Madre indocumentada en Florida enfrenta multa de USD 1.8 millones por no salir de EEUU

Una mujer hondureña residente en el sur de Florida enfrenta una multa de 1.821.350 dólares impuesta por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) por permanecer en el país sin autorización desde 2005, tras recibir una orden de deportación.

La sancionada, identificada públicamente solo como “María”, es madre de tres hijos nacidos en EE.UU. que actualmente son menores de edad. La mujer ingresó al país por California en febrero de 2005 tras huir de Honduras, y no asistió a una audiencia de inmigración programada dos meses después. Desde entonces ha vivido en Miami-Dade.

El monto de la multa se basa en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite imponer sanciones de hasta 500 dólares por día a personas que no acaten órdenes de expulsión. Esta es una de las sanciones económicas más altas impuestas por ICE desde la reactivación de esta práctica durante la administración de Donald Trump.

La notificación oficial fue emitida el 9 de mayo de 2025 por el Departamento de Multas Civiles de ICE. En el documento, se le informa a María que ha acumulado una sanción diaria desde abril de 2005, cuando quedó en vigencia una orden de deportación emitida en ausencia.

Según CBS News Miami, el documento detalla que el total de la multa asciende a 1.821.350 dólares, calculado sobre la base de 500 dólares diarios por más de 3.600 días en situación irregular.

La mujer sostiene que nunca recibió notificaciones previas sobre esta sanción ni sobre las implicaciones de no asistir a su audiencia. Declaró que en 2005 no tenía un domicilio fijo ni familiares en Estados Unidos, lo que dificultó su localización. Desde entonces ha vivido con estabilidad en Florida, sin antecedentes penales y con empleo estable.

En 2024, su abogada Michelle Sanchez presentó una moción para reabrir el caso, invocando la Cancelación de Deportación contemplada en la ley migratoria, también conocida como la Ley de los 10 Años. Esta figura permite a ciertos inmigrantes cancelar su orden de salida si demuestran más de una década de residencia continua en EE.UU., buen carácter moral y que su deportación causaría “dificultades excepcionales” a familiares ciudadanos estadounidenses.

Sanchez argumenta que su clienta cumple todos los requisitos legales: ha residido más de 10 años en el país, tiene hijos ciudadanos, trabaja regularmente y carece de antecedentes criminales. A pesar de esto, la moción fue rechazada en marzo de 2025.

“La multa llegó dos meses después de la negativa. Esto es parte de una política más estricta que ya se había implementado en la presidencia anterior y que ha sido retomada”, afirmó la abogada en declaraciones a The Independent.

El uso de multas civiles no es nuevo. Durante la administración Trump, entre 2017 y 2021, ICE activó una política de sanciones económicas contra personas que habían ignorado órdenes de deportación, incluso aquellas que se encontraban refugiadas en iglesias o en “santuarios”.

En 2019, la mexicana Edith Espinal, quien se encontraba protegida en una iglesia en Ohio, fue sancionada con 497.777 dólares por permanecer en el país luego de recibir una orden de deportación. La multa fue finalmente anulada tras una disputa legal, según reportó EFE.

Los montos de estas sanciones solían oscilar entre los 300.000 y 500.000 dólares. El caso de María representa un salto significativo en la aplicación de este tipo de medidas, lo que ha generado preocupación entre sectores de la comunidad migrante y organizaciones legales.

Abogados especializados en inmigración han recordado que los inmigrantes con órdenes de deportación antiguas pueden evaluar opciones legales vigentes para reabrir sus casos. Entre las alternativas destacan:

• Revisión de órdenes de remoción en ausencia, si el afectado nunca fue notificado.
• Cancelación de deportación bajo la Ley de los 10 Años, si se cumplen los requisitos de tiempo y vínculos familiares.
• Solicitud de discrecionalidad fiscal cuando existan factores humanitarios.

Además, recomiendan mantener actualizados los domicilios ante el tribunal de inmigración para recibir cualquier notificación y evitar decisiones en ausencia. Las personas con casos antiguos pueden consultar con abogados acreditados por el Departamento de Justicia o acudir a organizaciones comunitarias legales para evaluar su situación sin costo.

Organizaciones comunitarias han señalado que la aplicación de estas sanciones puede tener un impacto desproporcionado en familias con estatus migratorio mixto, especialmente cuando hay menores ciudadanos estadounidenses que dependen emocional y económicamente de sus padres.

La abogada Sanchez argumentó que la posible deportación de María causaría dificultades excepcionales a sus tres hijos, todos nacidos en EE.UU. y con vínculos escolares y comunitarios en Florida.

“Para ellos, esta es su casa, su idioma, su escuela. Separarlos de su madre tendría consecuencias graves en su desarrollo”, señaló.

Ante un entorno legal más estricto, especialistas recomiendan a la comunidad inmigrante:

• Consultar periódicamente su estatus migratorio con abogados confiables.
• Evitar fraudes legales y no pagar por servicios de personas no autorizadas.
• Guardar copias de todos los documentos migratorios, citaciones, y pruebas de residencia continua.
• Evaluar si califican para algún tipo de alivio migratorio, como DACA, TPS o ajuste de estatus por vínculos familiares.
• Mantenerse informados a través de organizaciones comunitarias y medios de confianza.

El caso de María ha reabierto el debate sobre las herramientas legales que ICE puede utilizar contra personas en situación irregular, y el impacto que estas decisiones tienen en miles de familias que llevan años viviendo en Estados Unidos.