¿Qué dice la ciencia sobre los tratamientos de género para jóvenes trans?

El debate sobre los tratamientos médicos de afirmación de género para jóvenes trans volvió a ocupar el centro de la discusión pública tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que validó la ley de Tennessee prohibiendo este tipo de atención en menores de edad.

En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., argumentó que existe una incertidumbre científica considerable sobre la seguridad y eficacia de estos procedimientos, y que corresponde a los estados definir su regulación a través del proceso democrático.

“Este caso conlleva el peso de intensos debates científicos y de política pública sobre la seguridad, eficacia y conveniencia de tratamientos médicos en un campo en evolución”, escribió Roberts. En su análisis, la falta de consenso justifica la intervención legislativa.

Pero más allá del fallo, la pregunta clave sigue vigente: ¿Qué ha descubierto realmente la investigación médica sobre estos tratamientos?

Los tratamientos de afirmación de género para adolescentes incluyen el uso de bloqueadores de pubertad, terapias hormonales y, en casos menos frecuentes, cirugías.

Aunque algunos profesionales y familias aseguran que estas intervenciones pueden mejorar la calidad de vida e incluso salvar vidas, los estudios disponibles hasta ahora ofrecen una base poco sólida.

Las revisiones sistemáticas encargadas por organismos de salud internacionales coinciden en un punto: la evidencia sobre los beneficios es débil, y lo mismo ocurre con los estudios sobre los posibles daños.

Entre los riesgos documentados se encuentra la pérdida de fertilidad, y existe preocupación sobre el arrepentimiento de algunos jóvenes con el paso del tiempo.

En abril de 2024, el sistema de salud del Reino Unido publicó los resultados de la llamada Cass Review, una evaluación independiente encabezada por la doctora Hilary Cass. El informe concluyó que la base científica que respalda estos tratamientos en menores es “notablemente débil”. Esta revisión fue citada directamente por el juez Roberts como prueba del carácter incierto de la evidencia médica en esta área.

Ante el mismo escenario de evidencia limitada, varios países europeos han optado por restringir los tratamientos en menores. En Suecia, Finlandia, Dinamarca e Inglaterra, las autoridades sanitarias limitaron el uso de bloqueadores y hormonas a casos excepcionales o permitieron su prescripción solo en el contexto de ensayos clínicos.

En Alemania, aunque los responsables de redactar guías médicas reconocieron la debilidad de la evidencia, decidieron apoyar los tratamientos con cautela. Argumentaron que no brindar atención también puede ser dañino, afirmando que “no tratar a los pacientes no es una opción neutral”.

Este cambio de enfoque internacional fue destacado por la Corte Suprema como otro indicio de que el campo sigue en evolución, sin una base científica suficientemente robusta.

A diferencia de Europa, los organismos médicos estadounidenses continúan respaldando los tratamientos de afirmación de género, aunque han sido más prudentes en sus declaraciones recientes.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) sostiene que esta atención es “médicamente necesaria” para tratar la disforia de género. Según la presidenta del organismo, la doctora Susan J. Kressly, existe un consenso clínico respaldado por décadas de estudios revisados por pares y experiencia médica.

Sin embargo, reconoció que el fallo de la Corte Suprema no se pronunció directamente sobre la ciencia, sino sobre la autoridad de los estados para legislar en esta materia.

En 2023, la AAP anunció que revisaría de forma independiente toda la evidencia disponible. Esa revisión aún no ha concluido, y sus resultados podrían influir en futuras guías médicas y políticas públicas.

Hasta el momento, al menos 25 estados han prohibido total o parcialmente los tratamientos de transición de género para menores, medidas que ahora reciben respaldo legal gracias al fallo del tribunal supremo.

La resolución no define si los tratamientos son eficaces o dañinos; simplemente indica que los estados tienen la potestad de decidir su legalidad en función de la evidencia disponible.

En contraste, muchos médicos, familias y defensores de derechos sostienen que negar el acceso a esta atención puede tener consecuencias graves para la salud mental de los adolescentes trans.

El fallo del Supremo no resolvió la controversia científica, pero sí trasladó el centro del debate hacia los legisladores estatales.