La Casa Blanca respondió este miércoles a la decisión de un tribunal federal que bloqueó la mayoría de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, argumentando que la medida judicial interfiere con las facultades del Ejecutivo para actuar ante una emergencia nacional.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo enfrentar una emergencia nacional”, declaró el portavoz de la administración, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump se comprometió a poner a Estados Unidos primero, y esta administración está decidida a utilizar todas las herramientas del poder ejecutivo para hacer frente a esta crisis y restaurar la grandeza de Estados Unidos”, agregó.
Uno de los asesores más cercanos a Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, también criticó la decisión a través de la red social X. “El golpe judicial está fuera de control”, escribió.
La sentencia, emitida por el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan, sostiene que el mandatario republicano no justificó adecuadamente el uso de poderes de emergencia al aplicar los aranceles, por lo que varias de estas medidas excedieron los límites legales.
El tribunal argumentó que la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para regular el comercio internacional, una competencia que no puede ser sustituida por poderes presidenciales, ni siquiera bajo una declaración de emergencia.
Trump había invocado la Ley de Facultades Económicas en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés), asegurando que los déficits comerciales y la amenaza que representa el ingreso de drogas justificaban la imposición generalizada de aranceles.
El 2 de abril, el presidente anunció aranceles del 10% sobre la mayoría de los productos importados, con tarifas aún más altas dirigidas a China y a la Unión Europea. Más adelante suspendió algunas de estas medidas mientras avanzaban las negociaciones con distintos países y bloques.
El Departamento de Justicia ha defendido ante los tribunales la estrategia comercial del mandatario, afirmando que el poder judicial cuenta con una autoridad “muy limitada” sobre decisiones de esta índole por parte del Ejecutivo.
La Casa Blanca sostiene que existe precedente legal en el uso de estas facultades, citando las medidas arancelarias del ex presidente Richard Nixon en 1971 como antecedente.
Un funcionario de la administración, bajo condición de anonimato, indicó que “solo el Congreso, y no los tribunales, puede determinar si la justificación del presidente cumple con la ley”. Agregó que el presidente actuó bajo el marco legal provisto por la IEEPA y que el Ejecutivo se prepara para apelar el fallo.
La medida judicial se originó tras una demanda del Liberty Justice Center, en representación de cinco pequeñas empresas afectadas por los aranceles. Los demandantes cuestionaron el uso de la IEEPA al afirmar que la ley no contempla explícitamente la imposición de tarifas y que el déficit comercial no constituye una amenaza “inusual y extraordinaria”.
El tribunal concedió a la Casa Blanca un plazo de diez días para detener la aplicación de los aranceles señalados. Sin embargo, la administración de Trump prevé presentar una apelación en los próximos días. La decisión constituye el primer revés judicial significativo frente a la política arancelaria de Trump.
En paralelo, al menos siete demandas adicionales impugnan la legalidad de los aranceles, y una docena de estados, encabezados por Oregon, también acudieron a la justicia. “Esta sentencia reafirma que nuestras leyes son importantes y que las decisiones comerciales no pueden tomarse según el capricho del presidente”, declaró el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield.
(Con información de AFP, EFE y AP)
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