EEUU cancela TPS a venezolanos: qué opciones legales existen para evitar la deportación

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al Gobierno de Donald Trump cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos genera incertidumbre entre decenas de miles de inmigrantes que hasta ahora residían legalmente en el país bajo ese amparo. El fallo, emitido el 19 de mayo de 2025, modifica las condiciones establecidas durante la administración anterior y representa un cambio drástico en la política migratoria hacia los ciudadanos de Venezuela.

El TPS, vigente para venezolanos desde 2021, permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a quienes huían de la situación interna de su país. Fue ampliado en 2023 para incluir a nuevos solicitantes, pero la última resolución judicial deja fuera a ese segundo grupo. La administración Trump considera que las condiciones que motivaron la protección han cambiado, mientras que organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas.

En este nuevo contexto, personas beneficiadas por el programa se ven obligadas a evaluar opciones legales que les permitan evitar ser expulsadas del país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), así como abogados especializados en migración, coinciden en que existen mecanismos disponibles, aunque su viabilidad depende del historial migratorio de cada persona. A continuación, se detallan las principales alternativas existentes con base en fuentes oficiales.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal afecta principalmente a los ciudadanos venezolanos que se inscribieron bajo la extensión emitida en septiembre de 2023. Estos individuos ya no estarán protegidos frente a procedimientos de remoción ni podrán renovar su permiso de trabajo, según lo establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en su sitio web oficial.

Sin embargo, los venezolanos que recibieron el TPS bajo la designación de marzo de 2021 conservarán sus beneficios hasta el 10 de septiembre de 2025, de acuerdo con la misma fuente. La diferencia en el estatus legal entre ambos grupos responde a los tiempos de registro y a las condiciones especificadas en la renovación del programa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La resolución de la Corte Suprema, informada por The Washington Post y CNN en Español, no incluye una suspensión temporal ni instrucción para retrasar su implementación. Esto implica que el Gobierno puede iniciar procedimientos de deportación de manera inmediata para quienes hayan perdido el amparo migratorio.

Una de las opciones disponibles para quienes ya no están protegidos por el TPS es presentar una solicitud de asilo. Esta medida puede aplicarse si la persona teme regresar a su país de origen debido a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), existen dos formas de solicitar asilo: el asilo afirmativo, cuando el inmigrante no está en proceso de deportación, y el asilo defensivo, que se presenta durante una audiencia ante un juez de inmigración tras iniciarse el proceso de remoción.

La solicitud de asilo requiere evidencia documentada, entrevistas ante las autoridades migratorias y un proceso administrativo que puede durar varios meses o años. USCIS detalla que, si se presenta la solicitud en el plazo de un año tras el ingreso al país, el caso será considerado de forma regular.

Otra opción legal que puede explorarse es el ajuste de estatus a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las personas que ingresaron legalmente al país y contraen matrimonio con un ciudadano pueden presentar su solicitud sin salir de Estados Unidos.

En cambio, si el ingreso fue sin autorización, la persona generalmente debe solicitar un perdón migratorio y salir del país para completar el trámite consular. Este procedimiento incluye requisitos adicionales como demostrar la existencia de una relación genuina y presentar documentación financiera, según lo estipula USCIS.

El ajuste de estatus no es automático y depende de múltiples factores, incluyendo antecedentes penales, historial migratorio y cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.

La visa U está destinada a víctimas de delitos cometidos en territorio estadounidense, tales como violencia doméstica, agresión sexual, secuestro o trata de personas. Para aplicar, la víctima debe haber sufrido abuso físico o mental sustancial y haber cooperado con las autoridades en la investigación del crimen.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece un límite anual de 10.000 visas U, sin contar a los familiares derivados. Esta visa otorga autorización de empleo y eventualmente puede conducir a la residencia legal, pero el proceso de solicitud puede ser prolongado debido a la demanda y al análisis individual de cada caso.

La visa U representa una vía legal válida para personas en situación de vulnerabilidad que hayan sido afectadas por delitos en EE.UU., aunque no aplica a todos los casos y exige documentación detallada y certificación policial o judicial.

Además del asilo, ajuste de estatus o visa U, existen otras alternativas menos frecuentes. Entre ellas se encuentra la visa T, que está diseñada para víctimas de trata de personas. Esta categoría protege a individuos que fueron transportados o explotados en Estados Unidos contra su voluntad, y requiere la colaboración con las autoridades y evidencia de que la persona sería objeto de represalias si regresa a su país.

También existe la posibilidad de acceder a una cancelación de deportación ante un juez de inmigración. Este recurso aplica solo a personas que hayan estado al menos 10 años en EE.UU., posean buena conducta moral y cuya salida represente un daño excepcional para un familiar directo que sea ciudadano o residente legal. Esta opción solo se tramita durante procesos de deportación en curso, según detalla la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR).

En situaciones excepcionales, ciertos familiares inmediatos de militares estadounidenses pueden calificar para un permiso especial llamado Parole in Place, que les permite permanecer legalmente en EE.UU. sin salir del país.

Diversas organizaciones sin fines de lucro brindan asesoría legal gratuita o a bajo costo para inmigrantes que enfrentan situaciones de riesgo migratorio. Entre ellas se encuentran Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), American Immigration Lawyers Association (AILA), Immigrant Defenders Law Center y Legal Aid.

El portal oficial del USCIS también proporciona una lista de proveedores de servicios legales acreditados por el Departamento de Justicia. La Alianza Nacional TPS ha recomendado consultar con abogados certificados para evaluar cada caso de forma individual, especialmente ante cambios recientes en las políticas migratorias federales.