Esta ciudad de Carolina del Norte impondrá toque de queda para adolescentes: los padres pagarán si se incumple

Los padres de menores de edad en la ciudad de Fayetteville, Carolina del Norte, podrían enfrentar multas de hasta 500 dólares si sus hijos violan una nueva ordenanza de toque de queda juvenil, aprobada por el Concejo Municipal con una votación cerrada de 5 a 4 durante la sesión del martes por la noche.

La medida, que entra en vigor de inmediato y se aplicará durante un periodo piloto de un año, prohíbe a los niños de 16 años o menos estar en lugares públicos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. El alcalde Mitch Colvin, quien ha estado al frente de la ciudad durante ocho años, defendió la iniciativa como una herramienta de protección más que como una restricción.

“A veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero nuestra comunidad y nuestra ciudad merecen tener un entorno seguro y protegido, y nuestros niños necesitan protección”, declaró Colvin a Newsweek. Añadió que espera que los padres lo perciban de la misma manera, al considerar que son “una parte muy importante del esfuerzo”.

La iniciativa surge tras un incremento sostenido en los crímenes cometidos por menores en la ciudad. Según datos proporcionados por el alcalde, entre 2023 y comienzos de 2024, los incidentes delictivos que involucraron a jóvenes pasaron de 1,500 a casi 2,000 en un lapso de 15 meses.

“No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes no sólo cometan estos errores, sino que muchas veces también sean víctimas de estos crímenes”, dijo Colvin a Newsweek. Entre los delitos más comunes se encuentran agresiones, robos de vehículos —especialmente modelos Hyundai y Kia— y posesión ilegal de armas. El número de armas confiscadas a menores de edad también ha generado preocupación entre las autoridades locales.

El alcalde remarcó que, pese a una disminución general de la criminalidad en sus años de gestión, los crímenes juveniles presentan una tendencia al alza que, según él, exige medidas puntuales y urgentes.

Aunque el reglamento ya está en vigor, Colvin indicó que la implementación será gradual. Según ABC 11, el próximo 9 de junio se celebrará una reunión para discutir cómo aplicar la ordenanza, y se iniciará una campaña de información para que la comunidad entienda sus alcances y las expectativas de cumplimiento.

La ordenanza contempla algunas excepciones. Los menores podrán estar fuera de casa durante el horario restringido si enfrentan una emergencia, si se encuentran en el trabajo, si participan en una actividad escolar o si están acompañados por sus padres o tutores legales. Las autoridades no especificaron todavía qué entidad será responsable de verificar el cumplimiento o de imponer las multas.

La penalización financiera recaerá sobre los padres o tutores legales, lo cual ha generado preocupación entre algunos sectores sociales, quienes temen que la medida pueda convertirse en una forma indirecta de criminalización de la pobreza.

Desde la sociedad civil también se alzaron voces críticas. Dinesha Neal, directora de la organización Jai6 Youth Foundation, cuestionó la utilidad del toque de queda como herramienta efectiva para contener la criminalidad juvenil.

“Parece que no hay una solución real. Hay tantos programas que necesitan financiamiento. Las autoridades necesitan ver lo que realmente está pasando en la comunidad”, declaró Neal a CBS 17. Para ella, el enfoque represivo no solo es insuficiente, sino que desvía la atención de necesidades estructurales más urgentes, como el acceso a programas educativos y oportunidades de desarrollo.

Neal también advirtió que la ordenanza podría tener efectos adversos: “¿El toque de queda va a criminalizar a nuestros jóvenes? ¿Es eso algo más en lo que ahora tendremos que enfocarnos?”, planteó con inquietud.

La ciudad celebrará una nueva sesión el próximo 9 de junio para detallar los lineamientos de aplicación del toque de queda. Aunque la ordenanza ya está en vigor, se anticipa que durante esa reunión se aborden aspectos logísticos, tales como el papel de la policía, los criterios de fiscalización y los recursos asignados para la difusión comunitaria.

El futuro del programa también dependerá de los resultados obtenidos durante su primer año de implementación. No se han establecido aún indicadores claros de éxito ni mecanismos de evaluación externa. Sin embargo, el alcalde Colvin dejó claro que para él el objetivo principal sigue siendo proteger a los menores: “Esto no es sólo por los crímenes que cometen, sino por los crímenes de los que son víctimas”.

Mientras tanto, las familias de Fayetteville deberán adaptarse a una normativa que promete modificar la dinámica nocturna de la ciudad, al tiempo que se reaviva el debate sobre los límites entre la seguridad pública y los derechos de la juventud.