran víctimas, criminales o testigos”.

La operación se basó en la sospecha de que los empleados estaban utilizando números de Seguro Social pertenecientes a otras personas para trabajar en Glenn Valley Foods, una planta que lleva más de 15 años procesando carne empaquetada. La fiscal federal Lesley A. Woods, citada por NBC News, indicó que se detectaron “múltiples documentos de identidad falsificados” y que los trabajadores usaban “números de Seguro Social que no les habían sido emitidos”.

De acuerdo con el DHS, al menos cien ciudadanos estadounidenses, en su mayoría de origen latino y residentes en diversos estados, fueron afectados por el uso indebido de sus datos personales. Cerdan explicó que algunas víctimas perdieron acceso a ayuda federal para estudiantes, beneficios por discapacidad o seguro médico, ya que sus ingresos parecían exceder los límites establecidos por haber sido falsamente aumentados.

Otros reportaron haber recibido infracciones de tránsito ajenas y notificaciones fiscales debido al uso no autorizado de su información laboral. “Estas víctimas han experimentado una pérdida tremenda”, sostuvo el agente.

De los 76 detenidos, una docena ya ha sido deportada o trasladada fuera del estado, mientras que 63 permanecen bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Lincoln, según confirmaron tanto Cerdan como la abogada Anne Wurth, del Center for Immigrant Refugee and Advancement (CIRA), una organización local que ha prestado asesoría legal a la mayoría de los trabajadores.

Hasta ahora, siete personas enfrentan cargos relacionados con el operativo. Solo una está formalmente acusada de usar un número de Seguro Social ajeno, pero Cerdan advirtió que “ese número podría cambiar” debido a que la investigación aún está en curso.

Otros casos incluyen a un ciudadano hondureño acusado de resistirse al arresto y portar un cúter durante su aprehensión; un ciudadano mexicano enfrentando cargos por reingreso ilegal al país; y un trabajador detenido por falsa representación de un número de Seguro Social. Además, cuatro manifestantes —incluidos dos ciudadanos estadounidenses que trabajaban en la planta— fueron imputados por subirse a vehículos policiales cuando las autoridades sacaban a los detenidos del lugar.

Videos obtenidos por NBC News capturan escenas dentro de Glenn Valley Foods durante el operativo. En ellos se ve a agentes con el rostro cubierto y equipamiento táctico pidiendo papeles a los trabajadores, la mayoría de los cuales lucen asustados mientras varios de sus compañeros son esposados y escoltados fuera de la instalación.

En el exterior, otros videos muestran un amplio despliegue de vehículos oficiales rodeando la planta. Familiares llegaron con documentos en mano intentando asistir a sus allegados. También se congregaron manifestantes en señal de protesta por el operativo y en defensa de los trabajadores arrestados.

Chad Hartmann, presidente de Glenn Valley Foods, afirmó que todos los empleados de la planta habían sido verificados a través del sistema E-Verify, una herramienta operada conjuntamente por el DHS y la Administración del Seguro Social que busca confirmar la autorización de empleo en el país.

“El sistema no captura el problema si alguien tiene una identificación falsa. Eso es lo que necesita arreglarse”, declaró Hartmann a NBC News. Cerdan declinó comentar sobre ese punto, aclarando que E-Verify es administrado por otra oficina dentro del DHS: los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Anne Wurth, directora legal adjunta de CIRA, cuestionó la narrativa criminal construida en torno a los detenidos. “Son personas honestas y trabajadoras dentro de nuestra comunidad”, dijo. También argumentó que han sido víctimas de un sistema migratorio que “no proporciona suficientes vías” para permanecer legalmente en el país.

Cerdan respondió de forma tajante: “Eso no es cierto”, sostuvo. Para él, no se trata simplemente de personas que trabajan para ganarse la vida, sino de individuos que cometieron delitos federales al usar identidades de otras personas.

Mientras tanto, los detenidos continúan a la espera de sus audiencias migratorias. Wurth señaló que varias de ellas están programadas para el próximo mes. “Están sentados ahí esperando su día en la corte”, dijo.

Elhrick Cerdan señaló que el enfoque de la investigación se expandirá hacia los intermediarios que proporcionaron documentos falsos a los trabajadores, lo que incluiría a los llamados “dealers de identidades robadas”.

Aunque evitó brindar detalles sobre cómo los trabajadores accedieron a los datos, el agente explicó que las víctimas de robo de identidad suelen ser blanco de estafas mediante mensajes de texto, llamadas o páginas web fraudulentas. También mencionó que la información personal puede terminar en mercados ilegales o en la “web oscura”, donde se comercializa entre redes criminales.