El miércoles por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de una nueva prohibición de ingreso al país para ciudadanos de trece naciones y restricciones adicionales para otras siete, a partir del próximo 9 de junio.
La medida, formalizada mediante la Orden Ejecutiva 14161, se ampara en la necesidad de “proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”, según informó la Casa Blanca.
Los países cuyos ciudadanos tendrán vedado el ingreso a Estados Unidos son Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Siria.
Además, se impondrán restricciones más severas a nacionales de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La administración Trump justificó la medida mediante una evaluación país por país basada en tasas de permanencia irregular, cooperación en materia de seguridad y repatriación, y capacidad institucional para emitir documentos confiables.
En el caso de Afganistán, la Casa Blanca indicó que “carece de una autoridad central competente para emitir pasaportes o documentos civiles” y no dispone de mecanismos adecuados de verificación. En 2023, el 9,70% de los titulares de visas B1/B2 y el 29,30% de los estudiantes o visitantes de intercambio superaron el período autorizado de estadía.
Birmania mostró una tasa de permanencia irregular del 27,07% en visas B1/B2 y del 42,17% en categorías estudiantiles y de intercambio. La Casa Blanca afirmó que el país “no ha colaborado históricamente en la repatriación de sus nacionales sujetos a deportación”.
Chad registró una tasa del 49,54% en B1/B2 y del 55,64% en F, M y J. Según el gobierno, “estas cifras reflejan un desinterés sistemático por las leyes migratorias estadounidenses”.
El informe también señala que la República del Congo presenta una tasa de 29,63% en B1/B2 y 35,14% en F, M y J; Guinea Ecuatorial, 21,98% y 70,18%, respectivamente. En Eritrea, además de las tasas del 20,09% y 55,43%, la Casa Blanca destacó “la imposibilidad de acceder a antecedentes penales y la negativa a aceptar la repatriación de nacionales”.
En Haití, la administración señaló un 31,38% de permanencia irregular en B1/B2 y un 25,05% en visas educativas. Según el documento, “durante la presidencia de Joe Biden, cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente”, lo que, a juicio del gobierno actual, aumentó el riesgo de actividades criminales y de seguridad nacional.
Respecto a Irán, el Ejecutivo argumentó que “figura como patrocinador estatal del terrorismo” y “no coopera en la identificación de riesgos de seguridad ni en la repatriación de sus ciudadanos”.
Libia fue descrita como “un país sin autoridad central competente” con “presencia histórica de grupos terroristas”.
Somalia fue identificado como “un territorio sin control gubernamental efectivo”, señalado como refugio de grupos extremistas. La administración aseguró que el país “no ha aceptado la repatriación de sus ciudadanos”.
En Sudán y Yemen, la falta de autoridades centrales y mecanismos de control adecuados motivó su inclusión. Yemen, en particular, está bajo “operaciones militares estadounidenses desde el 20 de enero de 2025”.
En cuanto a los países sujetos a restricciones parciales, la Casa Blanca mencionó que Burundi registró un 15,35% de permanencia irregular en B1/B2 y un 17,52% en F, M y J.
Cuba, calificado también como patrocinador estatal del terrorismo, tiene tasas del 7,69% y 18,75%. La Habana “se ha negado sistemáticamente a compartir información policial y a aceptar la repatriación de nacionales”.
Laos, con un 34,77% en B1/B2, no ha cooperado en materia de repatriación. Sierra Leona mostró un 15,43% en B1/B2 y un 35,83% en F, M y J.
Togo y Turkmenistán superan también el 15% de permanencia irregular. Venezuela, según el informe, “carece de una autoridad central competente” y su tasa en B1/B2 alcanzó el 9,83%.
La Casa Blanca sostuvo que las restricciones obedecen a criterios técnicos y no a consideraciones ideológicas. “La selección de países y la severidad de las restricciones responden a las circunstancias particulares de cada nación”, indicó el documento oficial.
El gobierno afirmó que las limitaciones buscan incentivar “la cooperación internacional y mejorar los sistemas de verificación y control”.
La nueva Proclamación reemplaza y amplía políticas migratorias previas. “Refleja una evaluación actualizada de los riesgos de seguridad y los desafíos de control migratorio”, señaló la administración.
“Las medidas se mantendrán hasta que los países demuestren mejoras sustanciales en sus procesos de verificación y cooperación”, concluyó el comunicado.
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