
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le notificó el jueves al Congreso su plan definitivo para reorganizar el Departamento de Estado, con medidas que implican recortes presupuestarios, reducción de personal y eliminación de oficinas clave, particularmente en las áreas de derechos humanos, inmigración y diversidad.
“Desde mi primer día como secretario, he dicho que este Departamento debe avanzar al ritmo de la relevancia y, en abril, anuncié una amplia reorganización del Departamento para alcanzar mejor ese objetivo”, afirmó Rubio en una nota oficial difundida por su oficina.
“Hoy hemos dado el siguiente paso en ese proceso al notificar al Congreso cómo pensamos hacerlo”, aseguró el funcionario.
La reorganización contempla una reducción del 18% del personal doméstico, más que el 15% inicialmente anunciado en abril, y afectará a más de 300 oficinas y divisiones dentro del departamento.
En la carta enviada al Congreso, Rubio subrayó que el rediseño busca “un Departamento más ágil, mejor equipado para promover los intereses de Estados Unidos y mantener la seguridad de los estadounidenses en todo el mundo”.

La propuesta se alinea con los objetivos del gobierno de Donald Trump, que ha priorizado la reducción del aparato estatal y el traslado de funciones hacia estructuras más centralizadas.
Parte de esta reestructuración responde también a la disolución de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y al cierre de programas derivados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado por Elon Musk, recientemente desvinculado del Ejecutivo.
Entre las oficinas que serán eliminadas o reestructuradas, se incluyen las dedicadas a la promoción de los derechos humanos, los asuntos globales de la mujer, el reasentamiento de refugiados afganos y los programas de diversidad e inclusión.
Según el documento enviado al Congreso, estas oficinas “han demostrado ser propensas a la captura ideológica y el radicalismo” y por ello “sus funciones legales serán realineadas en otras partes del departamento, o reestructuradas para reflejar mejor su alcance apropiado y las prioridades de política exterior de la administración”.

En la práctica, la Oficina de Asuntos de Derechos Humanos y Refugiados será renombrada y reorientada para centrarse en “seguridad fronteriza”. Asimismo, se anuncia el cierre de la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer, bajo el argumento de que la defensa de los derechos de las mujeres será integrada transversalmente en el resto de las actividades diplomáticas del departamento.
Uno de los cambios más controvertidos es la decisión de desmantelar la Oficina del Coordinador de Esfuerzos de Reubicación Afgana (CARE), creada en 2021 tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. CARE había sido autorizada por ley hasta 2026, pero su desaparición fue confirmada en la carta sin mayores detalles de transición.
CARE había contribuido a simplificar procesos burocráticos para afganos elegibles a visas especiales, como intérpretes y colaboradores del ejército estadounidense. Su desaparición generó preocupación entre grupos de veteranos y organizaciones humanitarias, que temen que los afganos en riesgo queden desprotegidos.

Rubio defendió la iniciativa asegurando que los cambios responden a una estructura sobredimensionada. “El problema no es la falta de dinero, ni tampoco de talento, sino más bien de un sistema en el que todo requiere demasiado tiempo, cuesta demasiado dinero, involucra a demasiadas personas y, muy a menudo, termina fallándole al pueblo estadounidense”, sostuvo en declaraciones previas.
(Con información de AP y EP)
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